Juan Albino Perez Blas
Expediente 514/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Albino Perez Blas
- Luis Rivera Sanchez (Defensor)
- JUAN ALBINO PEREZ BLAS y Otros.
- Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla
- LUIS RIVERA SANCHEZ (DEFENSOR) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el nueve de abril de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de abril al diez de mayo de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el duplicado de la causa penal 182/2010-6, con la que se formó el anexo I, se ordena devolverla a la autoridad responsable indicada para los efectos legales procedentes. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas a la autoridad citada, toda vez que su domicilio se encuentra en la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, por lista al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el secretario Raúl Bonilla Hernández, quien autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Mercedes En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso, tercero interesado y autoridad tercera interesada, mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo en los siguientes términos: ".Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Juan Albino Pérez Blas, para que el 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil veinte, dictado en la causa penal 182/2010-6º, contra Juan Albino Pérez Blas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 20, 94 y 312, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Jacobo Pablo Romero Mastranzo. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: -Deberá motivar adecuadamente la actualización de cada uno de los elementos del cuerpo del delito de tentativa de homicidio; en la inteligencia que deberá señalar con precisión qué pruebas resultaron útiles para demostrar cada uno de ellos, para lo cual deberá atender lo establecido en el considerado que antecede. 3. Notificará dicha resolución a Juan Albino Pérez Blas. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. (.) En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, el juez debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos..." Inconforme con la sentencia, el tercero interesado Jacobo Pablo Romero Mastranzo, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, autoridad que lo radicó con el número de toca R-99/2020 de su estadística; y, en ejecutoria de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Albino Pérez Blas, contra las autoridades y actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados por el Juez de Distrito en la Sentencia recurrida" Así, en auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria. Mediante oficio 204/2021/S-PAR, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 182/2010-6 de su índice, mediante la cual pretendió cumplir con la sentencia protectora de garantías. No obstante, como esta autoridad advirtió que el órgano jurisdiccional responsable no acató los efectos del fallo protector, en acuerdo de ocho de marzo del presente año, se requirió nuevamente al juez penal responsable para que cumpliera plenamente con los efectos de la protección constitucional. Así, mediante oficio 259/2021/S-Par, el citado juez penal remitió copia certificada de la resolución dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual manifestó cumplir la ejecutoria; pero, como omitió remitir la constancias de notificación al quejoso de esa determinación judicial, en autos de diecisiete y diecinueve de marzo de la presente anualidad, se requirió al juez responsable para que enviara a este juzgado la constancia respectiva. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 303/2021/S-PAR el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la constancia de notificación requerida. Los documentos enviados por el referido juez, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil veinte, en la causa penal 182/2010-6 de su índice, que constituyó el acto reclamado en esta instancia; así como la diversa determinación de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo, con lo que observó el primero de sus efectos. 2. Con la libertad de jurisdicción que se le concedió, resolvió la situación jurídica del peticionario de amparo y pronunció una resolución en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 20, 94 y 312, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Jacobo Pablo Romero Mastranzo; pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia, como a continuación se explica: En primer término, el juez responsable realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito de tentativa de homicidio y señaló que son los siguientes: a) Que el sujeto activo tenga la intención de privar de la vida al ofendido; b) Que lleve a cabo los actos idóneos para privar de la vida al agraviado; y c) Que no se consume el homicidio por causas ajenas a la voluntad del sujeto -activo- del delito. El juez realizó un análisis de las pruebas que obran en la causa penal de origen y les otorgó el valor convictivo que consideró procedente, de conformidad con las disposiciones del código adjetivo penal aplicable; indicó los elementos del cuerpo del delito que estimó acreditados con cada una de ellas. Partiendo de las pruebas que obran en la causa, motivó la actualización de cada