Juan Alberto Miranda Juarez
Expediente 270/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Alberto Miranda Juarez
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, once de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
2. Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 270/2021-II. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley. Ello es así, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria del trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca *****, en la que la sala responsable deja firme la decisión de desahogar careos procesales entre el aquí quejoso y *****. Así, tenemos que el acto reclamado por el quejoso, se trata de un acto que no produce efectos de imposible reparación, puesto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federación o tratado internacional del que sea parte el Estado Mexicano. En efecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, procede el amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y en el último precepto citado se define el concepto de ese tipo de actos, esto es, sólo se comprende aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucional o convencionalmente. Cabe precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, éste constituye un acto procesal, ya que sus consecuencias únicamente tienen efectos dentro del procedimiento de origen; por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 358, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 303 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de la que se ha dado noticia, procede desechar de plano la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la jurisdicción de este órgano de control, y por autorizadas las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/HomeAayuda. Hágase del conocimiento al promovente que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobretodo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos René Hernández Maza, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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