Juan Alberto Carreño Rodriguez

Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
663/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Alberto Carreño Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por *****, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; por su parte de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación; así como del presente proveído que ordena el archivo del asunto como totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, que establece: "Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio de amparo promovido por *****, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; por su parte de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio y se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación; así como del presente proveído que ordena el archivo del asunto como totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente."

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 663/2020 promovido por **************************************** y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito (fojas 2 a 10 del principal) depositado en el buzón judicial el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recibido al día siguiente (foja 1 ídem), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en ********************, turnado a este juzgado el mismo día, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de la autoridad que a continuación se citan: Autoridad responsable: "Juez Cuarto Civil de Partido de ********************" Actos reclamados: "A) del C. Juez Cuarto Civil de Partido de ********************, le reclamo: 1. La posesión material y jurídica ordenada por el C. Juez Cuarto Civil de Partido de ********************, en el expediente número C-00********************, en acuerdo de 16 de Octubre del año 2020 y acuerdo de fecha 26 de Octubre del 2020, donde se ordena la designación de perito ********************, para que identifique en la diligencia de ejecución correspondiente, identifique el inmueble sito en calle de ********************, número 201 (donde se aclara que este domicilio no existe, ni en la calle la paz ha tenido un acceso a mi propiedad), esquina con calle ********************, del cual el suscrito ostento LA PROPIEDAD a partir del año 2018 en el que se ubica en ********************, Guanajuato mediante la ADJUDICACIÓN DE PROPIEDAD con base en ejecución de un Decreto Expropiatorio del Estado de Guanajuato, como consta en Escritura Pública Número 9157, de Fecha 22 de Enero de 2018, pasada ante la Fe del Lic. *********, Notario Público No. 56 de la Ciudad de ******************** en fecha 30 de Julio de 2018, con Folio Real ********************, del cual SOY EXTRAÑO A DICHO PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. El inmueble referido tiene una superficie de 665.85 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.64 metros, con calle **************************************** AL SUR: 16.84 metros con **************************************** AL ESTE: 37.87 metros con ******************** AL OESTE: 39.41 metros con ********************. Reclamo también, la violación a la garantía individual de seguridad jurídica******************** por la falta de fundamentación y motivación de la orden tendiente a privarme de la posesión material******************** ya que no existe ningún artículo de la ley en se apoye la Autoridad Responsable Ordenadora. Asimismo reclamo, la violación a mi garantía individual de audiencia, en el juicio donde se haya emitido la orden de posesión material del inmueble que es de mi exclusiva posesión******************** toda vez que jamás se me ha se me ha oído ni se me permitió ofrecer probanzas, alegatos y demás actos procesales, tendientes a mi defensa, en mi calidad de poseedor material. Por último les reclamo, la falta de emplazamiento en el juicio, donde se haya dictado la orden de desalojo y/o privación de la posesión multimencionado******************** toda vez que tengo interés jurídico directo y subsecuentemente, se reclaman todos los actos posteriores. De las responsables Ejecutoras les reclamo la cumplimentación de las órdenes del Juez Responsable Ordenador******************** tendientes a llevar a cabo la diligencia de posesión y/o desposesión material, que se realizó respecto del bien inmueble que tengo en posesión material como acto cierto. B. AL C. SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PARTIDO DE CELAYA GUANAJUATO, LE RECLAMO: La intervención que por ley le correspondió en todos los actos jurídicos intraprocesales, que en esta demanda de amparo se le reclaman al Titular de la Judicatura del Juzgado Cuarto Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Gto." Los que consideró violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal. Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad ejecutora al actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, además para que precisara el acto reclamado a cada una de las autoridades que desee señalar como responsables******************** si ya se ejecutó la orden de desposesión reclamada, si con antelación al cuatro de noviembre de dos mil veinte se le molestó en la posesión del inmueble que aduce poseer y si en contra de los actos reclamados promovió algún recurso o medio ordinario, o diverso juicio de amparo (fojas 64 a 67 de autos), se formó para tal efecto el expediente 663/2020-II. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte, el quejoso desahogó la prevención, señaló como autoridades responsables y actos reclamados: Juez Cuarto Civil de Partido en ********************. De quien reclamó todo lo actuado en el juicio **************************************** la falta de llamamiento al mismo, así como: "3. La resolución de la posesión material y jurídica ordenada por el C. Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya Guanajuato, en el expediente número C-00********************, en acuerdo 16 de Octubre del año 2020 y acuerdo de fecha 26 de Octubre del 2020, donde se ordena la designación de perito ********************, para que identifique en la diligencia de ejecución correspondiente identifique el inmueble sito en calle de ********************, número 201 (donde se aclara que este domicilio no existe, ni en la ******************** de la Comunidad de ********************, Municipio de esta ciudad de ******************** al que el promovente indica como ********************, del cual el suscrito ostento LA PROPIEDAD, a partir del año 2018 el que se ubica en calle ******************** No. ********************esquina con ********************, de la Comunidad de ********************, en la Ciudad de ********************, mediante la ADJUDICACION DE PROPIEDAD con base en ejecución de un Decreto Expropiatorio del Estado de Guanajuato, como consta en Escritura Pública Número 9157, de Fecha 22 de Enero de 2018, pasada ante la Fe del Lic. *************, Notario Público No. 56 de la Ciudad de ********************, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ******************** en fecha 30 de Julio de 2018, con Folio Real ********************, del cual SOY EXTRAÑO A DICHO PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. El inmueble referido tiene una superficie de 665.85 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.64 metros, con calle **************************************** AL SUR: 16.84 metros con **************************************** AL ESTE: 37.87 metros con ******************** AL OESTE: 39.41 metros con ********************. [.]". Secretario del Juzgado Cuarto Civil de Partido en ********************. De quien reclamó: "La intervención que por ley le correspondió en todos los actos jurídicos intraprocesales, que en esta demanda de amparo se le reclaman al Titular de la Judicatura del Juzgado Cuarto Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Gto." Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Partido en ********************. De quien reclamó: ". la cumplimentación de las órdenes del juez responsable ordenador******************** donde se llevó acabo la diligencia de posesión y/o desposesión material, que se realizó respecto del bien inmueble que tena en posesión material como acto cierto, el día 04 de noviembre de la presente anualidad." Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (fojas 80 a 83 del principal), esta potestad tuvo por cumplida la prevención, desechó parcialmente la demanda respecto del secretario del Juzgado Cuarto Civil de Partido en ******************** y actos que se le atribuyeron y la admitió a trámite respecto de los restantes actos y autoridades señaladas como responsables******************** otorgó la intervención que legalmente corresponde a la Fiscalía de la adscripción******************** solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación******************** ordenó el emplazamiento de la tercera interesada **************************************** y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales******************** 1°, 107, y relativos de la Ley de Amparo******************** 48 y concernientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos derivados de un procedimiento ordinario civil que se pretenden ejecutar donde este juzgado ejerce jurisdicción******************** esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional, específicamente, en la comunidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1. La falta de llamamiento al juicio número ********************, del juzgado Cuarto Civil de Partido en ********************, promovido por ******************** en contra de ********************, de quien demandó la terminación de contrato de comodato. 2. Como consecuencia de lo anterior, los proveídos de dieciséis y veintiséis de octubre de dos mil veinte, por los que, entre otras cuestiones jurídicas se ordena la ejecución de la sentencia emitida dentro del expediente y se tiene por designado como perito al ingeniero ********************, para que identifique el inmueble materia del contrato de comodato. 3. La ejecución de tales determinaciones realizada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, diligencia en la que se entregó a favor de la actora la posesión material del inmueble que defiende el quejoso ubicado en calle ******************** (también conocida como********************), número ********************, esquina con ********************, de la Comunidad de ********************, perteneciente a la ciudad de ********************. Actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Juez Cuarto Civil de Partido de ********************. 2. Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de ********************. Tercero. Existencia de actos. Las autoridades responsables juez Cuarto Civil de Partido de ******************** (foja 92) y actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común del Partido Judicial de ******************** (foja 89), al rendir su respectivo informe justificado aceptaron los actos reclamados. Para apoyar lo anterior, la juez responsable remitió copia certificada del juicio ordinario civil ********************de su estadística******************** probanza que tiene el pleno valor probatorio que le confieren los artículos 129, 197, 202 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al constituir una documental pública. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario, se desprenden como antecedentes relevantes del acto reclamado los siguientes: El tres de enero de dos mil veinte (foja 95), ********************-aquí tercera interesada- demandó a ********************, la terminación del contrato de comodato verbal celebrado en el año dos mil diecinueve, sobre el inmueble ubicado en la ********************, número ********************esquina con calle********************, de la comunidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************, con una superficie total de 204.70 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: 8.90 metros con Calle**************************************** Al sur: 8.90 metros con **************************************** Al oriente: 23 metros con **************************************** y, Al poniente: 23 metros con ********************, propiedad de ********************. Seguido el procedimiento por su cauce legal, el dieciocho de marzo de dos mil veinte (fojas 142 a 145), se dictó sentencia, en la que entre otras cosas, se decretó la terminación del contrato verbal de comodato celebrado entre ******************** y ********************, y se condenó a la parte demandada para que dentro del término de quince días naturales contados a partir de que causara ejecución el fallo, desocupara y entregara materialmente el citado inmueble a la actora. Mediante proveído de tres de junio de dos mil veinte, dicha sentencia causó ejecutoria (foja 150). En auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, a petición de la parte actora, el juez responsable ordenó poner en posesión material a la aquí tercera interesada el bien inmueble ubicado en la ********************, número ********************esquina con calle********************, de la comunidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************, autorizando el uso de la fuerza pública (foja 152). Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, el mandatario judicial de la parte actora, manifestó que no se llevó a cabo la entrega de la posesión del inmueble materia de la controversia en tanto que existió variación de numeración, siendo la correcta el ********************como se desprende del contrato de compraventa del inmueble que adquirió su representada consistente en escritura pública 10,063 que exhibe para constancia, y designó al perito ******************** para que identifique el inmueble y se pueda hacer la entrega material a la parte actora (fojas 156 a 164). Petición a la que recayó el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, donde se tuvo a la parte actora designado como perito al ingeniero ********************, para que identifique que el inmueble sito en ********************, número ********************esquina calle******************** de ******************** municipio de esta ciudad, corresponde al que el promovente indica como calle******************** número ********************esquina ******************** del mismo municipio******************** y hecho lo anterior se de cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de octubre de igual año (fojas 165 y 166). En diligencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 169 y vuelta), la actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, se constituyó en el inmueble descrito con antelación, en el que refirió lo siguiente: "[.] se encuentra presente el perito ********************, cédula profesional número 251062, cuyo aceptación y protesta del cargo se encuentra en autos, acto seguido le pido a quien atiende empiece a desocupar el inmueble, lo anterior una vez que, el perito me ha identificado el inmueble materia de la presente posesión y que lo es el ubicado en calle ********************, número ********************esquina calle********************, de ********************, y que es el mismo que corresponde a calle******************** número ********************esquina ******************** de ********************, haciendo constar que este inmueble fue medido y delimitado por el perito aquí presente quien me indicó de donde a donde corresponde el inmueble en el que estamos constituidos, ya que está junto a otro inmueble [.], por lo que quien me atiende ayudado por los cargadores de la parte actora [.] empieza a sacar sus objetos personales así como los bienes muebles los cuales están siendo depositados, en la otra parte del inmueble que corresponde a ********************, quien es quien atiende la presente diligencia******************** acto seguido una vez que fueron extraídos los bienes muebles del domicilio, y que este está vacío, procedo a poner en posesión de la C. ******************** el inmueble ubicado en calle********************, número 20, se dice ********************esquina ********************, el cual es el mismo señalado como ******************** número ********************esquina********************, ambos domicilios de ********************, municipio de esta ciudad, mismo que fue medido y delimitado por el perito aquí presente con las medidas y colindancias señaladas en autos y quien lo recibe de conformidad y en las condiciones en que se encuentra******************** procediendo a hacer actos posesorios como lo es (.) el cambio de chapas y cerraduras. Con lo anterior y siendo las 12:30 doce treinta horas se termina la presente diligencia, levantando esta acta para constancia legal y quien atiende no firma. Doy fe. (firmas ilegibles) ." En proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, el juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, aprobó dicha diligencia (foja 170). Actuaciones que constituyen el acto reclamado en esta instancia constitucional. Quinto. Causales de sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, no obstante la certeza de los actos reclamados, no se está en el caso de analizar la constitucionalidad de ellos, dado que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no demostró su interés jurídico, por dos motivos principales. Se explica: Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". Por su parte, los artículos 61, fracción XII