uno de los elementos del cuerpo del delito pues al respecto expresó: a) En relación con el primer elemento, consistente en la intención de privar de la vida a la víctima, precisó que se actualiza porque con las pruebas analizadas se demostró que el activo llevó al pasivo a un lugar solitario diciendo que irían a la casa de su suegro y ahí le pagaría lo que le debía, pero como ello no aconteció, la víctima regresó a su camioneta, pero antes de que pudiera subir en ella, el activo lo tomó de la cabeza y le expresó que lo privaría de la vida, al momento en que le cortaba la garganta con un machete, posteriormente el activo reiteró en repetidas ocasiones que mataría a la víctima. b) El juez refirió que el segundo de los elementos, relativo a que el activo haya ejecutado los actos idóneos para privar de la vida al pasivo, se verificó porque el indiciado cortó la garganta del agraviado, a la altura de la yugular, y que después de eso continuó atacando a la víctima con el mismo objeto (machete), mientras le repetía "muérete". c) Respecto del tercer elemento, consistente en que el homicidio no se haya consumado por causas ajenas a la voluntad del activo, el juez expresó que lo consideró actualizado porque la causa que evitó que la víctima perdiera la vida es que éste se defendió, pues metió las manos para evitar recibir los ataques con el machete, además de que logró huir y durante su escape, encontró a personas que le prestaron auxilio y fue lo que impidió que perdiera la vida. Con lo anterior, el juez observó el segundo de los efectos precisados. 3. El once de marzo de dos mil veintiuno, notificó esa resolución al quejoso Juan Albino Pérez Blas; con lo que observó el tercer efecto de la protección constitucional. 4. Como se indicó, el juez responsable remitió a esta autoridad las constancias con las que acreditó lo anterior, lo que cumplió el cuarto efecto del fallo protector. En tal virtud, es evidente que el órgano jurisdiccional responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y al tercero interesado (en el domicilio señalado mediante escrito presentado ante esta autoridad el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno), por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el secretario Raúl Bonilla Hernández, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal. San Andrés Cholula, Puebla. Doy Fe. [Firma electrónica].
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° PUBLICACIÓN DE CITATORIO ° SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO JACOBO ROMERO MASTRANZO LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso, tercero interesado y autoridad tercera interesada, mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que en sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo en los siguientes términos: ".Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Juan Albino Pérez Blas, para que el 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil veinte, dictado en la causa penal 182/2010-6º, contra Juan Albino Pérez Blas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 20, 94 y 312, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Jacobo Pablo Romero Mastranzo. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: -Deberá motivar adecuadamente la actualización de cada uno de los elementos del cuerpo del delito de tentativa de homicidio; en la inteligencia que deberá señalar con precisión qué pruebas resultaron útiles para demostrar cada uno de ellos, para lo cual deberá atender lo establecido en el considerado que antecede. 3. Notificará dicha resolución a Juan Albino Pérez Blas. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. (.) En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, el juez debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos..." Inconforme con la sentencia, el tercero interesado Jacobo Pablo Romero Mastranzo, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto circuito, autoridad que lo radicó con el número de toca R-99/2020 de su estadística; y, en ejecutoria de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Albino Pérez Blas, contra las autoridades y actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados por el Juez de Distrito en la Sentencia recurrida" Así, en auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria. Mediante oficio 204/2021/S-PAR, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 182/2010-6 de su índice, mediante la cual pretendió cumplir con la sentencia protectora de garantías. No obstante, como esta autoridad advirtió que el órgano jurisdiccional responsable no acató los efectos del fallo protector, en acuerdo de ocho de marzo del presente año, se requirió nuevamente al juez penal responsable para que cumpliera plenamente con los efectos de la protección constitucional. Así, mediante oficio 259/2021/S-Par, el citado juez penal remitió copia certificada de la resolución dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual manifestó cumplir la ejecutoria; pero, como omitió remitir la constancias de notificación al quejoso de esa determinación judicial, en autos de diecisiete y diecinueve de marzo de la presente anualidad, se requirió al juez responsable para que enviara a este juzgado la constancia respectiva. