Juan Aguila Pichon

Expediente 308/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
308/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Aguila Pichon
  • RAYMUNDO AGUILA PICHON y Otros.
  • Raymundo Aguila Pichon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos la razón asentada por la actuaria judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente la sentencia de amparo dictada en autos y el proveído de uno de junio del año en curso, a la tercera interesada de identidad reservada M.G.O.A., pues manifiesta que al constituirse en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la referida parte procesal mediante escrito presentado el diez de mayo del año actual, fue atendida por una persona del sexo masculino, quien le confirmó que estaba en el domicilio correcto pero que no conocía a la referida tercera interesada. En consecuencia, en atención a la razón que se provee, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar mediante lista a la tercera interesada de identidad reservada M.G.O.A. la sentencia de amparo dictada en autos y el proveído de uno de junio del año en curso, así como las subsecuentes determinaciones de carácter personal. Notifíquese por lista a la tercero interesada de identidad reservada M.G.O.A., el presente proveído, la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, así como el acuerdo de uno de junio del año en curso. (SENTENCIA DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO) R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raymundo Águila Pichón, contra los actos que reclamó de la 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla María Guadalupe Muñoz Pérez, consistente en las resoluciones pronunciadas en audiencia celebrada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en las que dictó auto de vinculación a proceso en su contra e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente al quejoso en lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados; mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. (AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO) San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintiuno, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. No es obstáculo para lo anterior, que en autos de presente expediente no obre constancia de notificación de la referida sentencia a la tercera interesada M.G.O.A., dado que, al haberse negado el amparo, la citada resolución no le causa perjuicio alguno, por lo que no se encuentra legitimada para recurrirla. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la suspensión provisional como la definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla María Guadalupe Muñoz Pérez, como apoyo a su informe justificado, consistente en el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa 761/2021/PUEBLA (foja 43 a 101), que obra en un disco versátil digital agregado a foja ciento dos, se ordena su devolución, previo desglose e inserción de foja de sustitución. No ha lugar a solicitar el acuse de recibo de la constancia devuelta, en virtud de que la autoridad destinataria tiene su domicilio en la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado, por lo que se instruye al actuario judicial que corresponda notificar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva se haga constar la entrega de la documental descrita. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de que se haya notificado la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, a la parte tercera interesada M.G.O.A.; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso K), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que notifique la referida sentencia a dicha parte procesal en el domicilio que proporcionó para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; personalmente a la tercera interesada M.G.O.A., el presente auto y la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno; por lista a sus autorizados; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintiuno, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. No es obstáculo para lo anterior, que en autos de presente expediente no obre constancia de notificación de la referida sentencia a la tercera interesada M.G.O.A., dado que, al haberse negado el amparo, la citada resolución no le causa perjuicio alguno, por lo que no se encuentra legitimada para recurrirla. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la suspensión provisional como la definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla María Guadalupe Muñoz Pérez, como apoyo a su informe justificado, consistente en el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial administrativa 761/2021/PUEBLA (foja 43 a 101), que obra en un disco versátil digital agregado a foja ciento dos, se ordena su devolución, previo desglose e inserción de foja de sustitución. No ha lugar a solicitar el acuse de recibo de la constancia devuelta, en virtud de que la autoridad destinataria tiene su domicilio en la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado, por lo que se instruye al actuario judicial que corresponda notificar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva se haga constar la entrega de la documental descrita. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de que se haya notificado la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, a la parte tercera interesada M.G.O.A.; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso K), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que notifique la referida sentencia a dicha parte procesal en el domicilio que proporcionó para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; personalmente a la tercera interesada M.G.O.A., el presente auto y la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno; por lista a sus autorizados; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raymundo Águila Pichón, contra los actos que reclamó de la 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla María Guadalupe Muñoz Pérez, consistente en las resoluciones pronunciadas en audiencia celebrada el veinte de marzo de dos mil veintiuno, en las que dictó auto de vinculación a proceso en su contra e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente al quejoso en lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados; mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el escrito signado por la tercera interesada de identidad reservada de iniciales M.G.O.A, y visto su contenido, se le tiene apersonada en el presente juicio de garantías y señalando como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica en su escrito de cuenta. Notifíquese por lista a las partes.

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