Jovita Gómez Rosas
Expediente 569/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jovita Gómez Rosas
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
Dada imposibilidad de notificar personalmente a promovente, efectúese por lista fijada en los estrados, así como las subsecuentes: "Xalapa, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa *********, mediante el cual cumple la prevención realizada en autos. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. Conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Los dispositivos transcritos establecen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo 1998, Tomo VII, página 890, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso, se advierte que, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al ********* y otra, de quienes reclamó lo siguiente: La resolución de *********, dictada por el *********, mediante el cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones dentro del juicio civil número ********* de su índice; así como su ejecución. En la especie, este Juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, como así se expondrá en párrafos subsecuentes. Al respecto establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora, la fracción transcrita con anterioridad, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad. Éste consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados. Asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan a tal carga procesal en tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. De lo anterior se sigue que, previamente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, la parte quejosa debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que sea procedente conforme a las leyes que rijan los actos y que pueda producir como efecto su modificación, revocación o nulidad. En ese sentido, como se dijo, la anterior hipótesis de improcedencia se actualiza en la especie. Sin que en el caso, opere alguna de las excepciones al principio de definitividad que establece el artículo antes transcrito. Así, es evidente que el acto reclamado por la quejosa no encuadra en los casos de excepción contenidos en los incisos a), b) y c) del artículo 61 fracción XVIII, de La Ley de Amparo, pues éste lo constituye la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil *********, en donde se advierte que dicha quejosa fue demandada por *********, la desocupación del bien inmueble ubicado en avenida *********. Luego, es claro que, por su naturaleza, el acto que se combate no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como a un acto que afecte su libertad personal, por lo que no se actualiza la referida excepción. En ese orden, tampoco se actualiza la excepción consistente en que la parte quejosa sea una persona extraña al juicio natural *********, del índice del *********, tal como se señaló en el párrafo precedente. Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia citada, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o confirmada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I.4o.C.J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 361, tomo VI, correspondiente de julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN." Lo anterior es así, ya que en contra de dicha resolución interlocutoria es susceptible de impugnarse mediante el recurso de apelación previsto en los artículos 509 y 512 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, que disponen: "Articulo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." "Articulo 512. La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto." Del análisis del artículo transcrito con anterioridad, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues los actos reclamados fueron emitidos en un procedimiento judicial del cual conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 509 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pueden hacer valer en el procedimiento como el que nos ocupa, como lo es el recurso de apelación. En este orden de ideas, si el Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz señala expresamente en el artículo precisado en el párrafo precedente, la procedencia del recurso de apelación en contra de los autos que resuelvan un incidente, lo que sucede en el caso; por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o confirmado el citado acto. La tercera hipótesis en estudio, también se actualiza en la especie, pues el recurso de apelación procede contra el acto reclamado, el cual debe presentarse ante el Juez que pronunció la resolución. La última de las hipótesis antes relacionadas, también se actualiza, en virtud de que los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o confirmados a través del recurso de apelación antes señalado, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, en el caso que nos ocupa, que el superior modifique, revoque o confirme la interlocutoria recurrida. Con lo anterior se llega a la conclusión, que al no haberse dado cumplimiento al principio de definitividad bajo el cual se rige el juicio de amparo, puesto que no se agotó el medio de defensa ordinario que prevé la ley que regula el acto reclamado, es decir, el recurso de apelación, el cual pudo haber tenido por efecto revocar, modificar o confirmar la determinación combatida. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII, con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, correspondiente a mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Lo anterior, hágase de conocimiento a la parte quejosa y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Cumple prevención; SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, no se agotó recurso o medio de defensa ordinario.
- Principal
Vista la demanda de amparo; se previene a promovente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo.
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