Juan Aguilera Rios

Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
164/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Aguilera Rios

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Juan Aguilera Ríos, quien se ostenta como representante común de los diversos quejosos, con siete copias que se acompañan, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 164/2021-I. Atento a su contenido, esta juzgadora procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por el cual se regulariza el procedimiento y no se admite el recurso de apelación extraordinaria, dentro del juicio ordinario civil 580/2020, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Con base en lo anterior y por las razones que enseguida se expondrán, la suscrita considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En primer término, resulta conveniente destacar que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo y que se encuentran consignados en el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. Pues bien, en el caso, debe precisarse que el artículo 971, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, es del tenor siguiente: "Artículo 971.- El recurso de queja procederá: . III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación; .". En efecto, el numeral transcrito admite la procedencia del recurso de queja contra la resolución que niegue admitir una apelación. En este caso, en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por el cual no fue admitido el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la ahora parte quejosa en el juicio ordinario civil 580/2020, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad (acto reclamado), la parte agraviada se encontraba obligada a agotar el recurso de mérito previo a la interposición del juicio de amparo, por virtud de que a través de dicho recurso pudo lograr la modificación, revocación o nulificación del auto reclamado; de ahí entonces, que el proveído combatido carezca de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el citado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos de que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución, la parte quejosa no es tercera extraña a juicio, según manifestó en su demanda -pues de su escrito de demanda se desprende que es parte en el juicio-, ni tampoco la procedencia del recurso está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. De igual forma, no se actualiza lo establecido en el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, toda vez que el acto reclamado no fue emitido en ejecución de sentencia, sino que constituye un acto emitido después de juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Juan Aguilera Ríos, quien se ostenta como representante común de los diversos quejosos, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Aaròn Zavala Montañez y Àngel Jesùs Ortiz Guel, quienes cuentan con sus cédulas profesionales número 4293432 y 11678709, respectivamente registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Humberto Ismael Frausto Macías, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el aludido sistema y en los mismos a las personas que señala, por así solicitarlo. Asimismo, se toma nota de la cuenta de correo electrónico proporcionada por la parte quejosa, a través de la cual se podrán entablar comunicaciones no procesales. Como lo solicita, se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), de la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario que proporciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, se destaca que las consideraciones aquí expresadas, son acordes con el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver la queja 54/2019 en materia civil, donde declaró infundado un medio de impugnación contra el auto que desechó una demanda en la que se reclamó el acuerdo que no admite la apelación extraordinaria. Notifíquese personalmente al promovente.

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