y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia******************** [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa******************** La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico o interés legítimo. La diferencia entre el interés jurídico y el legítimo estriba en que el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo (es decir, que exista un sujeto titular del derecho involucrado)******************** en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es decir, en el interés jurídico el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta******************** mientras que en el interés legítimo, la esfera jurídica del quejoso se encuentra sumergida en el derecho jurídico tutelado, lo que lo coloca en una situación calificada dentro del orden jurídico******************** además, en este caso, no tiene la titularidad exclusiva de ese derecho. Sirve como criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico". En ese orden de ideas, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo)******************** y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De ahí que, se insiste, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, corresponde a la parte quejosa acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para promover el juicio constitucional, esto es, que los actos que reclama afectan derechos de los que es titular. Primer motivo. Por lo que hace al acto reclamado, consistente en la falta de llamamiento al juicio número ********************, del juzgado Cuarto Civil de Partido en ********************, promovido por ******************** en contra de ********************, de quien demandó la terminación de contrato de comodato, el quejoso no acredita su interés jurídico, por lo siguiente. La parte agraviada aduce ser tercera extraña a la contienda natural******************** sobre ese tópico, por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas******************** quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. De las constancias que conforman el presente asunto constitucional (valoradas con antelación), se desprende que el quejoso ******************** no es parte material ni formal en el juicio civil de origen, pues fue promovido por ********************-aquí tercera interesada- en contra de ********************. En esas condiciones, es evidente que el solicitante de la tutela federal ******************** es tercero extraño auténtico a la relación jurídica de origen, al no corresponderle el carácter de parte actora ni demandada. Empero, del sumario se desprende que la orden de desposesión de dieciséis de octubre de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, fue emitida en contra de ********************, no en contra del aquí quejoso **************************************** por tanto, ningún perjuicio le causa por sí y, en tal virtud, se concretiza la causa de improcedencia en análisis, al no producirle afectación real y directa a algún derecho sustantivo público del que sea titular. Esto es así, en virtud de que el juicio del que deriva el acto reclamado, versó sobre la terminación de un contrato de comodato verbal celebrado entre las contendientes, en donde se decretó la terminación del citado pacto de voluntades, y se condenó a la demandada a la desocupación del bien raíz materia del mismo******************** por lo que, al no encontrarse dirigido en contra del quejoso, es que no acredita su afectación real para reclamar la falta de emplazamiento al juicio de origen. Ello, al margen de que acredite o no la identidad del inmueble materia de la controversia en el contencioso de origen -lo que analizara en lo subsecuente-, pues se considera que en el juicio de origen solo se ventiló una acción personal relativa a la terminación de un contrato de comodato, donde no se involucra una acción real, en el que se determine quien tiene mejor derecho a poseer. En efecto, se advierte que el objeto del juicio fue la terminación de un contrato verbal de comodato, el cual deriva de una acción personal cuyos efectos sólo afectan a los directamente involucrados, dado que sólo los que participaron en el acuerdo de voluntades pueden quedar obligados en los términos pactados******************** de manera que la falta de emplazamiento al juicio de origen no le cause ningún perjuicio. Es aplicable al caso la tesis II.2º.C.T.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así como la tesis aislada VI. 2o. 694 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMODATO, ACCION SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO DE. NO ES NECESARIO ACREDITAR LA PROPIEDAD. Si en el caso se ejercitó la acción de terminación de un contrato de comodato, no era indispensable que el actor acreditara la propiedad del inmueble respectivo, pues se trata del ejercicio de una acción personal y no real. Ciertamente, la acción es personal, porque nace de una obligación también personal y sólo se da contra la persona obligada, es decir, contra la persona determinada que es precisamente el contratante comodatario y no en contra de un tercero******************** a diferencia de las acciones reales que se pueden enderezar en contra de cualquier persona en cuyo poder se halle la cosa". También sirve de apoyo, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMODATO. PARA DEDUCIR LA ACCION O DEFENSA EN JUICIO, EL COMODANTE SOLO NECESITA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Del contenido del artículo 2351 del Código Civil del Estado de México, se advierte que la acción o defensa derivada de un contrato de comodato es personal y no real. Consecuentemente, para que el comodante se pueda ostentar como tal en juicio, no necesita acreditar ser el dueño de la cosa objeto del contrato, sino sólo la existencia de éste". Así como la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dice: "ACCION REAL. Si se demanda la nulidad de un contrato, la acción que se ejercita es enteramente personal, y aun cuando como consecuencia de la nulidad, se condene al demandado a devolver un inmueble, con los frutos, daños y perjuicios, etcétera, no por esto puede sostenerse que la acción que se ejercita es real, ni tampoco mixta". Segundo motivo. Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en los proveídos de dieciséis y veintiséis de octubre de dos mil veinte, por los que, entre otras cuestiones jurídicas se ordena la ejecución de la sentencia emitida dentro del expediente y se tiene por designado como perito al ingeniero ********************, para que identifique el inmueble materia del contrato de comodato******************** así como la ejecución de tales determinaciones realizada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, diligencia en la que se entregó a favor de la actora la posesión material del inmueble que defiende el quejoso ubicado en calle ******************** (también conocida como********************), número ********************, esquina con ********************, de la Comunidad de ********************, perteneciente a la ciudad de ********************, el quejoso no acredita su interés jurídico, por lo siguiente. La orden de desalojo decretada en el mencionado juicio civil de terminación de contrato de comodato ********************, no fue dictada en contra del quejoso, sino, como se dijo, en contra de la parte demandada en el juicio civil aludido, respecto del inmueble ubicado en la ********************, número ********************esquina con calle********************, de la comunidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************, con una superficie total de 204.70 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: 8.90 metros con Calle**************************************** Al sur: 8.90 metros, con **************************************** Al oriente: 23 metros con **************************************** y, Al poniente: 23 metros con ********************, propiedad de ********************. Lo anterior se destaca, en virtud de que el quejoso ocurre a esta instancia a defender el inmueble localizado en la calle********************, número exterior ********************, de la localidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************, con una superficie total de 665.85 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: 17.64 metros con Calle **************************************** Al sur: 16.84 metros, con **************************************** Al este: 37.87 metros con **************************************** y, Al oeste: 39.41 metros con ********************. El cual, asevera, es de su propiedad, con base en la ejecución de un decreto expropiatorio del Estado de Guanajuato, que se protocolizó en la escritura pública número nueve mil ciento cincuenta y siete (9157), de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho******************** pasada ante la fe de notario público número cincuenta y seis, con ejercicio en esta ciudad de ********************, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ********************, el treinta de julio de dos mil dieciocho, bajo el folio real ********************, donde consta la adjudicación en propiedad en ejecución de un decreto expropiatorio para la regularización del asentamiento denominado "Comunidad de ******************** segunda etapa", donde se ubica el inmueble antes precisado, que celebran por una parte el Estado de Guanajuato, representado por el secretario de Gobierno en su carácter de adjudicante y por la otra ******************** en su carácter de poseedor adquirente. Empero, dicha probanza (adjudicación por decreto expropiatorio), no es apta para acreditar el interés jurídico que dice tener, en primer lugar, porque no demuestra la identidad del bien inmueble que el peticionario de amparo ******************** señala que es de su propiedad y aquel en el cual se ordenó llevar a cabo la diligencia de desposesión. Para evidenciar lo anterior, se insertan en una tabla comparativa: Inmueble que refiere el quejoso es de su propiedad. Inmueble sobre el cual se ordenó la desposesión. Ubicación: Calle********************, número exterior ********************, de la localidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************. Ubicación: Calle ********************, número ********************esquina con calle********************, de la comunidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************. Medidas y colindancias: 665.85 metros cuadrados. Al norte 17.64 metros con Calle **************************************** Al este: 37.87 metros con **************************************** Al sur: 16.84 metros, con **************************************** Al oeste 39.41 metros con ********************. Medidas y colindancias: 204.70 metros cuadrados. - Al norte: 8.90 metros con Calle**************************************** - Al sur: 8.90 metros, con **************************************** - Al oriente: 23 metros con **************************************** y, - Al poniente: 23 metros con ********************, propiedad de ******************** [Los aspectos subrayados constituyen los puntos divergentes] Lo anterior, revela sin lugar a dudas, que a "simple vista" no se aprecie una afectación al inmueble que defiende el quejoso, es decir, que la orden de desposesión emitida por la responsable ordenadora sobre el inmueble ahí descrito, recaiga sobre el inmueble que el quejoso defiende en esta instancia constitucional. Ello es así, pues como se observa, aun cuando en apariencia algunos de los puntos coinciden, los citados domicilios corresponden a colindancias que son diferentes. No obsta a lo anterior que en la diligencia de entrega de la posesión, la actuaria asentara, que el perito ********************, presente en la diligencia, identificó el inmueble materia de la posesión, sito en ********************, número ********************esquina calle********************, de ********************, señalando que se trata del mismo, ubicado en calle******************** número ********************esquina ******************** de ********************, e hizo constar que fue medido y delimitado por el citado perito quien indicó de donde a donde corresponde el inmueble en el que estuvieron constituidos******************** porque si bien se trata de la misma calle y número del inmueble que el quejoso defiende, lo cierto es que las medidas y colindancias son distintas. De ahí que no está demostrado plenamente en el presente juicio de amparo que el inmueble materia del instrumento privado exhibido por el quejoso, sea el mismo en el cual se ordenó se llevara a cabo la orden de desposesión reclamada, emitida en el juicio natural. Se afirma lo anterior, pues el promovente del amparo no ofreció la prueba pericial en topografía que es la idónea para identificar el predio que aquí defiende, justamente porque son los peritos quienes pueden precisarlo y emitir su opinión técnica al respecto, determinando si el inmueble adquirido por el quejoso por el contrato de compraventa, es el mismo en el que se ordenó ejecutar la orden de desposesión en el contradictorio de origen, ya que ello no se puede determinar con meras suposiciones del quejoso, sino, como se detalló, con la opinión técnica de dictámenes periciales. Apoya la anterior consideración, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente tenor: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDONEA PARA LA.- La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área." De ahí que, es inconcuso, que no se demostró una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese orden, este juzgador considera que no es posible afirmar la afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Ello es así, pues como se vio, la parte quejosa no demostró que los actos reclamados le afecten, por lo que es evidente que carece de interés jurídico, para instar en esta vía constitucional. En ese sentido, y por los mismos motivos, resultan insuficientes para acreditar su interés jurídico las diversas documentales que exhibió para tal efecto******************** a saber: Copia certificada del contrato de cesión de derechos celebrado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por ******************** Cervera como cedente y ******************** como cesionario, respecto del inmueble ubicado en calle********************, número exterior ********************, de la localidad de ********************, perteneciente al municipio de ********************, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: que es su frente, mide 17.80 metros con Calle ******************** y marcada esta fracción con el número **************************************** Al sur: que es su frente mide lo mismo que por el norte 17.80 metros, con propiedad de **************************************** Al oriente: mide 39.50 metros con solar que ahora se vende, propiedad de**************************************** y, Al poniente: mide lo mismo que al oriente 39.50 metros con ********************. Documento ratificado ante el notario público número diecinueve con ejercicio en esta ciudad, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. b) Original de instructivo que contiene inserto el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente ******************** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido con residencia en **************************************** c) Copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso******************** d) Recibos ********************, relativos al pago por las constancias de regularización expedida por la dirección de Desarrollo Urbano lote 13, manzana 33 de la Comunidad de ******************** y de verificación de domicilio oficio 269/DGDU-CDU/2020, ******************** 103 y 105, colonia ********************, localidad **************************************** así como los pagos del impuesto predial respecto del inmueble ubicado en calle******************** sin número, esquina ******************** en ********************, del municipio de ********************. e) Tres recibos en original y siete en copia simple del servicio de energía eléctrica a nombre de aquí quejoso respecto del domicilio ubicado en ******************** ********************Esquina ********************, ********************. En efecto, como se adelantó, las documentales relatadas son insuficientes para acreditar la afectación del quejoso en su esfera de derechos, como se explica a continuación. Con las documentales mencionadas se pretende robustecer el derecho de propiedad que le asiste al quejoso respecto de inmueble que defiende, sin embargo, como quedó evidenciado en precedentes, no se demostró que sobre ese bien inmueble, recaigan los actos reclamados, dado que sus colindancias no coinciden con las medidas y colindancias del que es materia del juicio de origen******************** de ahí que tales documentales en nada le beneficien. Conclusión. Los medios de convicción allegados al sumario, son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para acudir a esta instancia constitucional, y por ende, es evidente que no quedó acreditado que los actos reclamados le causen un agravio personal y directo a su esfera de derechos. Sin que el interés jurídico pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Consecuentemente, de acuerdo a las razones anotadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo******************** por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los razonamientos vertidos por el quejoso a manera de conceptos de violación. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo******************** por los motivos expuestos en el último considerativo de este fallo.

