Josue Moises Castellanos Gonzalez

Expediente 215/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
215/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Josue Moises Castellanos Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 215/2022-III, promovido por Josué Moisés Castellanos González, contra actos del Director del Centro Penitenciario "La Pila", del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatoria de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante oficio 3820/2022 suscrito por la Titular de este mismo Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, mediante el cual transcribió la determinación de veintidós de febrero del presente año, dictada en el juicio de amparo 54/2022-V, y al cual acompañó el escrito de ampliación de demanda del citado juicio promovido por Josué Moisés Castellanos González, contra actos del Director del Centro Estatal de Reinserción Social en esta ciudad, con sede en esta ciudad; por el cual se decretó la separación en el referido juicio de amparo, se tuvo recibida la demanda de amparo promovida por el mencionado Josué Moisés Castellanos González, respecto de los actos y de la autoridad que a continuación se precisan: III.- Autoridades Responsables: 1.- AL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO "LA PILA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 2.- EL LICENCIADO JUAN JESUS MONTIEL LEDEZMA SUBDIRECTOR Y ENCARGADO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DENTRO DEL CENTRO PENITENCIARIO LA PILA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. IV.- ACTOS DE LAS AUTORIDADES QUE SE RECLAMAN: De las autoridades señaladas como responsables les reclamo la ilegalidad del informe justificado rendido con fecha 26 de enero del 2022 efectivamente informaron que el quejoso fue puesto en confinamiento por supuesto contacto que tuve con un contagiado COVID pues ya que el suscrito nunca se negó a que se me realizará la autoridad responsable por lo que es falso lo que dice dicho informe pues nunca se me la realizó y al ponerme en contacto con otros enfermos pusieron en peligro mi vida aunado a esto omitieron que me presentará en la audiencia de juicio oral que estaba fijada con fecha 23 de enero del 2022 a las 13:00 informándole al Juez de Control que el suscrito tenía covid. SEGUNDO. Previa aclaración, por acuerdo de quince de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, la cual fue registrada en el Libro de Gobierno de este tribunal federal, bajo el consecutivo 215/2022-III; se solicitó a las autoridades designadas como responsables, su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución General de la República; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como los puntos primero fracción IX, segundo fracción IX, tercero fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la demanda se presentó en la demarcación territorial en la que esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio íntegro del escrito inicial y aclaratorios de demanda, así se tiene que son esencialmente los siguientes: La negativa de las autoridades señaladas como responsables de hacer presente al aquí quejoso, a la audiencia de juicio oral señalada en la causa penal de origen. TERCERO. El Director y Subdirector del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, al rendir su correspondiente informe de ley, negaron la existencia de los actos reclamados. No obstante lo anterior, deben tenerse por ciertos, pues en los mismos realizaron manifestaciones que ponen de relieve que, al menos hasta la presentación de la demanda, no se había presentado al recluso y aquí promovente del amparo, a la audiencia de juicio oral correspondiente. Conclusión que se robustece con la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 391, Tomo XIV, julio de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su observancia se realice de forma oficiosa, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta instancia constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En lo que interesa, la porción normativa en comento prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante reclama la negativa de las autoridades señaladas como responsables de presentar al promovente de amparo a la audiencia de juicio oral respectiva, dentro de la causa penal de origen. Ahora, de los oficios de cuenta remitidos por el Director y Subdirector de Custodia Penitenciaria, ambos del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, previo requerimiento elevado por este Tribunal, dichas autoridades informan que el treinta y uno de marzo del año en curso, personal de seguridad de dicho Centro Penitenciario, en cumplimiento al oficio de excarcelación, se realizaron los protocolos de seguridad para efecto de realizar el traslado del quejoso Josué Moisés Castellanos González, a túnel de Juicio Oral y realizar la entrega-recepción del mismo en punto de las doce con veintiocho minutos, a los elementos de acceso a las Salas de Juicio Oral, refiriendo que la audiencia respectiva concluyó el mismo día a las catorce horas con diecisiete minutos. Remitiendo para tal efecto copias certificadas del oficio de excarcelación CPESLP/SJ/6547/2022, así como del correo electrónico remitido por la Gestora de la Primera Región Judicial del Estado y formato de entrega recepción de imputado en el túnel de Juzgados; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, al tratarse de actuaciones certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. En ese sentido, es inconcuso que con lo anterior se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues los actos en estudio ya fue subsanado por las citadas responsables, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Asimismo, atendiendo a lo anterior, se desprende que los actos reclamados han cesado en sus efectos; cierto, pues si bien se había manifestado que el quejoso fue aislado al haber tenido contacto con personas con contagio de Covid-19, no menos verídico es que dicho aislamiento concluyó y el quejoso fue presente ante la autoridad correspondiente para la prosecución del proceso de origen. Por tanto, no cabe duda que es imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, actualizándose de tal manera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el presente juicio. Cabe citar al respecto, por las razones que la sustentan, la tesis 2ª./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de 1998, que dice:SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JOSUÉ MOISÉS CASTELLANOS GONZÁLEZ, contra actos que atribuye al Director y Subdirector de Custodia Penitenciaria, ambos del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, por las razones expuestas en el último considerando de esta determinación. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la Licenciada Laura Coria Martínez, Juez Octavo de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario Benjamín Rocha Loredo, que autoriza, dándose por terminada la audiencia constitucional correspondiente.- Doy fe.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente con los informes justificados rendidos por el Director y Subdirector del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, se desprende que se señaló el treinta y uno de marzo del año en curso, para llevar a cabo la audiencia respectiva ante el Juez de la causa penal de origen. Por tanto, a fin de estar en la posibilidad de emitir una resolución conforme a derecho, atento a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado si se llevó acabo la audiencia correspondiente y, en su caso, si se trasladó al impetrante de amparo a la misma para su desahogo; o bien, al manifiesten las circunstancias por cuales no pudo realizarse, en la inteligencia de que deberán remitir las constancias necesarias para acreditar lo solicitado. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa, a cada una de las omisas, por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Director y Subdirector del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, con anexos que acompañan, respectivamente; con su contenido y el de sus anexos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Finalmente, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de los oficiantes, las que acompañan los oficios de cuenta; mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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