Jovito Camacho Escamilla
Expediente 120/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jovito Camacho Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Xalapa, Veracruz; tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículo 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que EL AUTO EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE ASUNTO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido
- Principal
SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUCIO DE AMPARO, TODA VEZ QUE A LA AUTORIDAD A LA QUE SE LE RECLAMA EL ACTO RECLAMADO, NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto es estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y constancias que lo integran, se advierte que, en el caso, sobreviene de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo citado artículo 61, fracción XXIII, prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5°, señala que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. Luego, de la interpretación de los artículos que anteceden, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo no procederá contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Con la finalidad de entender mejor el concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio, se hace necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia ha denominado así al órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, en las que se afecta derechos de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. (.) Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y de trabajo. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado por el quejoso es: Ahora bien, en el caso, el acto reclamado por el quejoso es: La omisión del Director de Nóminas Federal de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad, de dar contestación en breve término, por escrito, de manera fundada y motivada, al escrito presentado en la Oficialía de Partes del Departamento de Nóminas del Sistema Federalizado de la Secretaría de Educación de Veracruz, el veintidós de mayo de dos mil veinte. Sin embargo, en atención a lo aquí analizado en relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, a la naturaleza del acto destacado y, al contenido del informe justificado que obra en autos, se estima que a la persona señalada como responsable, no le asiste el carácter de autoridad; puesto que actúa en un plano de índole laboral y no de supra a subordinación entre gobernantes y gobernado. Es así, pues el acto que le atribuye el quejoso deriva de una relación de coordinación entablada entre particulares en la que actúan en un mismo plano de igualdad, específicamente, proviene de la relación laboral entre el ente público y el peticionario del amparo, debido a que la omisión de la autoridad de eliminar la retención de descuentos en su nómina (consecuencia directa de la desatención al escrito presentado), deriva de obligaciones contractuales. Y si bien, como se indicó, el quejoso reclama específicamente la desatención de dicha autoridad al escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veinte, por el que solicitó fueran detenidos de manera inmediata diversos descuentos que se han presentado a su salario, en términos del artículo 8º Constitucional. Lo cierto es que dicho actuar queda comprendido en la citada relación patrón-empleado que los vincula, como se observa de lo argüido por el quejoso en su escrito de amparo y por quien fue señalado como autoridad responsable en su informe justificado, la cual existe, como se dijo anteriormente, de forma análoga y que no emerge del imperio que corresponde a la Secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su salario, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales. Dado que la posición del quejoso frente al ente educativo no es el de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, entre el ente público como empleador y él, como su trabajador. En este sentido, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia destacada, en términos del diverso 63, fracción V, de la Ley de la materia, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO. (.) En consecuencia, déjese sin efecto el señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE; dese aviso a la autoridad responsable; y, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.Notifíquese personalmente. ... "
- Principal
Xalapa, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vistos el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no comienza a transcurrir el término de ocho días concedido a la parte quejosa, a fin que esté en oportunidad de conocer el contenido del informe justificado que obra en autos. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese como corresponda.
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