Josué Yavel Rodríguez Estrada
Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2022
Partes del expediente
- Josué Yavel Rodríguez Estrada
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de abril de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Se ordena archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, fracción b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintidós. I. Ratificación de firma. Vista la comparecencia que antecede, de la que se advierte que el promovente ******************** compareció al local que ocupa este recinto judicial, a efecto de ratificar la firma de la demanda de amparo que promueve por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************en atención al requerimiento formulado en auto de diez de marzo del año en curso, en consecuencia se provee: II. Desechamiento. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede a su estudio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado. Apreciada de manera íntegra la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la parte solicitante del amparo, reclama de las autoridades responsables, esencialmente lo siguiente: La detención del menor quejoso con motivo de un accidente de tránsito y la calificación de legalidad de dicha orden, así como las audiencias de calificación emitidas en la orden de servicio ******************** de fechas dieciséis y veintiocho de febrero de dos mil veintidós, relativas al parte de accidente ********************, del índice del Juzgado Cívico Municipal de Querétaro, mediante las cuales se determinó la responsabilidad del citado menor en el hecho de tránsito, se le impuso una infracción administrativa consistente en una amonestación verbal y se determinó que el vehículo en el que iba a bordo, del cual el promovente ******************** se aduce propietario, quedará en garantía por el término de treinta días. La precisión anterior se efectúa en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, registro 195745, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa, ya que, contra tal acto la quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad. En la especie, a juicio de este órgano federal se actualiza la causa de improcedencia a que alude la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se sigue que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de que pueda ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate; y, en ese sentido, se establecen como excepciones al principio de definitividad: 1) que el plazo que el recurso o medio de defensa exija para conceder la suspensión, sea mayor al previsto por la Ley de Amparo, 2) si solo se alegan violaciones directas a la Constitución, 3) si el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento y no en ley; y 4) si el acto carece de fundamentación y ésta se emite hasta la rendición del informe justificado. En el caso, el acto reclamado lo constituyen las audiencias de calificación, mediante las cuales la autoridad responsable sancionó al menor quejoso con una amonestación verbal y determinó que el vehículo en el cual iba a bordo quedará en garantía por el término de treinta días; así como la detención del citado menor con motivo del accidente de tránsito y la calificación de legalidad de dicha orden. Actos en contra de los cuales procede el juicio contencioso administrativo local. Lo anterior, toda vez que los artículos 109 y 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, establecen que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, se podrá interponer el recurso de revisión, el cual es optativo agotarlo, pues también se puede ocurrir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Por su parte, del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, así como del diverso 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se desprende que ante los actos de naturaleza como los que nos ocupan, es factible controvertirlos de manera optativa, a través del recurso de revisión en la vía administrativa, pero dada su optatividad, también procede el juicio contencioso administrativo, y es precisamente ese medio ordinario de defensa el que la parte quejosa debió agotar previo a acudir al presente juicio de amparo. Es así, toda vez que el artículo 4, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en forma específica establece que el tribunal conocerá de los actos que impongan multas por infracción a las normas administrativas municipales; como sucede en el caso concreto, pues se reclaman las audiencias de calificación, mediante las cuales la autoridad responsable impuso al menor quejoso una infracción administrativa, consistente en una amonestación verbal y determinó que el vehículo en el cual iba a bordo quedará en garantía por el término de treinta días; así como la detención del citado menor con motivo del accidente de tránsito y la calificación de legalidad de dicha orden. De lo cual se obtiene que, el acto reclamado fue emitido por una autoridad de naturaleza administrativa, además de que es a través de dicho medio ordinario de defensa que puede obtener su modificación, revocación o nulificación, dado que se ubica en la hipótesis que establece el citado artículo 4, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. En consecuencia, previo al presente juicio de amparo, la parte quejosa estaba obligada a interponer los medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para salvaguardar sus derechos; sin que en el caso concurra alguna de las hipótesis de excepción mencionadas, pues se estima que con el medio ordinario de defensa, la parte quejosa pudo obtener la suspensión del acto que le agravia, mediante la satisfacción de los mismos requisitos que se exigen para el juicio de amparo. Ello, porque el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, establece lo siguiente: "Artículo 32. