Juan Alfredo Trujillo Rosales y Otros.

Expediente 646/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
646/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Alfredo Trujillo Rosales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Agréguese el escrito que suscriben ********************y********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se les tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veintidós de junio del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se advierte que para que sea procedente el juicio de amparo, en primer término debe existir un acto u omisión de una autoridad, lo que en la especie no acontece, pues de la lectura íntegra de la demanda, así como del escrito aclaratorio, no se advierte la existencia de alguno de éstos. Lo anterior se estima así, pues de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en sus escritos de demanda y aclaratorio, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; no se desprende acto u omisión de las autoridades que señala como responsables, pues afirmaron bajo protesta de decir verdad, no han realizado trámite alguno para la desincorporación del ámbito federal del bien que aducen es de su propiedad. Sin que se soslaye que la parte quejosa haga mención sobre alguna omisión como acto, sin embargo, no encuadra en ninguno de los supuestos señalados, es decir, no aportan ninguna manifestación que indique la existencia de algún acto que corresponda estudiar a través del juicio de amparo indirecto. Por ello, dado que la procedencia del juicio de amparo no se encuentra condicionada únicamente a las violaciones constitucionales que se hagan valer, sino que existen otros principios insertos en los artículos 103 y 107 Constitucionales, que deben ser observados, no es suficiente el hecho de que la parte quejosa acuda ante esta instancia constitucional alegando que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales, ya que debe existir un acto proveniente de autoridad y que afecte sus derechos sustantivos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ***************, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 646/2022-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, primeramente, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 287445, en el Semanario Judicial de la Federación electrónico, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado indica: "La no desincorporación del dominio federal del bien materia del presente." Y en el punto CUARTO de sus antecedentes, narra: "CUARTO.- se tenía idea de que como dicho lote había sido dado en pago por compensación de la afectación a los terrenos expropiados, estos ya no pertenecían al gobierno federal, iniciándose trámite para acreditar la posesión de dicho predio, donde se le dio vista a CONAGUA QUIEN MANIFESTÓ SU OPOSICIÓN EN DICHO PROCESO ALEGANDO QUE ESTOS ESTABAN BAJO EL RÉGIMEN FEDERAL Y SE OPUSO DE MANERA DEFINITIVA." (SIC) Y en el diverso capítulo de autoridades responsables, señala: "III. La autoridad o autoridades responsables. CONAGUA. y la SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA." De lo anterior se observa, que no se puede establecer cuál es el acto que en realidad reclaman de cada una de las autoridades que señalan como responsables, pues no aportan datos fehacientes para precisarlo, esto es, no se advierte claramente cuál el acto u omisión que tildan de inconstitucional. Por ello, es necesario que lo precisen con toda claridad, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que la autoridad no rinda su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto, que los solicitantes del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narraron algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que, omitieron expresar: Qué gestiones han realizado para la desincorporación de dominio federal de bien inmueble materia del acto reclamado, ante qué autoridad y, en su caso, la fecha en la que se emitió la negativa a dicha desincorporación, o bien, la fecha en la que presentaron su petición para efectuarla y que no se ha dado respuesta. Cuál es el trámite que aluden en el punto 4 de sus antecedentes, iniciaron y ante qué autoridad lo hicieron, en su caso el estado procesal del expediente, si ya se dictó resolución definitiva el sentido de ésta y, en su caso, si interpuso algún amparo o medio ordinario de defensa, así como si ya se resolvieron o se encuentran pendientes de resolver. La fecha en la tuvieron conocimiento del acto que tildan de inconstitucional. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes del acto reclamado. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Precisen con claridad el acto qué reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo. Manifiesten bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, específicamente, las irregularidades destacadas en la presente determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si los promoventes son quienes la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase a los promoventes autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******************, al carecer de cédula profesional ingresada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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