  4. Incidental

    En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las catorce horas con veinticinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 663/2020; se encuentra presente el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, quien actúa con la licenciada Luz María Martínez Vega, secretaria que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, la secretaria certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. La secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, destacando las siguientes: Demanda de amparo presentada por **; Proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se requirieron los informes previos; Informes previos rendidos por las autoridades responsables: el juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad y la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, en esta ciudad, acordados en autos de ocho y diez de marzo de la presente anualidad. En este momento se da cuenta con el escrito registrado con el número 1231, signado por **, mediante el cual exhibe billete de depósito con número **, por la cantidad de siete mil pesos ($7,000.00), para garantizar la suspensión provisional otorgada en autos. A lo que el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, por rendidos los informes previos de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. En relación con el billete de depósito que exhibe la parte quejosa, regístrese y guárdese en la caja de valores de este Juzgado. Al respecto, dígasele que se deja a disposición de la parte quejosa, toda vez que en el mismo fue exhibido para garantizar la suspensión provisional y en la presente resolución se resolverá la definitiva, por lo cual ya no puede seguir surtiendo efectos la primera en mención. En el entendido que para que acuda a recogerlo, cuenta con un plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de la presente determinación. Apercibido el quejoso que en caso de no acudir a este órgano jurisdiccional dentro de la temporalidad indicada a fin de que el documento en mención le sea entregado, de oficio se declarará su prescripción, enviándose a la Tesorería de la Federación para que el importe relativo sea ingresado a favor del erario federal, de conformidad con lo previsto en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y confirmar con anticipación su asistencia al número telefónico 461 191 0258; asimismo, deberá acudir en un horario de trece a quince horas, únicamente los días lunes. Medidas que se adoptan de forma temporal, ante las restricciones generadas con motivo de la contingencia de salud, derivadas del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como COVID-19. En razón de lo anterior, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa la presente determinación. Periodo probatorio A continuación, se abre la etapa de pruebas, en la que se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y las allegadas por las autoridades responsables al rendir su informe previo. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza las pruebas documentales allegadas por las partes. Etapa de alegatos Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que se tienen a las partes omisas en formularlos, por lo que se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que corresponde: Resolución Interlocutoria. Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 663/2020; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. **, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del el juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: "1. La falta de llamamiento al juicio número **, del juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, promovido por ** en contra de **, de quien demandó la terminación de contrato de arrendamiento. 2. Como consecuencia de lo anterior, los proveídos de dieciséis y veintiséis de octubre de dos mil veinte, por los que, entre otras cuestiones jurídicas se ordena la ejecución de la sentencia emitida dentro del expediente y se tiene por designado como perito al ingeniero **, para que identifique el inmueble arrendado. 3. La ejecución de tales determinaciones realizada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, diligencia en la que se entregó a favor de la actora la posesión material del inmueble que defiende el quejoso ubicado *** (también conocida como Aldama), ***, de la Comunidad de ***, perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato.". Por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables sus informes previos, los cuales se recabaron, y finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O Primero. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: 1. La falta de llamamiento al juicio número **, del juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, promovido por ** en contra de Prócoro ***, de quien demandó la terminación de contrato de arrendamiento. 2. Como consecuencia de lo anterior, los proveídos de dieciséis y veintiséis de octubre de dos mil veinte, por los que, entre otras cuestiones jurídicas se ordena la ejecución de la sentencia emitida dentro del expediente y se tiene por designado como perito al ingeniero **, para que identifique el inmueble arrendado. 