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien los supla; III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio correspondiente, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. c) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes; IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Lo anterior, pone de manifiesto la posibilidad real y legal de que el quejoso pudiera obtener el beneficio de la suspensión del acto reclamado bajo condiciones que no superan los requisitos que al respecto exige la Ley de Amparo, toda vez que prevé que en el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados procede, a satisfacción de los requisitos siguientes: 1. Que la solicite la parte agraviada. 2. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. 4. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. 5. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. Como se observa, tratándose de la suspensión a instancia de parte, la legislación en comento no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión, pues conforme a los artículos 126 a 130 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede de oficio y a instancia de parte; asimismo, para verificar la procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano, el juzgador de garantías sólo debe constatar que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o bien, que se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En cambio, de presentarse supuestos diversos a los anteriores, la suspensión procede a instancia de parte, cuando se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la solicite el agraviado. b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Por tanto, al no establecerse en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, mayores requisitos para obtener la suspensión del acto reclamado, que los previstos en la Ley de Amparo, la parte quejosa previo a instar el juicio constitucional debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, a fin de observar el principio de definitividad que rige en la instancia constitucional. Sirve de sustento la jurisprudencia PC.XXII. J/2 A (10a.), con registro digital 2013972, emitida por el Pleno de este Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Al tenor de dicho criterio, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, debe concluirse que las audiencias de calificación y demás actos derivados de éstas, encuentran reparabilidad por ese medio. En ese sentido, no se actualizan los casos de excepción al principio de definitividad que señala la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el plazo que el recurso o medio de defensa legal exige para conceder la suspensión provisional, no es mayor al establecido en la Ley de Amparo y dicho recurso o medio de defensa se encuentra previsto en la ley y no en un reglamento. Asimismo, de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa solo alegue violaciones directas a la constitución, pues incluso controvierte cuestiones de legalidad, como lo relativo a que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado. Por otro lado, el acto reclamado tampoco carece de fundamentación y motivación, porque de las constancias de las audiencias de calificación reclamadas, se advierte que se establecieron los dispositivos legales aplicables y los motivos por los cuales se emitió dicha infracción administrativa en contra del menor quejoso y se dejó en garantía el vehículo que éste conducía al momento del accidente (artículos 21, 22, 23 y 115 del Reglamento de Justicia Administrativa del Municipio de Querétaro, al determinar la responsabilidad del menor quejoso en el hecho de tránsito); por ende, sin hacer mayor pronunciamiento de fondo, se concluye que en la especie no se surte la hipótesis señalada. Asimismo, en las propias constancias de las audiencias se hizo saber a la parte quejosa que dichas determinaciones eran recurribles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 151 del Reglamento de Justicia Administrativa del Municipio de Querétaro. En consecuencia, antes de promover el presente juicio, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo, conforme al cual podría nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que con la anterior determinación se transgreda a la parte quejosa en su esfera de derechos, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014 (10a.), de la anotada Sala, localizable en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005717, de rubro y contenido que dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." IV. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/********************0, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. V. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/********************0) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/********************0) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/********************0, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/********************0 y Circular 14/********************0; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/********************0, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. VII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de marzo de dos mil veintidós. I. Autoridades informan. Agréguese a los autos los oficios signado por el Director del Hospital General de Cadereyta de Montes y en representación del Director y del Jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante los cuales informan la fecha en que se le notificó la sentencia dictada en autos, así como el recurso de revisión interpuesto contra de ésta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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- Juan Adrián Martínez López1064/2017
- Juan Alberto Arceo López524/2020
- Juan Alberto Estrada Ortegón1232/2018