Juan Alberto Gómez Muñoz
Expediente 525/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Alberto Gómez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. se determina destruir pieza de actuaciones. archívese como asunto concluido. devolución de constancias que las autoridades responsables anexaron, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: I. Cumple requerimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese el primero de los escritos presentados Juan Alberto Gómez Muñoz, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el veinte de junio del año en curso (f. 34 a 36); en tal virtud, se provee: II. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama de las autoridades responsables: a). La sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Menor Penal de Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en los autos del proceso penal 261/2016, en contra del aquí quejoso Juan Alberto Gómez Muñoz, por el delito de lesiones en agravio de Alejandro Ortega Aguilera. b).- La sentencia dictada en el toca de apelación 1/2019, el diez de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en la que ordenó la reposición del procedimiento, de la causa penal 261/2016, con motivo de violaciones procesales advertidas, en razón de que en el juicio de origen se declaró el cierre de instrucción, una vez ofertadas las pruebas de la fiscalía, no dando oportunidad a la defensa de ofrecer pruebas de su intención, por lo que se atenta contra la seguridad jurídica del procesado el que tiene derecho a una defensa adecuada. Asimismo, del oficio 3677/2019 que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, se desprende que los actos reclamados consisten en: ".la sentencia que ordena reponer el procedimiento y deja sin efectos la sentencia de primer grado, la cual también es atacada; resoluciones que, atendiendo a su naturaleza no constituyen una sentencia definitiva, ni resolución que ponga fin al juicio en términos de lo señalado por los artículos 45, 46, párrafo segundo, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo." (foja 4). III. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En ese contexto, se advierte que el acto reclamado identificado con el inciso a). La sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Menor Penal de Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en los autos del proceso penal 261/2016, en contra del aquí quejoso Juan Alberto Gómez Muñoz, por el delito de lesiones en agravio de Alejandro Ortega Aguilera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial y Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En ese contexto, de los autos allegados a la demanda de amparo, se advierte que el diez de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el toca de apelación 1/2019, por el Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en la que ordenó la reposición del procedimiento, de la causa penal 261/2016, con motivo de violaciones procesales advertidas; motivo por el que ha sido sustituida la sentencia de primer grado, de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Menor Penal de Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en los autos del proceso penal 261/2016, que en esta instancia constitucional reclama el quejoso. Criterio que se encuentra contenido en la Tesis I.2o.P.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Página 2546 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Décima Época, Registro 2013461, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Menor Penal de Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en los autos del proceso penal 261/2016, en contra del aquí quejoso Juan Alberto Gómez Muñoz, por el delito de lesiones en agravio de Alejandro Ortega Aguilera, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado; por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, analizado el acto reclamado descrito en la demanda y los expedientes de prueba, en forma clara y puntual en el inciso b), la sentencia dictada en el toca de apelación 1/2019, el diez de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en la que ordenó la reposición del procedimiento, de la causa penal 261/2016, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede el juicio de amparo indirecto. Para demostrar esta conclusión, se precisan los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al quejoso una ejecución de imposible reparación. Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y sólo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Ahora bien, si en la especie el acto reclamado lo es la sentencia dictada en el toca de apelación 1/2019, el diez de abril de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de esta ciudad de León, Guanajuato, en la que ordenó la reposición del procedimiento, de la causa penal 261/2016, con motivo de violaciones procesales advertidas; en razón de que en el juicio de origen se declaró el cierre de instrucción, una vez ofertadas las pruebas de la fiscalía, no dando oportunidad a la defensa de ofrecer pruebas de su intención, por lo que se atenta contra la seguridad jurídica del procesado el que tiene derecho a una defensa adecuada. Y por su parte, en esta instancia constitucional el quejoso en vía de conceptos de violación de manera esencial destaca que debe observarse la garantía del debido proceso, garantía de audiencia, legalidad, el derecho humano de una defensa adecuada y realiza consideraciones a una inadecuada valoración de pruebas para sostener su responsabilidad penal y el tipo penal de lesiones, para concluir que no se realiza un estudio de fondo del asunto. Argumentos que precisamente son el punto toral de la reposición del procedimiento sobre las formalidades del procedimiento como es una defensa adecuada y que tenga oportunidad de ofrecer pruebas de su intención. Por tal motivo la sala responsable estimó ineludible reponer e procedimiento para efecto de que se subsanen las violaciones procesales, por lo que omitió el análisis de fondo de la sentencia que motiva la segunda instancia. Es inconcuso que desde esa perspectiva, la resolución que repone e procedimiento no es una resolución cuya ejecución no es de imposible reparación, o bien, en su caso, que afecte los derechos sustantivos de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo. De este modo, la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, no trae aparejada una ejecución de imposible reparación, pues las consecuencias que en el caso concreto ocasiona no traen consigo una violación sustancial en el desarrollo del proceso, que afectarán incluso la materia de la litis y perturbarán el derecho de acción de las partes, casos en los cuales es necesaria la inmediata intervención de los órganos de control constitucional a través del juicio de amparo indirecto, ya que se da oportunidad al quejoso de ejercer esa defensa adecuada, la garantía de ofrecer las pruebas que