Juan Aguilera Rios
Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Aguilera Rios
- JUAN AGUILERA RIOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Aguilera Ríos, mediante el cual cumple con la prevención de demanda de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en atención a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa al promovente Juan Aguilera Ríos, toda vez que dicha parte procesal no lo designó. No obstante ello, infórmesele que posteriormente, podrá substituirlo, si así lo estima. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Esto es, el acto de que se duele la parte quejosa, es el auto de veintiocho de abril de la presente anualidad, a través del que, se decretó la etapa de ejecución forzosa y se tuvo bien y formalmente embargado el bien a que aluda la parte aquí quejosa. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues al acto reclamado no constituye la última resolución dentro del período de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o convenio, o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que éste no constituye el último acto de ejecución en el juicio natural [última resolución], y en consecuencia, la parte quejosa, aún se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que, a su estimación, se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que se dicte la última resolución del citado procedimiento. En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, promovida por Juan Aguilera Ríos y Francisco Aguilera Ríos, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Poder Judicial del Estado y otra autoridad. N.P.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Aguilera Ríos, mediante el cual cumple con la prevención de demanda de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en atención a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de la parte quejosa al promovente Juan Aguilera Ríos, toda vez que dicha parte procesal no lo designó. No obstante ello, infórmesele que posteriormente, podrá substituirlo, si así lo estima. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Esto es, el acto de que se duele la parte quejosa, es el auto de veintiocho de abril de la presente anualidad, a través del que, se decretó la etapa de ejecución forzosa y se tuvo bien y formalmente embargado el bien a que aluda la parte aquí quejosa. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues al acto reclamado no constituye la última resolución dentro del período de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o convenio, o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que éste no constituye el último acto de ejecución en el juicio natural [última resolución], y en consecuencia, la parte quejosa, aún se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que, a su estimación, se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que se dicte la última resolución del citado procedimiento. En esa tesitura, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, promovida por Juan Aguilera Ríos y Francisco Aguilera Ríos, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Poder Judicial del Estado y otra autoridad.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo, y el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el recurso de inconformidad 11/2022. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de inconformidad de que se trata y, en consecuencia confirmó el auto recurrido. En consecuencia, una vez realizado lo anterior remítase al archivo como asunto totalmente concluido en términos del proveído de veinticinco de marzo pasado. Notifíquese personalmente.
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