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 303/2021/S-PAR el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la constancia de notificación requerida. Los documentos enviados por el referido juez, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil veinte, en la causa penal 182/2010-6 de su índice, que constituyó el acto reclamado en esta instancia; así como la diversa determinación de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo, con lo que observó el primero de sus efectos. 2. Con la libertad de jurisdicción que se le concedió, resolvió la situación jurídica del peticionario de amparo y pronunció una resolución en el mismo sentido que la reclamada, ya que dictó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 20, 94 y 312, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Jacobo Pablo Romero Mastranzo; pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia, como a continuación se explica: En primer término, el juez responsable realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito de tentativa de homicidio y señaló que son los siguientes: a) Que el sujeto activo tenga la intención de privar de la vida al ofendido; b) Que lleve a cabo los actos idóneos para privar de la vida al agraviado; y c) Que no se consume el homicidio por causas ajenas a la voluntad del sujeto -activo- del delito. El juez realizó un análisis de las pruebas que obran en la causa penal de origen y les otorgó el valor convictivo que consideró procedente, de conformidad con las disposiciones del código adjetivo penal aplicable; indicó los elementos del cuerpo del delito que estimó acreditados con cada una de ellas. Partiendo de las pruebas que obran en la causa, motivó la actualización de cada uno de los elementos del cuerpo del delito pues al respecto expresó: a) En relación con el primer elemento, consistente en la intención de privar de la vida a la víctima, precisó que se actualiza porque con las pruebas analizadas se demostró que el activo llevó al pasivo a un lugar solitario diciendo que irían a la casa de su suegro y ahí le pagaría lo que le debía, pero como ello no aconteció, la víctima regresó a su camioneta, pero antes de que pudiera subir en ella, el activo lo tomó de la cabeza y le expresó que lo privaría de la vida, al momento en que le cortaba la garganta con un machete, posteriormente el activo reiteró en repetidas ocasiones que mataría a la víctima. b) El juez refirió que el segundo de los elementos, relativo a que el activo haya ejecutado los actos idóneos para privar de la vida al pasivo, se verificó porque el indiciado cortó la garganta del agraviado, a la altura de la yugular, y que después de eso continuó atacando a la víctima con el mismo objeto (machete), mientras le repetía "muérete". c) Respecto del tercer elemento, consistente en que el homicidio no se haya consumado por causas ajenas a la voluntad del activo, el juez expresó que lo consideró actualizado porque la causa que evitó que la víctima perdiera la vida es que éste se defendió, pues metió las manos para evitar recibir los ataques con el machete, además de que logró huir y durante su escape, encontró a personas que le prestaron auxilio y fue lo que impidió que perdiera la vida. Con lo anterior, el juez observó el segundo de los efectos precisados. 3. El once de marzo de dos mil veintiuno, notificó esa resolución al quejoso Juan Albino Pérez Blas; con lo que observó el tercer efecto de la protección constitucional. 4. Como se indicó, el juez responsable remitió a esta autoridad las constancias con las que acreditó lo anterior, lo que cumplió el cuarto efecto del fallo protector. En tal virtud, es evidente que el órgano jurisdiccional responsable purgó los vicios formales destacados en la sentencia; por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y al tercero interesado (en el domicilio señalado mediante escrito presentado ante esta autoridad el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno), por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el secretario Raúl Bonilla Hernández, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. El suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal. San Andrés Cholula, Puebla. Doy Fe. [Firma electrónica].
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San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Jacobo Pablo Romero Mastranzo, y visto su contenido, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones personales a partir de esta fecha, el indicado en su escrito de cuenta. Por otra parte, por cuanto hace a su petición de tener como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Martínez, con número de cédula profesional 20289149, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, donde se accedió a tal solicitud, pues se tuvo como autorizado de su parte en términos amplios a Francisco Javier Martínez Hernández. En cuanto, a la petición del tercero interesado en el sentido de que se le permita a su autorizado la reproducción de las constancias que integran el presente expediente a través de cámara fotográfica, u otros dispositivos semejantes, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.13o.T.15 K (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos rubros y texto son: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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