estime pertinentes y se cubra el debido proceso, que de manera destacada reclama en su escrito de demanda. De ahí que, al ordenarse de oficio la reposición del procedimiento para el perfeccionamiento de las formalidades del procedimiento, la Sala de apelación, de manera implícita, otorga al citado quejoso una nueva oportunidad para ofrecer pruebas y desvirtuar su responsabilidad penal y la actualización del tipo delictivo que se le atribuye, por lo que no agrava la situación del procesado aquí quejoso. Lo anterior es así, porque con la reposición se sujeta al procesado a un nuevo juicio en el que deberá reasumir su posición de defensa, tanto al intervenir en el ofrecimiento, desahogo o perfeccionamiento de una prueba frente a la segunda oportunidad que tiene, quedando a expensas de la valoración judicial del nuevo material probatorio desahogado, el cual puede incidir de manera favorable en la decisión de fondo en la sentencia que se dicte. Es aplicable la Jurisprudencia 17/1991, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 25 del Semanario Judicial de la Federación del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, Registro 205810, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. En consecuencia, como en este caso se tienen a la vista los autos originales que envió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, que remitió con motivo de la incompetencia planteada y que a su vez le fueron enviados por la responsable tanto los autos de primer y segundo grado, se determinó que no procede el amparo indirecto pues la resolución no tiene una ejecución de imposible reparación, pues de resultar desfavorable, debe esperarse el quejoso hasta la sentencia definitiva que se dicte después de reponer el procedimiento para interponer el amparo directo y en él hacer valer los agravios que considere, por constituir una violación cometida durante la secuela del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso, siempre que trascienda al resultado del fallo. Norma el criterio anterior, la Tesis XVI.P.1 K, sustentada por el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, visible en la Página 2040 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, Registro 2003222, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYA UNA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA NO ES MOTIVO PARA QUE, A PRIORI, SE DESECHE DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA, PUES DEBE ATENDERSE A SI LOS EFECTOS DE AQUÉLLA SON O NO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la jurisprudencia P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 25, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", se colige que no en todos los casos donde se reclame una resolución que ordena reponer el procedimiento de primera instancia, el juicio de amparo es improcedente, pues habrá ocasiones en donde esa determinación sí afecte derechos sustantivos consagrados en la Constitución, no reparables en sentencia definitiva. Ahora, para que el juzgador de amparo esté en posibilidades de estimar si la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición afecta o no de forma irreparable derechos sustantivos del quejoso, y así determinar su procedencia, debe examinar, en cada caso concreto, las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada. En ese sentido, el hecho de que el acto reclamado lo constituya dicha resolución no es motivo para que, a priori, se deseche de plano la demanda de amparo indirecto por causa notoria y manifiesta de improcedencia, con base en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de la autoridad responsable y de las pruebas que rindan las partes, pues es obvio que sólo en presencia de tales elementos podrá saberse si realmente es o no improcedente el amparo, es decir, debe atenderse a si los efectos de esa determinación son o no de ejecución irreparable." En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último interpretado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del mismo ordenamiento, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. IV.Se agrega escrito para efectos de control. Por otra parte, glósese a los autos únicamente para efectos de control el segundo de los escritos signados por el impetrante Juan Alberto Gómez Muñoz, a través del cual allega en alcance las copias de traslado del diverso ocurso recibido en este órgano jurisdiccional el uno de julio de dos mil diecinueve, sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto en virtud de lo acordado en el presente proveído.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veinte de junio de dos mil diecinueve. I. Tribunal Colegiado remite demanda de amparo. Téngase recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual remite el expediente de amparo directo 127/2019 y una copia de la demanda de amparo promovida por Juan Alberto Gómez Muñoz, toca 1/2019, así como proceso penal 261/2016; por haberse declarado legalmente incompetente para su conocimiento; dada la voluminosidad de las constancias recibidas, se ordena formar seis tomos de pruebas. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. II. Registro de Expediente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 525/2019-V. Parte quejosa. Juan Alberto Gómez Muñoz. Autoridades responsables. Juez Tercero Penal de Partido, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Prevención de la demanda. Ahora bien, visto el contenido de la demanda de cuenta, se advierte que no cumple con el requisito que establece el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el numeral 114, fracciones I y II de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito, cumpla con lo siguiente: Relate "bajo protesta de decir verdad" de manera cronológica y detallada los antecedentes de los actos reclamados; lo anterior, debido a que no apertura, ni realizó narración alguna de aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente el directo quejoso, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Jurisprudencial número 1ª./J. 64/2015, visible en la página 713, Tomo I Noviembre de 2015, Materia Común, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable". Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; Registro: 192843; Instancia: Pleno; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 127/99; Página: 32, que a la letra dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Hágase del conocimiento del peticionario del amparo que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y sus anexos para correr traslado a las partes, toda vez que el mismo es parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda; asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús Rodríguez García, en virtud de contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo vigente. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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