Juan Aguilar Gazcón

Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
882/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Aguilar Gazcón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 972/2021, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad, Michoacán, por el cual devuelve diligenciado a este Juzgado Federal el despacho número 534/2021 (280/2021-D), en el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, notificara al quejoso..., el proveído de catorce de septiembre de dos mil veintiuno; acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene debidamente notificada a la parte quejosa del auto antes mencionado. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del cinco al once de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por +++++, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; se ordena formar los expedientes físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 882/2021. De análisis de la citada demanda de amparo, por lo que hace a los actos reclamados a las autoridades administrativas Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, Director del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, Comité Técnico del Centro Penitenciario de La Piedad de Cavadas, Michoacán, Jefe de Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán y Jefe de Seguridad, Custodia y Supervisión de la Autoridad Administrativa de la Autoridad Penitenciaria en el Estado, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". El principio de definitividad del juicio de amparo ordena que antes de promover la demanda de derechos fundamentales, el agraviado por un acto de autoridad debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado. La fracción invocada se avoca a las autoridades distintas de las judiciales, por ende, está aludiendo al amparo contra actos de autoridades administrativas, puesto que la reglamentación del principio de definitividad cuando se atacan actos de autoridades jurisdiccionales, se regula por las fracciones XVIII y XIX del mismo precepto legal. Para que el amparo en materia administrativa sea procedente, es menester que previamente a su instauración se agoten todos los medios legales de defensa, así como los recursos ordinarios que establezcan las leyes que rijan el acto conculcador de derechos fundamentales; de no hacerlo, se decretará la improcedencia del juicio constitucional. En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: ".Lo Constituye la ilegal e injustificada orden de traslado dada por las responsables a efecto de que el suscrito sea trasladado del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, lugar donde me encuentro privado de mi libertad, a otro Centro Penitenciario, el cual ignoro cuál sea, sin tomar en cuenta que actualmente soy procesado por la causa penal 35/ 2013, por el delito de homicidio, mismo que se ventila ante el Juzgado de Mixto de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán, y actualmente se encuentran en trámite, traslado que se ha ordenado, sin que el suscrito haya dado motivo para ello, pues observó buena conducta y atendiendo a todas las ordenes que se me dan, además de que participo en los diversas actividades laborales y de otro tipo que organiza el propio Centro de Reclusión, por lo que no represento peligro alguno para la población del Centro Penitenciario en el que me encuentro; con ello me privan del debido proceso, pues no se me comunicó dicho trámite de mi traslado, lo que sin duda entorpece mis procesos y va en contra de las disposiciones que son reguladas por los código penal, ley nacional de ejecución penal. Quiero manifestar que una vez que me entere de mi traslado a otro diferente, trate de conseguir una cita con el director de Centro Penitenciario, donde me encuentro, para que me dijera mi situación, pero fue inútil, ya que hasta la fecha no me ha podido recibir o no ha querido recibirme. Además de que por el momento y como su Señoría podrá darse cuenta, se encuentran en Huelga todo el Poder Judicial del Estado de Michoacán, y por dicha razón se encuentran tomadas las Instalaciones de los Tribunales de Primera Instancia tanto de Primera Instancia en materia Civil como los de Oralidad y, el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales que le toca conocer de mi situación jurídica, por lo que me es imposible presentar algún trámite ante la Autoridad Competente, en este caso ante la Juez de Ejecuciones de Sanciones Penales, es por esta razón por la cual acudo a Usted, para que me brinde su ayuda y protección, ya que me encuentro imposibilitado dé saber mi situación jurídica dentro de este Centro Penitenciario.". En ese sentido, es oportuno señalar que el acto reclamado no se encuentra previsto en los asuntos urgentes a que alude el numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ni de los previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede la suspensión de oficio y de plano. Precisado lo anterior, en el caso a estudio, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior es de ese modo, dado que dicha Ley establece los tipos de traslados siguientes: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. A su vez, los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, la parte quejosa reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuya emisión y ejecución atribuye a autoridades administrativas, y en el que adujo que aún se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, en virtud de que se encuentra procesado dentro de la causa penal 35/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán, misma que se le instruye por el delito de homicidio. En ese orden de ideas, se infiere que el acto reclamado se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Es de señalar, que el precepto legal invocado en el párrafo que antecede establece: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Ahora, de los últimos dos párrafos del numeral trascrito se deprende, que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez de ejecución o de control tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, así como que en contra de la resolución judicial que al efecto se emita, se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley, además, en caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del traslado, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la aludida determinación administrativa, lo que deberá hacer en términos de la fracción III del artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo anteriormente expuesto, se evidencia que cuando una persona privada de su libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de ejecución o de control, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el órgano jurisdiccional, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Sin que pase inadvertido que, en relación a los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en contra de la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a autoridades administrativas, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Sin que sea obstáculo para ello, la circunstancia que señala el quejoso, en el sentido de que