3. La ejecución de tales determinaciones realizada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, diligencia en la que se entregó a favor de la actora la posesión material del inmueble que defiende el quejoso ubicado en *** (también conocida como Aldama), número 135, esquina con calle La Paz, de la Comunidad de **, perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato. Segundo. Existencia de acto reclamado. Las autoridades responsables, en su denominación correcta: El juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad y la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, en esta ciudad. Aceptaron los actos reclamados por la parte quejosa. En términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de proveer acerca de la suspensión, se atiende a la naturaleza de los actos reclamados, que en la especie consisten, de manera destacada, en: - La diligencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, donde se entregó la posesión física y material a la parte actora del bien inmueble ubicado en calle**, perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato, en cumplimiento a lo ordenado en el juicio **, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, procedimiento en el que no es parte. - De igual forma, se toma en cuenta que en el punto cuatro del capítulo de antecedentes del acto reclamado señala: - Así como lo expresado en el punto tres del escrito aclaratorio, donde refiere: En esa tesitura, tomando en consideración que se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 128 y 147 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Además, se acota que de negarse dicha medida se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. De igual forma, se toma en cuenta que el promovente acredita presuntivamente su interés para obtener la medida con la manifestación realizada bajo protesta de decir verdad, de que el inmueble de que se trata es de su propiedad, y que la diligencia de entrega de la posesión a la actora, se efectuó en un asunto en el que no forma parte, por lo que no fue oído y vencido en juicio; así como con la copia certificada de la cesión de derechos que celebró con Juana Rodríguez Cervera, respecto del inmueble identificado como solar ubicado en la esquina de las calles Aldama y La Paz, actualmente casa habitación ubicada en calle Aldama 135 de la Comunidad de San Miguel Octopan, del municipio de Celaya, Guanajuato, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, ratificado ante notario público en la misma data. Manifestaciones y documentos que valorados de conformidad con los artículos 19 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por así disponerlo su numeral segundo, y 143 de la Ley de Amparo, se estiman suficientes para la concesión de la medida, pues con lo anterior se presume que el peticionario tiene derecho de propiedad y posesión, con relación al inmueble que defiende. Por tanto, con apoyo en lo preceptuado en el artículo 150 de la ley de la materia, se concede la suspensión definitiva a **, del acto reclamado consistente en la diligencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, para el efecto de que, por lo que hace al inmueble que el quejoso defiende ubicado en **, perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato, no se entregue la posesión ni se transmita la propiedad de ese inmueble a favor de terceros -distintos a la actora Carolina Huizache Acosta- y no se continúe con la construcción de la barda que aduce el accionante de la tutela federal se está construyendo en el citado inmueble. Ello, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo del que emana la presente incidencia. En términos de lo previsto en el ordinal 136 de la Ley de Amparo, la medida cautelar definitiva que aquí se concede surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, preferentemente en billete de depósito expedido a su nombre por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, dentro del plazo de cinco días conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional por no contar con datos suficientes para calcular los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, en caso de que no obtenga sentencia favorable. Con la observación de que si la garantía es presentada mediante billete de depósito, deberá aparecer como depositante el propio peticionario de la tutela federal y en el rubro de concepto, la leyenda: "Para garantizar la suspensión definitiva otorgada a Juan Alberto Carreño Rodríguez dentro del incidente de suspensión relativo del juicio de amparo 663/2020 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato." En el entendido que si el quejoso opta por exhibir póliza de fianza, esta deberá contener en forma expresa la renuncia de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso que se haga efectivo el cobro de la cantidad sancionada, y deberá someterse expresamente a lo que sobre el particular dispone la Ley de Amparo. Asimismo, se destaca que la suma depositada para que surta efectos la suspensión no genera intereses, rendimientos ni contraprestación alguna a favor del depositante, de conformidad con los artículos 28 y 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1470, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA." Restricciones a la suspensión. En la inteligencia que la medida de que se trata no surtirá efecto alguno si: El inmueble respecto del cual se entregó la posesión a la tercera interesada, no corresponde al inmueble que presuntamente es propiedad del aquí quejoso. Los actos derivan del cumplimiento a una ejecutoria de amparo, tomando en consideración que estas deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, y estimarlo de otra forma, sería contrario a los fines del juicio de amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a **, respecto de los actos precisados en el considerando primero y autoridades señaladas como responsables citadas en el considerando segundo de esta resolución.

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