Juan Alberto Cezatti García
Expediente 1804/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1804/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Alberto Cezatti García
- Director de la Policía Preventiva, Con Sede En Zacatecas, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
El ocho de enero de dos mil diecinueve, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del once al veinticuatro de diciembre del dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el proveído de tres de diciembre del dos mil dieciocho, dictado por este juzgado dentro del juicio de amparo 1804/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva al quejoso. Y no existe billete de depósito pendiente de devolver. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción al haberse negado la suspensión definitiva al quejoso de los actos reclamados; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución relativa; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco secretario que autoriza y da fe. Wendy Díaz*
- Incidental
El seis de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el acta de ratificación de firma que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista el acta que antecede de la que se advierte que el quejoso ratificó el contenido y firma del escrito con folio 23595, recibido en este juzgado el veintiocho de noviembre del año en curso; por tanto, se acuerda: Devuélvase el billete de depósito N 503247 por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a la parte quejosa por resultar innecesaria su retención, debiéndose endosar a favor de su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciado Aquilino Sánchez Silva, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.
- Principal
PRAL. 1804/2018 El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído de doce de los actuales, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital allegó las documentales consistentes en copias certificadas del audio y video que contiene la audiencia inicial celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 762/2018 en la que figura como imputado Juan Alberto Zesati García y no como señaló el quejoso en su demanda de amparo como Juan Alberto Cezatti García, por el delito de lesiones calificadas, de su índice. Ahora bien, del contenido de dichas constancias se aprecia que el juez de Control mediante audiencia privada de cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, giró orden de aprehensión en contra de Juan Alberto Zesati García, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de David Velázquez Muñoz, misma que fue cumplimentada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, y en misma fecha se celebró audiencia inicial de formulación de imputación en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 762/2018. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." Ello es así, pues de la demanda de derechos se advierte que el quejoso Juan Alberto Zesati García reclamó la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Así las cosas, del informe justificado que remitió el juez de Control de la capital, señaló como cierto el acto reclamado. Ahora bien, del contenido de los registros de audio y video en un disco compacto formato dvd que remitió la responsable, se advierte que se celebró la formulación de imputación el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 762/2018, instruida a Juan Alberto Zesati García por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de David Velázquez Núñez mediante el cual el juez responsable vinculó a proceso al quejoso por el delito de lesiones en riña, cometidas en perjuicio del mencionado en segundo término; documentales que tienen plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable la tesis del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga .". Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario del amparo, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, auto de vinculación a proceso que resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del citado promovente del amparo. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se cumplimentó la misma y el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de formulación de imputación, mediante la cual se vinculó a proceso al aquí quejoso, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión de la orden de aprehensión girada al promovente del amparo. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman a los grupos Primero y Segundo de Aprehensión adscritas a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas y directores de la Policía Preventiva de Guadalupe y Zacatecas. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. EMVG
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado procesal que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído de doce de los actuales, el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital allegó las documentales consistentes en copias certificadas del audio y video que contiene la audiencia inicial celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 762/2018 en la que figura como imputado Juan Alberto Zesati García y no como señaló el quejoso en su demanda de amparo como Juan Alberto Cezatti García, por el delito de lesiones calificadas, de su índice. Ahora bien, del contenido de dichas constancias se aprecia que el juez de Control mediante audiencia privada de cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, giró orden de aprehensión en contra de Juan Alberto Zesati García, por el delito de lesiones calificadas, en agravio de David Velázquez Muñoz, misma que fue cumplimentada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, y en misma fecha se celebró audiencia inicial de formulación de imputación en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 762/2018. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin efectuar la nueva situación jurídica." Ello es así, pues de la demanda de derechos se advierte que el quejoso Juan Alberto Zesati García reclamó la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Así las cosas, del informe justificado que remitió el juez de Control de la capital, señaló como cierto el acto reclamado. Ahora bien, del contenido de los registros de audio y video en un disco compacto formato dvd que remitió la responsable, se advierte que se celebró la formulación de imputación el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 762/2018, instruida a Juan Alberto Zesati García por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de David Velázquez Núñez mediante el cual el juez responsable vinculó a proceso al quejoso por el delito de lesiones en riña, cometidas en perjuicio del mencionado en segundo término; documentales que tienen plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación. En este sentido, es aplicable la tesis del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga .". Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario del amparo, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, auto de vinculación a proceso que resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del citado promovente del amparo. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se cumplimentó la misma y el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de formulación de imputación, mediante la cual se vinculó a proceso al aquí quejoso, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión de la orden de aprehensión girada al promovente del amparo. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman a los grupos Primero y Segundo de Aprehensión adscritas a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas y directores de la Policía Preventiva de Guadalupe y Zacatecas. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria que autoriza y da fe. "
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