Juan Aaron Olague Landeros

Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
785/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Aaron Olague Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El nueve de octubre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del dieciocho de septiembre al ocho de octubre del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en virtud de que obra agregado un documento original exhibido por el quejoso (foja 153); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a su disposición dicho documento por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, el mismo seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 11811 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el diverso PF/2313/2019 firmado por el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y solicita se le conceda una prórroga para tal fin. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, por única ocasión se le concede a la oficiante una prórroga de diez días hábiles siguientes a su legal notificación, para que remita a este Tribunal Federal las constancias relativas al cumplimiento total de la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional, haciéndole saber que queda subsistente la multa decretada en autos para el caso de incumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil diecinueve, el que suscribe Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del diecisiete al treinta de julio del año en curso. Para las autoridades responsables del dieciséis de julio al doce de agosto del propio año (ya que su periodo vacacional comprendió del veintidós de julio al dos de agosto actual), sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia del doce de julio actual. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el doce de julio del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable respecto de la que se concedió la protección constitucional, secretario de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas, para que dentro del término de TRES DÍAS, dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "Bajo esta perspectiva, procede conceder la protección constitucional solicitada respecto del decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establecen el derecho de control vehicular, al haberse declarado su invalidez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no lo aplique al impetrante del amparo. Derivado de lo anterior, la concesión debe hacerse extensiva a la aplicación de: Los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativos a los impuestos adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas; y, Del artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Ya que dependen de la norma declarada inconstitucional (artículo 99 de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas). Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la quejosa las cantidades cubiertas que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, Impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, en los recibos exhibidos por el solicitante del amparo, devolución que deberá hacer con actualización e intereses correspondientes. Devolver de igual manera debidamente actualizado y con los intereses respectivos, lo erogado por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana, respecto del recibo fiscal de folio V 287775 (3 1).". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo, ya que la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente; ya que el fallo protector sólo tiene el alcance de que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio de los quejosos, pues en atención al marco constitucional, impera el principio de relatividad de la sentencia cuando su naturaleza sea tributaria, tal como sucede en el presente caso, por versar sobre el pago de contribuciones. Lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    ... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Aarón Olague Landeros, contra el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; así como la aplicación del diverso Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, y del artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, así como del cobro por concepto de Cruz Roja, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo, octavo y noveno de esta resolución y para los efectos señalados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe. Jessy

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