Juan Adrián Martínez López
Expediente 1064/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/08/2017
Partes del expediente
- Juan Adrián Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ***** , hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintiuno de agosto de la presente anualidad, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....vi
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Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por el quejoso ******, mediante el cual, en cumplimiento con la prevención formulada en auto de catorce de agosto del año en curso, manifiesta textualmente, lo siguiente: PRIMERO.- Si es mi deseo señalar como acto reclamado, la integración de la carpeta de investigación instruida en mi contra, con motivo de la vista otorgada por el Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. SEGUNDO.- Si es mi deseo señalar, en consecuencia al punto anterior, como autoridad responsable a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, con domicilio en Luis Vega y Monroy, número 302, Colonia Plazas del Sol. TERCERO.- Si es mi deseo señalar como actos reclamados de la autoridad responsable FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, los siguientes: 1.- La integración de alguna carpeta de investigación instruida en contra del quejoso. 2.- La integración de alguna carpeta de investigación en contra del quejoso derivada de alguna vista realizada por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro o alguna de sus dependencias. 3.- La integración de alguna carpeta de investigación en contra del quejoso derivada de alguna carpeta diversa que tenga como origen la vista realizada por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro o alguna de sus dependencias. 4.- La recepción e integración de alguna carpeta de investigación .en la que el quejoso se encuentre en investigación, aun cuando no se haya señalado la probable responsabilidad. DESECHAMIENTO En consecuencia a lo anteriormente esgrimido, éste juzgado estima que, por cuanto ve al acto reclamado y a la nueva autoridad señalada como responsable por el quejoso, en su escrito aclaratorio de demanda, es procedente desechar la demanda de amparo, en base a lo que se expondrá mas adelante. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese contexto, esta Juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que regulan el juicio de amparo. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 61.- . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación), e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 334092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejos causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de surte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Ahora bien, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite la titularidad de un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que reclama y su ejecución. En efecto, constituye un presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o la ley reclamada en un juicio de garantías cause perjuicio al quejoso. En el caso concreto los actos que en esta vía constitucional se reclaman no causan un agravio directo e inmediato en la esfera jurídica de la parte peticionaria de garantías, puesto que un acto reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona ya sea física o moral mediante la lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es sólo hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de incoar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo, pero de ninguna forma como acontece en la especie, toda vez que el promovente JUAN ADRIÁN MARTÍNEZ LÓPEZ, aduce en los antecedentes de su demanda: 1.- Que durante el desempeño de sus funciones no recibió notificación alguna sobre el inicio de algún procedimiento o cuaderno de investigación en su contra. 2.- Que renunció en su cargo a partir del treinta de septiembre de dos mil quince y posteriormente a esa fecha y anteriormente a la separación de su cargo, en ningún momento fue requerido o citado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de algún procedimiento de responsabilidad administrativa. 3.- No obstante lo anterior, que el siete de agosto de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento que en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se encontraba una carpeta de investigación incoada en su contra, ello con motivo de una "vista" remitida por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro dentro de un expediente de responsabilidad administrativa. Siendo precisamente la integración de dicha carpeta de investigación iniciada en su contra lo que constituye ahora uno de los actos reclamados. En esa razón, en el caso concreto los actos que en esta vía constitucional se reclaman no causan un agravio directo e inmediato en la esfera jurídica del peticionario del amparo, puesto que un acto reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona ya sea física o moral mediante la lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es sólo hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de incoar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, pero de ninguna forma como acontece en la especie, toda vez que el promovente JUAN ADRIÁN MARTÍNEZ LÓPEZ, manifestó que es su deseo señalar esencialmente como acto reclamado destacado, la integración de alguna carpeta de investigación instruida en su contra por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sin embargo, dicho acto de momento, no le irroga perjuicio al impetrante, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, con número de registro 2012423, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto 2016, tomo IV, Materia común, visible en la página 2592, que a la letra enuncia: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Por otro lado, se puntualiza que el quejoso en su demanda de amparo, el quejoso reclama también esencialmente lo siguiente: 1.- Omisión de las autoridades responsables de otorgar el derecho de audiencia en el procedimiento de responsabilidad administrativa por el cual se emitió una declaratoria de que el suscrito sujeto a la investigación respectiva, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio, de los bienes adquiridos o de aquellos en donde se conduzca como dueño, durante el tiempo y con cargo o por motivos del mismo. 2.- Resolución administrativa que determina una sanción en contra del suscrito (.) la cual nunca fue notificada al suscrito. 3.- Acuerdo de inicio Procedimiento de responsabilidad administrativa; que se inició en contra del suscrito y del cual nunca fui notificado. 4.- Resolución administrativa "Expediente de corroboración de veracidad de información declarada en manifestación de bienes"; resolución que dictamina que existen posibles inconsistencia y omisiones en las manifestaciones de bienes presentadas por el suscrito; el cual nunca me fue notificado. 5.- Reporte cronológico documento base del dictamen "Expediente de corroboración de veracidad de información declarada en manifestación de bienes"; el cual nunca me fue notificado. 6.- Acuerdo de inicio de Cuaderno de Investigación Administrativa, que se inició en contra del suscrito y el cual nunca me fue notificado. 7.