Juan Aguilar Gazcón

Expediente 888/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
888/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Aguilar Gazcón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso , ----- interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia citada el trece de mayo de dos mil veintiuno, por medio de la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que las responsables Director del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, por sí y en funciones de Presidente del Comité Técnico, por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia y por el Subdirector Jurídico, todos del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán; no rindieron su informe justificado, dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia Constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido, dado que se tuvieron por recibidos en auto de seis de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia Constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO para su desahogo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. ". Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil veintiuno. Agréguense sin mayor proveído los LP/SJ/1346/2020, LP/SJ/1347/2020, LP/SJ/1348/2020, LP/SJ/1345/2020, remitidos vía correo electrónico por el Director del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, por sí y en funciones de Presidente del Comité Técnico, por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia y por el Subdirector Jurídico, todos del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, por medio de los cuales rinden informe respecto de la suspensión de oficio y de plano, toda vez que mediante auto de diecisiete de febrero del año en curso, se proveyó lo conducente respecto de dichos informes. Por otro lado, ténganse por recibidos los oficios LP/SJ/1355/2020, LP/SJ/1354/2020, LP/SJ/1357/2020 y LP/SJ/1356/2020, remitidos vía correo electrónico por el Director del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, por sí y en funciones de Presidente del Comité Técnico, por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia y por el Subdirector Jurídico, todos del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, con los cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, glósese el oficio LP/SJ/ /2021, remitido vía correo electrónico por el Director del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, por medio del cual informa que las autoridades penitenciarias rindieron su informe respecto a la suspensión de plano y justificados; en tales, condiciones dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. En la inteligencia que los aludidos oficios han sido previamente certificados por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- ". Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 77/2021, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia en La Piedad, Michoacán, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 53/2021 (16/2021-D)-III, por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, notificara al quejoso Juan Aguilar Gazcón, quien se encuentra recluido en las instalaciones que ocupa el Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, los proveídos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y veintiocho de enero de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, acúsese recibo a la autoridad de cuenta. En consecuencia, con apoyo en el numeral 27, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene legalmente notificado el citado quejoso de los proveídos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de las constancias remitidas por la autoridad auxiliar, obra la diligencia practicada por el Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Piedad, Michoacán, el uno de marzo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que requirió al quejoso Juan Aguilar Gazcón para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Comité Técnico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán". Por lo tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable bajo el nombre de: "Comité Técnico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán", y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se deja de tener a dicha autoridad como responsable dada su inexistencia, por lo que se tiene por inexistente la autoridad antes referida y se suspende toda comunicación con la misma. Igualmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que las autoridades responsables Director del Centro Penitenciario, Comité Técnico del Centro Penitenciario, Jefe de Departamento de Seguridad y Vigilancia y Subdirector Jurídico, todos del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, fueron debidamente notificadas del proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, por el que se admitió la demanda de amparo y se solicitó informes tanto de la suspensión de oficio y de plano, así como sus respectivos informes justificados, como se aprecia de los oficios mediante los cuales informaron el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano; consecuentemente, se presume cierto el acto que de dichas responsables se reclama, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Centro Penitenciario, Comité Técnico del Centro Penitenciario, Jefe de Departamento de Seguridad y Vigilancia y Subdirector Jurídico, todos del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, remitan copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado que se les reclama, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia Constitucional y se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Notifíquese.

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