ha tratado de conseguir una cita con el director de Centro Penitenciario, donde se encuentra recluido, sin haberlo logrado; así como, que se encuentra en huelga todo el Poder Judicial del Estado de Michoacán y, por ende, están tomadas las instalaciones de los tribunales de primera instancia en materias civil, penal, de oralidad y de ejecución de sanciones penales, por lo que le es imposible presentar algún trámite en este momento; puesto que, por una lado, la ley es clara en determinar que se debe acudir previamente a dicha controversia judicial para dirimir la cuestión materia del acto reclamado -orden de traslado- y, por otro, el propio impetrante Constitucional señala, que la autoridad competente es el juez de ejecuciones de sanciones penales, sin que haya acreditado que promovió previamente el medio de defensa aludido, y que el mismo se le haya negado o rechazado por las razones que refiere, a fin de estar en condiciones de saber si realmente se encontraba imposibilitado para saber su situación jurídica dentro del referido Centro Penitenciario. De esta manera, cabe destacar que, respecto a la necesidad de que tal medio de defensa suspenda los efectos del acto sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX del artículo 61 de la referida Ley de Amparo, debe precisarse que el numeral 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. Asimismo, prescribe que el Juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. De igual forma, el segundo párrafo del ordinal 124 de la propia Ley de Ejecución, que regula su sustanciación, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedara sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto hasta en tanto se resuelve en definitiva. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez. Incluso, establece que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional, se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Ello, porque según se explicó, la orden de traslado en los términos que lo reclamó el quejoso, configura un caso urgente que impone al Juez de Ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario y, por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes referidas. De igual forma, la suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial, se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental, objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos, tendrá efecto hasta que se resuelva, en definitiva. En esa tesitura, fundadamente se colige que la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. En otro aspecto, por lo que respecta a que no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad, es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación, no implique una violación directa a la Constitución y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe decirse que, en el caso, las mismas no se configuran. Es así, porque el traslado urgente o excepcional, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral: tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Aunado a que, actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Es decir, esa facultad les corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintos precedentes, ha sostenido que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. De ahí que, la orden de traslado urgente o excepcional por parte de autoridad administrativa, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Por último, al haberse demostrado que contra la orden de traslado urgente o excepcional, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que, en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de la reclamada orden de traslado, urgente o excepcional, emitida por autoridad administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, la parte quejosa debía agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Determinación anterior que, cabe señalar, fue asumida en la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Penal y Común, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, que establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales respecto de las aludidas autoridades responsables y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la demanda de amparo en trato se advierte que también ésta resulta notoriamente improcedente, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control y de Ejecución de Sanciones Penales, con sede en la Ciudad de Zamora, Michoacán, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por su parte, la fracción VII del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "ARTÍCULO 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)." De ahí que como ya quedó establecido el quejoso estaba obligado previamente a acudir a esta instancia Constitucional a agotar el recurso procedente, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por tanto, a través de tal medio de defensa ordinario (recurso de apelación), se prevé la posibilidad de que sea modificado o revocado el auto reclamado, es claro que se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad, tal como ya lo dijo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada tesis 1a. XXIV/2021 (10a.). Empero, como no se hizo así, además de que no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad establecido en la causa de improcedencia analizada; entonces resulta evidente que como se anticipó, si contra dicha orden de traslado -acto reclamado destacado- procedía el recurso de apelación, al no haberse interpuesto, el juicio de amparo en tal aspecto, es improcedente. Apoya a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se cita también la tesis de jurisprudencia número 451, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". En las relatadas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, la demanda de derechos fundamentales se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a tener al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este tribunal, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente según su artículo 2°, párrafo segundo. No obstante lo anterior, y toda vez que el quejoso *****, manifiesta que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán; por tanto, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, se constituya en el citado Centro y notifique al citado quejoso el presente proveído. De igual forma, solicítese al Juez requerido que una vez que sea diligenciado el citado despacho, lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, con las constancias que acrediten su diligenciación. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, a Miguel Agustín Magaña Torres, quien gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 516995, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa; no así a Francisco Javier Espinoza Méndez, Luis Gabriel Martínez Pacheco y Luis Alfonso Villalpando Camacho, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se encontró dato inherente a sus cédulas profesionales. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Así también desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase.

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