- Acto mediante el cual la Secretaría de la Controlaría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, comunica o remite a la Fiscalía General del Estado de Querétaro el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en mi contra; el cual nunca me fue notificado. Sin embargo, previo a acordar respecto del trámite del juicio que nos ocupa, en auto de catorce del mes y año en curso, se previno al quejoso a efecto de que desahogara diversos puntos y, por otro lado se requirió al Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a fin de que remitiera la resolución emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa, instruido en contra del quejoso y, que informara a éste juzgado, si el promovente había sido debidamente notificado de dicho procedimiento. A lo cual, el Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa, en representación del Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dio contestación a través del oficio 19815/2017, el que en proveído de diecisiete de agosto del año que transcurre, se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de agosto del año en curso y al efecto, hoy al respecto se provee: 1. Luego de una búsqueda en los archivos de esta Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se aprecia que no existe un procedimiento de responsabilidad administrativa instruido por esta Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en contra de Juan Adrián Martínez López, por lo que no es posible remitir copias certificadas de una resolución y una notificación inexistentes. (.) En razón a lo expuesto, se tiene que en el asunto que nos ocupa, ni el Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; ni el suscrito como anterior Director Jurídico y de Atención a la Ciudadanía y actual Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa; ni el Jefe del Departamento Jurídico y de Responsabilidades Administrativas; ni la Jefa del Departamento de Registro Patrimonial y de Sanciones, emitieron, ordenaron ni ejecutaron ninguno de los actos reclamados en contra del aquí quejoso y que se encuentran descritos en los numerales 1 a 7 del escrito de demanda de amparo, formulada por Juan Adrián Martínez López." En virtud de lo anterior, se estima que también se actualizan, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual a la quejosa. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del aquí quejoso, y por otro, se trata de actos futuros e inciertos. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Sin embargo, atendiendo al acto reclamado, a criterio de éste juzgado, el acto que el aquí quejoso combate, no le causa una afectación real y actual en su esfera de derechos humanos. Del análisis de la demanda que se promueve, se advierte que resulta notoriamente improcedente por las siguientes razones: En efecto, el acto que se combate en la vía constitucional, no le depara perjuicio alguno al impetrante, toda vez que en el caso concreto, el quejoso reclama esencialmente, el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra, así como la resolución emitida en el mismo, en la que aduce el quejoso, se resolvió que no justifica la procedencia licita del incremento sustancial de su patrimonio, así como de los bienes adquiridos o de aquellos en donde se conduzca como dueño, durante el tiempo que duró en su cargo de servidor público en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (uno de octubre de dos mil nueve a treinta de septiembre de dos mil quince), así como la falta de notificación del citado procedimiento administrativo instruido en su contra, por medio del cual, señala el impetrante, se le impuso una sanción y, que posteriormente la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dio vista con dicho procedimiento a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. De lo anterior, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la posible afectación en sus intereses; por lo tanto, debe probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, lo cual, no se actualiza en el caso en concreto, al no hacer manifestación alguna respecto de la fecha que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que a la fecha no acontece el mismo. Lo que resulta insuficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo, de donde resulta evidente de que en el caso particular, lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Se corrobora lo anterior, con lo manifestado por el Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual, informó que dentro de los archivos de esta Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, no existe un procedimiento de responsabilidad administrativa instruido, en contra de Juan Adrián Martínez López. Precisado lo anterior, es válido concluir que hasta el momento, el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 77 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de garantías, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce de la garantía individual violada, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. En efecto, al no haber certeza de que los actos reclamados se produzcan, se estima que los actos combatidos en esta vía constitucional son de realización futura e incierta, por lo que no tienen el carácter de inminentes, lo que trae como consecuencia la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en febrero de 1992, visible en la página 135, con número de registro 220445, la cual textualmente indica: "APERCIBIMIENTOS. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el aviso con apercibimiento, como sería la suspensión de obra, o bien destrucción, demolición o clausura, según el caso, hasta en tanto no se obtenga el permiso a que se contrae el aviso, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara con la construcción de la obra sin el permiso correspondiente y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo que podría no suceder. Por tanto, al no haber certeza de que el acto se produzca, ya que su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por lo que debe estimarse que se trata de actos futuros e inciertos que no tienen el carácter de inminentes, por lo que no procede en su contra el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 192 de la Ley de Amparo." Dado lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas en párrafos precedentes, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal al promovente, con copia del presente proveído.....VINotifíquese personalmente al quejoso.
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Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico y de Responsabilidad Administrativa, en representación del Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual, da cumplimiento con el requerimiento formulado en auto de catorce de agosto del año en curso; en consecuencia, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el quejoso dé cumplimiento con la prevención formulada en dicho proveído. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.....VI
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Visto el escrito de cuenta recibido electrónicamente, y atento a su contenido, de conformidad con el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el alta del expediente electrónico para su consulta, con el usuario "*****"; ello es así, conforme al tercer párrafo del artículo 64 del Acuerdo antes mencionado, que establece que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.....VI
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