Juan Andres Alvarez Aguirre
Expediente 998/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2019
Partes del expediente
- Juan Andres Alvarez Aguirre
Actuaciones
- Principal
MESA I Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, en el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **, el cual quedó registrado como juicio de amparo 969/2019-III; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). en ese sentido, dado que el Tribunal de Alzada oficiante asumió el conocimiento del asunto y visto que no existe más por diligenciar; con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese.
- Principal
MESA I Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio número 37839/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual comunica la determinación de siete de agosto de dos mil diecinueve, en la cual no aceptó la competencia declinada por éste órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito no insiste en declinar competencia en favor del Juez oficiante. Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en El traslado del quejoso del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Santiaguito, Estado de México al Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Estado de Durango, en el que actualmente se encuentra. Ahora bien, si se sostiene que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo: En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se interpreta que el quejoso Juan Andrés Álvarez Aguirre reclama como acto destacado la orden traslado definitiva ejecutada el veintidós de julio de dos mil diecinueve del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Santiaguito, Estado de México al Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Estado de Durango. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto motivo del reclamo de la protección de la Justicia Federal, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia de amparo. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, a fin de dilucidar a qué órgano jurisdiccional le corresponderá la competencia, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese tenor, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado conlleva una ejecución material, en virtud de que el quejoso reclama la orden de traslado dictada en su contra y su ejecución, del lugar en el que se encontraba recluido; esto es el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Santiaguito, Estado de México al Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Estado de Durango, que tuvo verificativo el veintidós de julio de dos mil diecinueve, que se traduce en un acto positivo del ejecución material para los fines del juicio de amparo; de modo que, en el presente caso se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el cual como ya se indicó la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde el acto reclamado se haya ejecutado. En razón de lo anterior, se advierte que actualmente el peticionario del amparo se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Estado de Durango; por tanto, es evidente que la ejecución definitiva del acto reclamado tuvo verificativo en territorio en el que este juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción. De lo anterior, resulta que la competencia para resolver el presente juicio de amparo, se surte en favor del Juez de Distrito de la Laguna, con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, en Turno, pues es dentro de esa jurisdicción en donde se ejecutó el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Máxime, si se toma en consideración que la ejecución del acto reclamado culminó antes de la presentación de la demanda de amparo; es decir el acto fue ejecutado el veintidós de julio de dos mil diecinueve y el ocurso inicial se presentó el uno de agosto de dos mil diecinueve. Es aplicable la tesis 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para resolver el presente asunto; por tanto, remítase el original del juicio de amparo, al Juez de Distrito de la Laguna, con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, en turno, quien es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, a fin de que comunique si acepta o no la competencia que se plantea. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícensele las anotaciones correspondientes. Lo anterior, se robustece con lo resuelto en los conflictos competenciales números 4/2018, 5/2018 y 6/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad de Toluca. Domicilio Procesal. Háganse las notificaciones correspondientes al quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; es decir, en el lugar donde se encuentra recluido. En esas condiciones, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Estado de Durango, con fundamento en los artículos 21 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha legislación, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juzgado de Distrito de la Laguna, con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, en turno, para que comisione al Actuario Judicial de su adscripción, a fin de notificar el auto de dos de agosto del año en curso y el presente proveído al quejoso ** Notifíquese y por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
MESA I. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.) por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto *** (orden ***) del orden estadístico de este Juzgado, el cual fue remitido para notificar al quejoso *** el acuerdo de dos de agosto del año en curso, por los motivos que en él se exponen. En ese sentido, dése de baja el exhorto de referencia, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, acúsese el recibo solicitado. Por otra parte, visto el contenido del oficio número 37839/2019 remitido vía el sistema integral de seguimiento de expedientes por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual comunica la determinación de siete de agosto de dos mil diecinueve, en la cual no aceptó la competencia declinada por éste órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otras autoridades. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obre en este sumario constitucional de manera física el oficio 37839/2019, por el cual se devolvió el original del sumario constitucional del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
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