Jovita Rojas Garcia
Expediente 198/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JOVITA ROJAS GARCIA y Otros.
- Jovita Rojas Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de las autoridades responsables, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Marisol En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. .I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 198/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jovita Rojas García y Suri Sadai Rojas García; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Jovita Rojas García y Suri Sadai Rojas García, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: Las órdenes de búsqueda, detención o privación de la libertad, decretadas en contra de las quejosas Jovita Rojas García y Suri Sadai Rojas García, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación I de Teziutlán, Puebla. Negó 2. Jefe de Grupo Encargado de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Teziutlán, Puebla (en su denominación correcta). Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jovita Rojas García y Suri Sadai Rojas García, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables citadas en el diverso tercero. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-, y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo aclaratorio rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación I de Teziutlán, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe únicamente por lo que hace a la quejosa Suri Sadai Rojas García, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Notifíquese por lista a las partes...
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las quejosas Jovita Rojas García y Suri Sadai Rojas García, mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, y remitido en la misma fecha a este juzgado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Uno, con sede en Teziutlán, Puebla -en su denominación correcta- y del 2. Jefe de Grupo Encargado de la Agencia Estatal de Investigación con sede en Teziutlán, Puebla -en su denominación correcta-. Por acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 198/2021; y, se admitió a trámite -con incidente de suspensión- por las órdenes de busca, detención y/o privación de libertad, así como su ejecución; se requirieron los informes justificados y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, como se desprende de autos, en sus informes de ley, las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman -órdenes de busca, detención y/o privación de libertad, así como su ejecución-; de ahí que no existan los actos reclamados. No se inadvierte que en apoyo a su informe, el 2. Jefe de Grupo Encargado de la Agencia Estatal de Investigación con sede en Teziutlán, Puebla -en su denominación correcta- remitió copia del oficio 206/2021/TEZIUI de doce de marzo de dos mil veintiuno, signado por el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Uno, con sede en Teziutlán, Puebla y derivado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/TEZIU-I/002058/2021 promovida por Anabil Arias Baltazar en contra de las aquí quejosas por la aparente comisión del delito de lesiones dolosas, en el que se advierte que le solicitó: ( Que recabara la información necesaria para esclarecer los hechos denunciados en la mencionada indagatoria; ( Que practicara inspección ocular en el lugar donde se cometió el hecho -indicando el domicilio específico-, elaborara un acta circunstanciada del desarrollo y desahogo de esa diligencia, realizara una búsqueda de indicios y evidencias relacionados con el acto investigado e informara si se contaba con videograbaciones públicas o privadas, las cuales de ser así, debía presentar por medio de fijación, o en su caso, embalaje y traslado, requisando la correspondiente cadena de custodia; ( Que buscara y localizara testigos de los hechos y les recabara entrevista; ( Que investigara el modus vivendis y operandi de las aquí quejosas y estableciera relación víctima - victimario; y, ( Que rindiera el informe solicitado en un plazo no mayor de diez días a partir de la recepción de dicha solicitud, con el apercibimiento correspondiente. Sin embargo, si bien es cierto de la copia de dicha misiva, la cual por tratarse de una documental pública cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, -supletorio de la Ley de Amparo- se desprende la existencia de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/TEZIU-/002058/2021 promovida por Anabil Arias Baltazar en contra de las ahora quejosas por la aparente comisión del delito de lesiones dolosas; también lo es que no se advierte que se haya dictado o emitido alguna de las ordenes de captura reclamadas. Al respecto, debe señalarse que aun y cuando tal carpeta de investigación exista, no puede considerarse lo mismo respecto de alguna de las órdenes de captura combatidas, cuya existencia hasta la fecha no se encuentra acreditada, puesto que no deriva necesariamente de la existencia de una indagatoria, ni siquiera podría establecerse una presunción de certeza del acto reclamado a través de la documental de mérito. Lo anterior, cobra mayor relevancia con el hecho de que de la documental exhibida no se advierte que se haya dictado algún mandamiento de captura emitido en contra de las ahora quejosas. Entonces, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos; esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos antes precisados sí existen y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las citadas autoridades y acreditar que, como lo afirma, existen los actos referidos anteriormente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del uno de abril de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; así como, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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