Juan Acevedo Ledezma
Expediente 2483/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2483/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Juan Acevedo Ledezma
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede y toda vez que de autos se aprecia que por oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el catorce de noviembre de la presente anualidad (fojas 1569 a 1576, Tomo III), el delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, por auto de quince de noviembre del año actual (foja 1577, Tomo III), se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento aludido, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciocho de marzo de dos mil quince, por un lado, se determinó sobreseer y por otro, conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 864 a 904, Tomo II), para los efectos siguientes: Además, conforme se precisó, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le debe devolver a la parte quejosa el excedente que pagó mediante recibos 75339, 75340, 75341 y 79466, expedidos los tres primeros el veintiocho de diciembre de dos mil doce y el último, el dieciocho de enero de enero de dos mil trece; así como los diversos 75342, 75343, 75344 y 79467, los tres primeros extendidos el veintiocho de diciembre de dos mil doce y el último, el dieciocho de enero de enero de dos mil trece; lo anterior en virtud de que dichos pagos son una consecuencia de las normas declaradas inconstitucionales. Inconforme con dicha resolución, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión (foja 935, Tomo II), cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, dentro del amparo en revisión número 245/2015, y por ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil quince (fojas 953 a 993, Tomo II), confirmó la sentencia y concedió el amparo y protección a la parte agraviada. Posteriormente, el seis de octubre de dos mil dieciséis (foja 1069, Tomo II), se aperturó incidente innominado a petición del delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; por lo que, seguido el juicio por sus demás trámites legales, el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se resolvió dicho incidente, en el que se determinó devolver a la parte quejosa la suma de $285,979.53 pesos (fojas 1313 a 1319, Tomo III). En contra de esa interlocutoria, la parte accionante del amparo, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja, al cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, radicándolo bajo el número 394/2017 de su estadística, mismo que declaró fundado y en su lugar revocó la interlocutoria dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete y ordenó reponer el procedimiento en el incidente de mérito (fojas 1353 y 1398 a 1417, Tomo III). Consecuentemente, una vez subsanadas las irregularidades destacadas en la ejecutoria de mérito; por interlocutoria de once de junio de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente innominado, en el que se determinó devolver a la parte quejosa el monto de $4,057,700.38 pesos (fojas 1526 a 1534, Tomo III). En consecuencia, a través del oficio sin número, recibido el catorce de noviembre de la presente anualidad (fojas 1569 a 1576, Tomo III), el delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas en todos los juicios de amparo promovidos por la aquí quejosa contra los mismos actos que se tramitaron ante este órgano jurisdiccional, entre ellos, en el que se actúa (62/2013), así como en diversos ventilados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo anterior se considera de esa forma, toda vez que si bien es cierto el amparo de mérito, se concedió para el efecto de que la autoridad exactora responsable reintegrara la cantidad que la empresa quejosa había erogado con motivo de la aplicación de la porción normativa, no menos lo es que dicho numerario no se reintegró de manera material, pero dicha circunstancia en nada impide tener por cumplida la citada ejecutoria, pues consta en autos la conformidad de la parte quejosa respecto que dicho importe se conmutara como quedó precisado antelativamente. Luego, al tratarse de una prestación de carácter pecuniaria, la parte quejosa puede disponer totalmente de dicha prerrogativa y pactar sobre la forma particular en que se satisface dicha devolución, ya que es la titular del derecho involucrado. De ahí que no habría razón para estimar incumplida la ejecutoria de amparo al constar la conformidad de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª. LI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veinte, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: Asimismo, la Jurisprudencia 2ª./J 113/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil dieciocho, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto es el siguiente: Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable denominada Congreso del Estado de Nayarit, las constancias que remitió para el estudio del acto reclamado, en seis tomos (foja 197, Tomo I), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Sesenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través del cual en cumplimiento al fallo protector remite copia certificada de las constancias relativas al laudo emitido el catorce de octubre del año en curso, en el expediente laboral 142/2017 de su índice; sin embargo, el ente oficiante omitió acompañar las constancias de notificación respectivas, no obstante de así haberse ordenado en la ejecutoria de amparo (fojas 26 a 32). En ese tenor, al advertirse que la autoridad en cita no acompaña la notificación correspondiente a las partes y atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una determinación y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía el acuerdo respectivo, ordenar que éste se le notifique en forma personal a la solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia; por tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa las constancias relativas al laudo aludido. Es aplicable al respecto por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: **** Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa con las referidas documentales, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Incidental
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos el oficio y anexo de cuenta presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio y anexo de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 104 a 106, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dos de octubre del año en curso (foja 107), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a dicha parte procesal el ocho de octubre del año actual (foja 110), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió del diez al catorce de octubre de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 36 a 49), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ** De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones pagadas con motivo de la aplicación de los arábigos tildados de inconstitucionales; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable (fojas 104 a 106), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque en el mes de septiembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $7,027.13 (siete mil veintisiete pesos 13/100, moneda nacional), debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $6,988.92 (seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 92/100, moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $6,985.92 (seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 92/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de septiembre de este año, puso a disposición de la parte quejosa el cheque para la devolución de la cantidad reclamada, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución demandada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto del presente año entre el índice para el mes de febrero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de agosto del presente año 103.687; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00589. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $7,027.06 (siete mil veintisiete pesos 06/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $41.14 (cuarenta y un pesos 14/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $7,027.06 (siete mil veintisiete pesos 06/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa cantidad de $7,027.13 (siete mil veintisiete pesos 13/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $0.07 (siete centavos), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. **
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