Juan Antonio Aguilar Rodríguez

Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
789/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Antonio Aguilar Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA...

  3. Incidental

    Visto el estado de autos, así como de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no ha rendido su informe previo el Jefe de Cédula de la Policía Ministerial de Apaseo el Grande, Guanajuato, ni obra en autos constancia (acuse de recibo) de que hubiera recibido el oficio mediante el cual se les solicitó; por tanto, se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región sede Celaya, base Apaseo el Grande, Guanajuato, del que se advierte que las partes en el proceso penal ************* de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato, pretenden llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño por el delito de lesiones causado por el aquí quejoso **********, en agravio de **********, acogiéndose a las medidas alternativas de solución de controversias, motivo por el cual se ordenó la cancelación definitiva de la orden de aprehensión respectiva, informada mediante oficio JOAPG/158/2016 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho. A efecto de proveer lo conducente en relación al oficio de cuenta, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se desprenden de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, de las constancias que anexa el oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) El impetrante acudió a esta vía reclamando del Juez de Control Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato, la orden de aprehensión emitida en su contra; y como consecuencia de ello, la privación de su libertad personal; y B) De acuerdo con la información que obra en autos, así como la vertida en el oficio que se acuerda por la Encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región sede Celaya, base Apaseo el Grande, Guanajuato, se desprende que: Se tramita la causa penal *********** de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato, que se instruye en contra de **********, como probable responsable del hecho que la ley tipifica como delito de lesiones, cometido en agravio de **********. Que las partes en el proceso que se hace referencia en el párrafo que antecede, pretenden llegar a un arreglo sobre la reparación del daño, acogiéndose a las medidas alternativas de solución de controversias, motivo por el cual se ordenó cancelar de manera definitiva la orden de aprehensión girada a **********, mediante oficio JOAPG/158/2016 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Por tanto, es evidente que el acto que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que se ordenó la cancelación definitiva de la orden de aprehensión reclamada en esta instancia, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que el acto que tilda de inconstitucional respecto de la orden de aprehensión emitida dentro de la cauda penal ************* de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de Apaseo el Grande, Guanajuato, cesó en sus efectos, por lo que ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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