Juan Antonio Bocanegra Reyes

Expediente 1422/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1422/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Antonio Bocanegra Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA I. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, la sentencia de diecisiete de diciembre de dieciocho dictada en el presente juicio de amparo, por la que se negó el amparo solicitado; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio; y al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo solicitado (fracción IV del considerando vigésimo primero del capítulo quinto del referido Acuerdo). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, por lo que se conservará el auto relativo a su otorgamiento, en atención a lo ordenado en el segundo párrafo de la fracción III, del considerando vigésimo primero del capítulo del referido acuerdo. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora bien, se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán la determinación emitida en esta fecha. Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I. R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, contra el acto reclamado a la Secretaría de la Defensa Nacional, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA I Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios mediante los cuales el Subjefe Jurídico, Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos en ausencia temporal del Titular de la misma, quien a su vez actúa en representación del General Secretario de la Defensa Nacional y del Director General de Infantería, rinden su informe justificado y el segundo de los mencionados hace suyas las copias certificadas de las constancias generadoras del acto reclamado; dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Asimismo con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remiten y ofrecen las autoridades oficiantes, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia de ley. Ahora bien, por cuanto hace a las resoluciones que refieren las responsables y que ofrecen como un hecho notorio. En términos de lo dispuesto en el citado artículo 88 del código adjetivo en cita, pueden válidamente invocarse de oficio, como hechos notorios, las resoluciones que integran los expedientes como medios de prueba, aptos para fundar una determinación o sentencia; pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial, por lo que en términos del diverso artículo 124 de la Ley de Amparo, si se estima pertinente, serán tomados en consideración al momento de dictar la resolución que corresponda. Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis P.IX/2004, aplicable por analogía, misma que aparece publicada en la página 259, del tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial." De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades en cita a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Finalmente, visto el estado procesal de los autos, de los que se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, considerando que se está proveyendo respecto a los informes justificados rendidos por las citadas autoridades responsables, por lo que comenzará a transcurrir el término de ocho días; a fin de no violar los principios rectores del juicio de amparo, la audiencia constitucional se difiere y para su verificativo se fijan las diez horas con treinta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA I. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que las autoridades responsables General Secretario de la Defensa Nacional y el Director General de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, no han rendido su respectivo informe justificado, no obstante de estar debidamente notificados para ello, tal como se advierte de las constancias de notificación respectivas a los oficios 25840/2018 y 25841/2018, pues los mismos les fueron notificados el día nueve de octubre del año en curso, tal como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. En consecuencia; con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero y 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, así como el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al General Secretario de la Defensa Nacional y al Director General de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copias certificadas, legibles y completas de la totalidad de las constancias que tomaron en consideración para emitir el acto a ellos reclamado. Apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. "LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: ... II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley; ..." En apoyo a lo anterior, por identidad de razón, se cita la jurisprudencia 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento ocho, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como la tesis CLXXXV/2002, de la novena época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 283, que a letra establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE HACERLAS EFECTIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (INAPLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 3a./J. 10/88, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 267). Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley emiten los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de las normas jurídicas que les sirvieron de base para confirmar la vigencia de su observancia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y su exacta aplicación, así como para evitar las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos. En ese sentido, en la actualidad no tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/88 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.", que establecía el criterio de que las multas de mérito deberían ejecutarse por la Tesorería de la Federación, pues ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacerlas efectivas a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, como aprovechamientos federales que son, por lo que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo dicho criterio jurisprudencial ha quedado obsoleto y, por ende, ya no es aplicable." Notifíquese.

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