JUAN AGUILERA LÓPEZ y Otros.

Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
562/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • JUAN AGUILERA LÓPEZ y Otros.
  • Juan Aguilera López

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que concluyó el término de impugnación del proveído de veintitrés de mayo pasado, sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Desechamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite desechar una demanda de amparo cuando se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, de la Novena Época, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Así pues, de la interpretación del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, en el caso en concreto el acto que por esta vía se reclama se hace consistir en la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés emitida en el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, relativa al juicio oral mercantil SOM-368/2021, la cual no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en los artículos 1336, 1337, fracción I, y 1356 del Código de Comercio, se estima que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de apelación, regulado por los citados artículos, que disponen: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." "Artículo 1337.- Pueden apelar de una sentencia: I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio. II. (.)." "Artículo 1356.- Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo." No se inadvierte que los numerales en estudio prevean que para que sea procedente el recurso de apelación, deberá de atenderse a la cuantía del negocio; por lo que, en este punto, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, que a la letra dispone: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $816,439.97 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." Ahora, tomando en consideración que, de los antecedentes narrados por los promoventes en su escrito de demanda, "bajo protesta de decir verdad", se advierte de manera manifiesta que la cuantía a la que asciende la suerte principal a la que fueron condenados por la responsable es por la cantidad de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional); por lo que, al establecer la legislación citada la procedencia del recurso de apelación contra la determinación referida, aunado a que, la cuantía que constituye la suerte principal hace procedente su tramitación -lo que, incluso, ya ha sido materia de análisis por parte de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país-, resulta evidente que se debió interponer dicho recurso, circunstancia que no aconteció. No pasa desapercibido para la suscrita lo preceptuado por el artículo 1309 Bis, segundo párrafo, en el que se precisa que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, lo que en su caso, haría procedente la acción de amparo al no tener el justiciable medio de defensa ordinario a su alcance para combatir la decisión reclamada; sin embargo, quien resuelve considera que la citada disposición, dada su redacción, tiene injerencia únicamente en las resoluciones pronunciadas durante la substanciación del juicio oral y hasta el dictado de la sentencia que resuelva el fondo, mas no en las resoluciones o autos dictados con posterioridad a los mismos, pues del precepto en comentos se inadvierte lo anterior. Suma a lo anterior, lo previsto en el numeral 1390 Bis 8, del Código de Comercio, mismo que hace referencia a que lo no previsto, seguirá las reglas de dicha codificación, mientras que las mismas no se opongan al titulo respectivo. Por ello, al ubicarse la decisión aquí reclamada en una etapa procesal en que la que ya no opera la regla anterior, es decir, que no proceda medio de defensa alguno en su contra, es que se estima que la misma puede ser combatida a través del recurso de apelación regulado por los artículos 1336, 1337, fracción I, y 1356 del Código de Comercio, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación, al establecer el Código de Comercio, la procedencia de dicho medio de impugnación contra las resoluciones que se dicten en cualquier incidente, como es en el caso concreto, la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés emitida en el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, relativa al juicio oral mercantil SOM-368/2021, de ahí que debió agotar la interposición de dicho recurso, circunstancia que no aconteció. Así, del análisis de los artículos mencionados, este juzgado arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juzgado Regional del Sistema de Oralidad Mercantil, de esta ciudad, dentro de una controversia del orden mercantil, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1336, 1337, fracción I, y 1356 del Código de Comercio, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer el quejoso en la controversia del orden mercantil de origen, a saber, recurso de apelación. Finalmente, en cuanto al cuarto de los requisitos también se tiene por satisfecho en razón de que dicho medio de defensa se encuentra previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada (incidente de liquidación de intereses). Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sobre el particular se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." La jurisprudencia publicada en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro es: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO." Asimismo, resulta aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 979, Materia: Común, Civil, Décima Época, con número de Registro digital: 2011695, cuyo rubro dispone: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Y por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés emitida en el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, relativa al juicio oral mercantil SOM-368/2021, la cual resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido por la parte actora, condenando a los demandados aquí quejosos. Por tanto, en razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. VI. Domicilio y autorizadas. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Camarena Vázquez, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que ahí refiere, por así haberlo solicitada expresamente. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. X. Se ordena generación de versión pública de acuerdo. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE MAYO DE 2023, QUE REZA; DESECHAMIENTO.

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