Juan Alberto Conejo Gasca
Expediente 652/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Alberto Conejo Gasca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que en sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió a ********************, el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua: Dentro del término de cinco días hábiles emita la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número ********************, presentada el ********************, registrada con el número de expediente ********************, y la notifique a la parte interesada. Determinación que causó ejecutoria el veintiuno de abril de la presente anualidad, por lo que se requirió su cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, el subdirector de administración del agua de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, mediante oficio recibido en auto de cuatro de mayo actual, registrado con el número 3093, remitió copia certificada de la resolución contenida en el oficio ********************, así como de la constancia de su notificación y entrega a la parte interesada. En tal virtud, como se desprende de la certificación de cuenta, el quejoso no emitió pronunciamiento alguno; además, la protección federal se otorgó para ese preciso efecto; por tanto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en pleno goce de su garantía violada en términos del artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional, aunado a que no se tramitó incidente de suspensión en el presente asunto. Documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con el que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y al efecto anexa copia certificada de la resolución contenida en el oficio ********************así como de la constancia de su notificación y entrega a la parte interesada. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo y con copia del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga; en el entendido que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 652/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada a este tribunal al día siguiente, ******, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, que hizo consistir esencialmente en la omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número ******, presentada el trece de febrero de dos mil diecinueve, registrada con el número de expediente *****. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este Órgano de Control Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo; formó y registró el expediente con el número 652/2020; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló un pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado es una omisión, respecto a una solicitud de trámite presentada ante una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: La omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número *****, presentada ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua el trece de febrero de dos mil diecinueve, registrada con el número de expediente *****. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó expresamente la autoridad responsable al rendir su informe justificado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de los propios esgrimidos por la parte quejosa, así como de los obtenidos de las constancias que obran en autos, siendo los siguientes: 1. El trece de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad, la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número *****, registrada con el número de expediente *****. 2. A la fecha no obra constancia de que la autoridad responsable haya dado respuesta a la solicitud descrita en el punto que antecede (omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia). QUINTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa en sus conceptos de violación sostiene que la autoridad responsable director local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, viola los derechos humanos contenidos en los numerales 8o., 16 y 17 constitucionales, al omitir dar respuesta a la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número ******, presentada el trece de febrero de dos mil diecinueve, registrada con el número de expediente ******, y que ha transcurrido en exceso el plazo respectivo. Se estima que el concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado y suficiente para el fin pretendido, según se explica: El artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental reconocido por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que de cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición reconocido en el precepto que cita conformado no por uno si no varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Por su parte, los diversos numerales 16 y 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, reconocen el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, y el acceso efectivo a la administración de justicia, que obliga a las autoridades del estado a resolver cualquier procedimiento sujetándose a los plazos y términos que fijen las leyes; prerrogativa que tiene el alcance de obligar a las autoridades a resolver los procedimientos administrativos que ante ellas se tramiten dentro de los plazos que establecen las normas aplicables. Por tanto, se considera que es fundado el concepto de violación hecho valer, pues trascurrió más de un año, desde que se hizo la solicitud hasta la fecha de presentación de la demanda; asimismo, que ya transcurrió tiempo por demás suficiente para que la autoridad responsable emitiera la respuesta que en derecho proceda, respecto de la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número 08GUA119794/12IMDL16, presentada ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua el trece de febrero de dos mil diecinueve, registrada con el número de expediente *****. Lo anterior es así, puesto que el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente; mientras el diverso 35 del reglamento de dicha ley, prevé que presentada la solicitud si dentro de los veinte días hábiles siguientes no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir, se considerara integrado el expediente. En consecuencia, se concluye que el actuar de la responsable conculca los derechos fundamentales previstos en los artículos 8º, 16 y 17, segundo párrafo, constitucionales, en perjuicio de *****, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, a efecto de que la autoridad responsable, Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua: Dentro del término de cinco días hábiles emita la respuesta que en derecho corresponda a la solicitud de modificación técnica por relocalización respecto del título de concesión número ******, presentada el trece de febrero de dos mil diecinueve, registrada con el número de expediente *****, y la notifique a la parte interesada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal ampara y protege a *****, en contra de los actos que reclamó de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución.
- Principal
En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto.
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