Juan Alberto Betancourt Espinoza
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/12/2021
Partes del expediente
- Juan Alberto Betancourt Espinoza
- Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada a las autoridades responsables para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo capítulo octavo, artículo 21, inciso a, prevé que son susceptibles destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes; por lo tanto este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en el inciso a, del citado artículo 21, inciso a del capítulo octavo, pues se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a realizar algún pronunciamiento en relación con el destino de los cuadernos incidentales, debido a que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación del proveído de trece de octubre de este año, fue realizada a la parte promovente del amparo el veinte de octubre siguiente, por lo que, el plazo de quince días que prevén los ordinales 17 y 111, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, transcurrió como se indicó en la certificación de cuenta, sin que hubiere dado cumplimiento a lo requerido en dicho auto. Entonces, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el referido acuerdo y se tiene como acto reclamado el oficio MTN/PM/7106/2021 de veinte agosto del año en curso, mediante el cual se le dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el quince de febrero del presente año. Cesación de efectos del acto reclamado. En relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición relativa a efecto de considerar un punto en la reunión de cabildo a efecto de que se tomara en cuenta su solicitud de jubilación dinámica y pensión de data treinta de octubre de dos mil diecinueve en el Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, por lo tanto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento. Los preceptos legales mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)." A su vez, el ordinal 63, fracción V, de dicha ley, señala: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio de advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La causal en comento se actualiza cuando han cesado los efectos del acto reclamado de forma total, incondicional e inmediata, produciéndose de tal forma el resultado que se obtendría si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, y por consiguiente, es un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 59, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que, en esencia, se reclama la omisión del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, de dar respuesta congruente a la petición presentada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que considerara en un punto de la orden del día, en la próxima reunión de cabildo la jubilación dinámica y pensión pendiente del quejoso Juan Alberto Betancourt Espinoza. Luego, de las documentales remitidas por la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, se advierte que mediante oficio MNT/PM/106/2021 de veinte de agosto del año en curso, la autoridad responsable dio contestación al oficio SRIA.GRAL/008/2021 de quince de febrero de la presente anualidad; por tanto, es incuestionable, que han cesado los efectos del acto reclamado, al no existir más la omisión reclamada. Apoya a lo anterior, la tesis VI.1o.A.61 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 3838, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Décima Época, Registro: 160517, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la referida legislación. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Materia Común, correspondiente a marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Fecha audiencia constitucional sin efectos. Se deja sin efecto legal alguno la fecha de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con diecinueve minutos del treinta de este mes y año. Vista Cambio Titular. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.
- Principal
El Secretario José Javier Ruiz Martínez del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta y nueve minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; y, con la circunstancia de que no obra en autos el despacho girado por acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Amatlán de Cañas, Nayarit. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Tepic, Nayarit, trece de octubre de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la secretaria en funciones de juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes. CONSTE.- TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistas las constancias que obran en autos se advierte que no se ha recibido el despacho girado por acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Amatlán de Cañas, Nayarit, para que en comisión y auxilio de este órgano jurisdiccional, notificara el auto de dicha fecha al tercero interesado Samuel Ortiz Becerra. En consecuencia, gírese atento oficio al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Amatlán de Cañas, Nayarit, para que dentro del término de TRES DÍAS de conformidad con el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2, contados a partir del siguiente al recibo de la comunicación correspondiente, tenga a bien informar el estado procesal en que se encuentra el despacho de mérito o en su caso, de encontrarse debidamente diligenciado lo devuelva a la brevedad, ya que resulta indispensable para agilizar el procedimiento del presente juicio. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el secretario José Javier Ruíz Martínez que autoriza y da fe. LACB
- Principal
13010 y 13011En veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta a la Secretaria en Funciones de Juez, con dos escritos signados por Luis Bautista Zambrano, delegado de las autoridades responsables denominadas Directora de Administración y Director de Servicios Generales, ambos de la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en esta ciudad y cuatro copias de éste. Registros 13010 y 13011. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tienen por recibidos los libelos de cuenta signados por Luis Bautista Zambrano, delegado de las autoridades responsables denominadas Directora de Administración y Director de Servicios Generales, ambos de la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el veintiséis de agosto del año actual. Entonces, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que imponen a los jueces de distrito, los ordinales 84 y 89 de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la sentencia emitida, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el arábigo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que se continuarán incorporando las actuaciones posteriores al presente auto, sin que sea necesario agregar las anteriores dado que éstas obran en el expediente electrónico formado con motivo de este juicio. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Consuelo Elena Laborie Alarcón que autoriza y da fe. Pymt
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