Josué Domínguez Alfaro
Expediente 197/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Josué Domínguez Alfaro
Actuaciones
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la legislación aplicable, sin que se haya hecho valer el medio de impugnación referido en contra del proveído del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda promovida por *****, en representación de *****, contra un acto del Subsecretario del Sistema Penitenciario en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y otras autoridades. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo, ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, en representación de *****, contra un acto del Subsecretario del Sistema Penitenciario en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y de otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas con el número 197/2021-I. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del texto del mencionado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. La referencia que se hace a la no exigencia de mayores requisitos significa que si la ley reglamentaria del recurso, o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la normativa de la materia para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al caso, conviene citar los artículos 107 a 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Control y/o Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se estima que el quejoso, previo a promover demanda de amparo, debió presentar la petición correspondiente ante la autoridad penitenciaria en la cual se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penal y en su caso, ante la omisión y/o negativa de dar contestación a dicha petición, deberán acudir ante el Juez de Control y/o Ejecución correspondiente. Por tanto, del análisis de los artículos reproducidos, es factible concluir que en el caso se actualiza la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se establece que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio, o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. En el entendido de que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese contexto, si en este asunto se reclama la orden de traslado del Centro Regional de Reinserción Social de esta Ciudad, en el cual se encuentra recluido, a otro diverso, es evidente que contra tal determinación procede la petición administrativa en términos de la Ley Nacional de Ejecución de Penal y, ante la omisión y/o negativa de dar contestación a dicha petición, deberá acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Además, conviene precisar que del análisis de los citados preceptos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es factible concluir que la interposición del recurso administrativo contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, no exige mayores requisitos que los que consigna la normativa de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, pues el precepto citado en último término establece la posibilidad de suspender el acto impugnado ante el Juez de Ejecución, sin necesidad de agotar algún requisito alterno, es decir, prevé que el citado juzgador, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Al caso es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XVI.1o.P.14 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, con número de registro 2016103, de rubro "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN". Por otra parte, es importante destacar que el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando la parte quejosa señale actos reclamados cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. No pasa inadvertido para este juzgador Federal, que la promovente refiriera la incomunicación de quien dice ser su esposo; sin embargo, como lo cita en su ocurso de cuenta, ello acontece por la seguridad del recluido. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se toma conocimiento del número telefónico que proporciona a efecto de entablar comunicación no procesal, sin que haya lugar a realizarle las notificaciones por ese medio, en virtud de que la normativa de la materia no lo contempla, no obstante ello, ténganse los estrados de este órgano de control para tal efecto, hasta en tanto realice una designación al respecto. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · 3,239 expedientes
- Josefina Román Ochoa318/2019
- Josefina Román Ochoa50/2019
- Josefina Tapia Martínez88/2020
- Josefina Zagal Villalobos260/2022
- Joselyn Nayeli Castillo García327/2014
- Josué Domínguez Alfaro69/2021
- Jovita Cárdenas Delgado159/2022
- Jovita Mara Valerio482/2014
- Jovita Salgado Hurtado347/2019
- Juan Alberto Miranda Juarez270/2021
- Juan Alfredo Sierra Martínez48/2015
- Juan Andrés Barrera Mena213/2016