Juan Alberto Vargas Martinez (Defensor
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Alberto Vargas Martinez (Defensor
Actuaciones
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 504/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por ******, por conducto de su defensor particular Juan Alberto Vargas Martínez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ****, por conducto de su defensor particular Juan Alberto Vargas Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que precisó en su demanda de garantías (fojas 1 a 8). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 8, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio. En acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 9 a 19) se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 504/2021 de este índice, se admitió a trámite, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 33). TERCERO. Parte tercera interesada. En el referido acuerdo admisorio, se ordenó emplazar como tercero interesado a las siguientes personas: 1. Tomás Martínez Gutiérrez, emplazado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 62 y 63). 2. Raúl Sáenz Juárez, emplazado el uno de junio del presente año (foja 26). 3. Gloria Martínez Pereda, emplazada a juicio el dieciocho de junio de año en curso (foja 62 y 63) y quien se apersonó a juicio mediante escrito presentado el veintitrés de junio actual (foja 92). 4. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, emplazado mediante oficio el uno de junio del año en curso (foja 32). CUARTO. Cita para sentencia. En el referido acuerdo admisorio se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 11), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos) se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, así como del análisis del informe justificado y constancias remitidas en su apoyo, se advierte que Luis Fernando Ambrosio Domínguez, por conducto de su defensor particular Juan Alberto Vargas Martínez, reclama del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, lo siguiente: a) La omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que realizó diversas manifestaciones relacionadas con la causa penal 395/2015 que se instruye en su contra. b) La omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto por la defensa particular del quejoso, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 395/2015 que se sigue en su contra, cuya audiencia oral fue celebrada el ocho de abril de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 64 y 85 Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, negó su existencia, no obstante, de las constancias remitidas como justificación al mismo, consistente en copia de diversas actuaciones que obran en la causa penal 395/2015 (fojas 37 a 42, 51 a 58, 65 a 77, 86 a 89, 97 a 100), así como el duplicado de la causa penal citada (anexos I y II), a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se advierte que al momento de presentarse la demanda de amparo, la omisiones reclamadas sí existían. Se afirma lo anterior porque, en relación con el acto destacado con el inciso a), esto es, la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el cinco de abril de dos mil veintiuno, fue atendido por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla en auto de trece mayo de dos mil veintiuno (foja 75 reverso); mientras que en torno al acto identificado con el inciso b), esto es, la omisión de resolver el recurso de revocación que la defensa del procesado interpuso en contra del auto de veintisiete de enero del año en curso, fue resuelto el trece de abril de dos mil veintiuno (foja 73); no obstante, tales determinaciones judiciales fueron notificadas a *****, hasta el catorce de junio de dos mil veintiuno, esto es, después de la presentación de la demanda (veintiocho de mayo de dos mil veintiuno). Atento a lo anterior, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable aún no había dado a conocer las resoluciones antedichas al justiciable, por lo que las omisiones reclamadas existían, en la medida que aunque ya existía pronunciamiento judicial, no se habían dado a conocer al procesado ni a su defensa, por lo que procede desvirtuar la negativa sostenida por la autoridad responsable y se establece la existencia de las omisiones reclamadas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual forma, cobra aplicabilidad, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la denegación de justicia derivada de lo siguiente: a) La omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que realizó diversas manifestaciones relacionadas con la causa penal 395/2015 que se instruye en su contra. b) La omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto por la defensa particular del quejoso, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 395/2015 que se sigue en su contra, cuya audiencia oral fue celebrada el ocho de abril de dos mil veintiuno. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de las documentales existentes en el sumario, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el proceso 395/2015 (fojas 37 a 42, 51 a 58, 65 a 77, 86 a 89, 97 a 100), así como el duplicado de la causa penal citada (anexos I y II), ya valoradas en términos, se advierte que: 1. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el juez pronunció un acuerdo en el que, entre otras cosas, declaró cerrada la instrucción en el proceso 395/2015, respecto de Luis Fernando Ambrosio Domínguez (fojas 210 y 211 del anexo I). 2. Inconforme, el aquí quejoso interpuso revocación en contra del citado auto (fojas 715 y 716 del anexo I); recurso que fue admitido en acuerdo de veintidós de marzo de la presente anualidad (foja 714 del anexo I); el ocho de abril de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de revocación (foja 8 del anexo II); y, el trece de abril de dos mil veintiuno, resolvió el citado medio de impugnación (foja 9 a 11 del anexo II). 3. Lo anterior fue notificado a *****, hasta el catorce de junio de dos mil veintiuno (foja 12 vuelta del anexo II). 4. Por otra parte, el cinco de abril de dos mil veintiuno, el aquí quejoso presentó un escrito ante el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (foja 14 y 15 del anexo II), en el que realizó diversas manifestaciones relacionadas con la causa penal ****que dicha autoridad instruye en su contra. 5. Dicho ocurso fue atendido por la autoridad responsable en acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno (foja 11 vuelta, del anexo II), pues el juez penal responsable agregó el escrito y tuvo al procesado realizado manifestaciones, las que, indicó, tomaría en consideración cuando resulte oportuno. 6. Dicho acuerdo fue notificado a ******, el catorce de junio de dos mil veintiuno (foja 12 vuelta del anexo II). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la denegación de justicia derivada de la omisión de acordar el escrito presentado por la quejosa el cinco de abril de dos mil veintiuno, así como de la omisión de resolver el recurso de revocación descrito, dentro la causa penal **** del índice del juzgado responsable, al haberse dictado el acuerdo y resolución respectivos y notificadas al peticionario de amparo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos de las omisiones reclamadas, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías. No se inadvierte la existencia de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN; sin embargo, en el caso no resulta aplicable, pues en la especie se reclama la denegación de justicia y no la violación a un derecho de petición. Además, debe indicarse que desde este momento se advierte que el juicio de amparo resultaría improcedente en contra de las resoluciones pronunciadas, en atención a que dichos pronunciamientos judiciales definen cuestiones de carácter meramente intraprocesal, por lo que resultaría ocioso incorporarlas a la litis constitucional, si desde este momento se advierte que el juicio resultará improcedente en su contra. Por otra parte, tampoco se soslaya que no transcurrieron los ocho días entre la vista ordenada con el informe justificado y la audiencia constitucional; no obstante, la causal de improcedencia que se estimó actualizada, no podría ser desvirtuada de manera alguna, por lo que a nada útil conduciría postergar la solución del presente asunto, pues éste será resuelto siempre en el mismo sentido. QUINTO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis ****, por conducto de su defensor particular Juan Alberto Vargas Martínez, contra las omisiones reclamadas al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados procesales y a los terceros interesados, con supresión de datos personales en atención a que el quejoso se opuso a su publicación; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a las presentes actuaciones el escrito signado por la tercero interesada iii) Gloria Martínez Pereda, atento al contenido del mismo, téngase a la ocursante apersonándose al presente juicio; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en su escrito de cuenta. Del mismo modo, se tienen por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a los profesionistas que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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