Juan Almaraz Martínez
Expediente 1490/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1490/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Almaraz Martínez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por el quejoso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que en auto que antecede se requirió a la autoridad responsable a fin de que informara si se restauró la salud del quejoso... sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo anterior. En tales condiciones, considerando que la ejecutoria de amparo no solo implica la citada atención sino también que se restaure la salud del peticionario de amparo; por tanto, para corroborar tal circunstancia y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS- Durango, con sede en Gómez Palacio, por sí y como superior jerárquico del titular del área médica de dicho centro penitenciario, para que en el término de tres días contados a partir de que sean legalmente notificadas de este proveído, informen si se restauró la salud del quejoso Paulo Barrera Conde, en relación sus padecimientos, y de ser así, remitan copia certificada de las constancias que acrediten tal circunstancia. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se los impida, se harán acreedoras a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, limitándose únicamente a informar gestiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que en el término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, remita la constancia en copia certificada que acredite fehacientemente que entrego el cheque a nombre del quejoso Lenaic Michel Henri Leignel, en el entendido, que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Se notifica por lista al promovente Vista la demanda de amparo promovida por Juan Almaraz Martínez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 1490/2018-X, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, esta juzgadora, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por el quejoso se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia; pues tal acto reclamado lo constituye: "ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad que señalo como responsable le reclamo LA OMISION DE DAR CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES PROMOCIONES: 1.- Escrito presentado con fecha 14 de Agosto del 2018 en la que insistí a su señoría se dictara la resolución La resolución (sic) interlocutoria citada por auto de fecha 29 De Junio De 2018, correspondiente a un recurso de reconsideración; habiendo transcurrido a la fecha 57 días hábiles sin que la responsable haya dado respuesta a mi petición. 2.- Escrito presentado con fecha 28 de Agosto del 2018 en la que presente un convenio judicial y a la fecha han transcurrido 47 días hábiles sin que a la fecha la responsable haya dado respuesta a mi petición. 3.- Escrito presentado con fecha 02 de octubre de 2018 en la que insistí se acordara el convenio judicial a que me refiero en el punto anterior e igualmente no se ha dictado acuerdo alguno habiendo transcurrido 22 días hábiles sin que a la fecha la responsable haya acordado la promoción en comento. 4.- Escrito presentado con fecha 16 de octubre de 2018 en la que insistí se acordara el convenio judicial a que me refiero en el punto anterior y se abstuviera para seguir conociendo de tal juicio en virtud a tal retraso en la administración de la justicia e igualmente no se ha dictado por la responsable a la fecha proveído alguno, habiendo transcurrido 14 días hábiles a la fecha". Desprendiéndose de la anterior transcripción, así como del contenido íntegro de la demanda, que el acto reclamado por el quejoso lo constituye en esencia, la omisión de dar contestación a las promociones presentadas ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, el catorce, veintiocho de agosto, dos y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dentro del juicio de origen 12/2016-III. En ese contexto, dichos actos reclamados no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, esta juzgadora determina que con motivo de la omisión en que el juez responsable ha incurrido, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así porque la omisión del juez responsable de dar trámite a las promociones presentadas por el quejoso, únicamente dilata la continuación del procedimiento de origen, pero no implica una dilación abierta que paralice su continuación, por lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omision (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Luego, tomando en consideración que el quejoso en la demanda de amparo que nos ocupa, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento civil (divorcio incausado), así como violaciones a los artículos 8 y 17 de la ley suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma del procedimiento en el que se encuentra el referido quejoso, sino que se da justamente dentro del mismo, al no dar trámite a diversas promociones. Por tanto, como el quejoso refiere una afectación cometida dentro del procedimiento civil (divorcio incausado), razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado procedimiento, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tenía el carácter de adjetivo y debía atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a las autoridades a pronunciarse al respecto. Cabe citar al respecto la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 478, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". De igual manera se cita la jurisprudencia 1a./J. 7/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 480, que dice lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". En consecuencia, como el quejoso reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, de contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Federico de la Torre López, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral, esto es, para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Juan Carlos de la Torre López y Federico de la Torre Valtierra; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley.
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