Juan Almaraz Martínez

Expediente 1657/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1657/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Almaraz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Aviso cambio de titular. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese personalmente a las partes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Téngase por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, del que se advierte que con fecha siete de enero de dos mil diecinueve, dictó la interlocutoria para resolver el recurso de reconsideración interpuesto dentro de los autos del expediente 12/2016-III; en tales condiciones, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad que señalo como responsable le reclamo la omisión de dictar la resolución interlocutoria citada por auto de fecha 29 De Junio De 2018, correspondiente a un recurso de reconsideración y omisión a proveer lo que en derecho corresponde respecto de un convenio judicial presentado con fecha 28 de Agosto del 2018 lo anterior tiene paralizado el juicio de donde emana el acto reclamado ya que no existe un recurso ordinario alguno para obligar a la responsable a pronunciarse al respecto, constituye una violación directa al numeral 17 constitucional y a mis derechos humanos de garantías judiciales y de acceso al justicia a que se contraen los numerales 8 y 25 de la convención americana sobre los derechos humanos de lo cual nuestro país es parte". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello, porque mediante resolución interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 12/2016-III, se resolvió el recurso de reconsideración planteado por la aquí tercera interesada; de ahí que la autoridad se haya pronunciado respecto de la omisión que constituye el acto reclamado en el presente sumario. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión de dictar la resolución interlocutoria para resolver el recurso de reconsideración planteado en los autos del expediente 12/2016-III, del índice de la autoridad responsable, de ahí que se considere la cesación del acto, lo anterior, se patenta con la copia certificada que remitió la autoridad responsable relativa a la resolución de siete de enero del año en curso, documental a la cual se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que han cesado los efectos del acto reclamado en este asunto, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el emplazamiento de la tercera interesada Lizeth Delgado Carrillo, así como la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA:Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, los artículos 79-A, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de ocho de mayo de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre de la quejosa con números de referencias 758465183 y 758465266. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la quejosa las cantidades que enteró en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por cada inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); así como el cobro proporcional que con base en dicha tarifa se calculen las contribuciones accesorias relativas al fomento a la educación y seguridad y el impuesto adicional; cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Inconformes con el anterior fallo las autoridades responsables Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado y Director de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambas con residencia en Saltillo, interpusieron recurso de revisión en su contra, correspondiéndole conocer de los referidos recursos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual mediante veintinueve de junio de dos mil dieciocho, modificó la sentencia recurrida. Por lo que mediante auto de doce de julio de dos mil dieciocho, se recibió la citada ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dejó insubsistente el pago contenido en los recibos con número de referencia 758465183 y 758465266 y, realizó la devolución del excedente pagado por la moral quejosa, por concepto de inscripción de documentos. En efecto, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $17,419.00 (diecisiete mil cuatrocientos diecinueve pesos moneda nacional) mediante cheque expedido a nombre de la quejosa. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que esta juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del ministerio público de la adscripción.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por... mediante el cual da contestación al requerimiento de doce de diciembre de este año, relativo a la aclaración de su demanda de amparo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115, 117, 125, 142 y 147 de la Ley de Amparo en vigor, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve... contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase a la responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedora a una multa equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, con la prevención de que en caso de ser omisa al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando ocurran causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado remita copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 115 de la ley en la materia, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las doce horas con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Con base en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a... quien deberá ser emplazada a juicio por conducto del actuario de la adscripción en el domicilio que se precisa en el escrito de demanda. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda que se provee en el local de este juzgado y notifíquesele el presente, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la prueba documental ofrecida por la parte quejosa en su escrito de demanda, con lo anterior se ordena dar nueva cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. De igual manera y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales al promovente que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley.

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