Josue Sidonio Rodriguez Cuevas

Expediente 952/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
952/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Josue Sidonio Rodriguez Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con el que remite copia certificada de la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja penal 131/2018, interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y en atención a su contenido, se provee: Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a la parte quejosa el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto, por los razonamientos vertidos en el considerando sexto de la presente resolución." Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo; y que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por la parte quejosa que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de queja 131/2018, del que se advierte que se admitió el aludido recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, y se acusa recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Silvano Escobedo Castro, autorizado en términos amplios del quejoso Josué Sidonio Cuevas, al que dos copias, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo que promovió el quejoso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de la Materia, hágase del conocimiento de la Superioridad que es cierto que este Juzgado dictó un auto el diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano por manifiesta e indudable improcedencia la demanda que dio origen al presente juicio constitucional. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Josué Sidonio Rodríguez Cuevas, con tres copias que acompaña y del escrito en alcance a la misma contra un acto de la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común Mesa 10, que estima violatorios en su perjuicio, de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 17 y 21 de la Constitución General de la República; fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 952/2018-VIII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable, en esencia, lo siguiente: La abstención de resolver la carpeta de investigación RU/PGJE/SLP/UIL/7055/2017. En concepto de esta juzgadora, sobre la omisión ahora impugnada, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda de que se trata en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación con lo dispuesto en los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Asimismo, cabe tener presente el contenido del artículo 16, decimocuarto párrafo, de la Constitución Federal, que establece: "Art. 16.- [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. [.]" De la interpretación sistemática de los tres últimos numerales transcritos se desprende que el Juez de Control tiene y le corresponde la facultad de resolver en forma inmediata, por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. De igual forma, debe destacarse que de conformidad con el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales , la autoridad judicial tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Asimismo, que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí, o por medio de su representante, ante la autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos, omisiones o normas generales, de tal suerte que la ordinaria debe de agotarse previamente. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto o la omisión reclamada, actualiza la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia constitucional. En ese orden de ideas, y de la interpretación de los artículos en consulta, se puede concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben sujetarse a revisión judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. La interpretación del numeral 258 del Código Nacional no debe hacerse en sentido estricto, es decir, que no sólo los actos taxativos ahí plasmados merecen ser revisados por el juez de control, sino que en general, todas las actuaciones de la representación social que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, por lo que todas aquellas omisiones del Ministerio Público acaecidas en la etapa de investigación, como la que se reclama, también deben ser revisadas por el juez de control. Además, no debe soslayarse que justamente con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, las actuaciones del órgano acusador se regulan por un juzgador, a fin de que su actuación esté controlada y se subsanen posibles violaciones procedimentales o derechos fundamentales en cada una de las etapas que integran el proceso. Esto, visto desde la perspectiva del juicio de amparo, dota de un verdadero carácter excepcional a este medio de defensa, por lo que se deberá, previo a incoar la acción en el juzgado federal, agotar el medio previsto en la legislación. En el caso concreto, se reclama la omisión de resolver la carpeta de investigación RU/PGJE/UIL/7055/2017. Por lo cual, ante el destacado marco constitucional y legal descrito con antelación, la parte quejosa, en su carácter de ofendida en aquélla, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en concatenación con los diversos 109, fracción XXI y 258 del código antes citado. De ahí que esta juzgadora considere que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el buzón de notificaciones electrónicas del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que no se proporcionó el usuario de acceso a dicho portal además que de la certificación secretarial se advierte que de la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para efectos de autorizar la consulta de expediente electrónico, no se encontró usuario a nombre del quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale el usuario o diverso domicilio para tal efecto. Por otra parte, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Ma. de los Ángeles Silva Rostro y Silvano Escobedo Castro, quienes cuentan con sus cédulas profesionales 10133674 y 3283034, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.

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