Josue Octavio Rodriguez Lopez

Expediente 697/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
697/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Josue Octavio Rodriguez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de octubre al veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 71 a 93), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a ********************para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente en la carpeta de investigación ******************** de su índice: a) Deje insubsistente el acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete; b) En su lugar, emita un auto en el cual, reconozca la situación del quejoso como víctima del delito y ordene a la autoridad que corresponda, que en el caso, según la resolución reclamada, es el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la devolución del vehículo identificado como Marca ********************línea ********************color ********************modelo ********************número de serie ********************número de motor********************con placas de circulación ********************del Estado de ********************, al aquí quejoso, sin exigir mayores requisitos, es decir, sin realizar diverso trámite o incluso requerir el pago de los gastos generados con motivo de su aseguramiento, al actualizarse la hipótesis contemplada en favor de la víctima, prevista en el artículo 90 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, siempre y cuando se acredite que cumple con el requisito consistente en que el vehículo se encuentre al corriente en el pago de todas sus contribuciones vehiculares y no tenga créditos fiscales pendientes de pago provenientes de sanciones por no respetar los límites de velocidad establecidos para las vías públicas de jurisdicción estatal, en las que se encuentre cualquier dispositivo o medio tecnológico de captación de infracciones. c) Analice el objeto de la solicitud de la parte quejosa y, autorice, conforme los lineamientos planteados en esta sentencia, la expedición de copias autenticadas de la constancia solicitada por la víctima del delito; y, d) Notifique dicho acuerdo, conforme a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Resolución que en auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 108 a 110). Ahora bien, mediante oficio 6373/2017 de tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 132), el fiscal responsable remitió a esta autoridad copia certificada de diversas constancias emitidas en la carpeta de investigación ********************, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de doce de mayo de dos mil diecisiete. - Reconoció la situación del quejoso como víctima del delito y ordenó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la devolución del vehículo identificado como Marca ********************línea ********************color ********************modelo ********************número de serie ********************número de motor********************con placas de circulación ********************del Estado de ********************, al aquí quejoso, sin exigir mayores requisitos, es decir, sin realizar diverso trámite o incluso requerir el pago de los gastos generados con motivo de su aseguramiento, al actualizarse la hipótesis contemplada en favor de la víctima, prevista en el artículo 90 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. - Autorizó al quejoso en su carácter de víctima del delito, la expedición de copias autenticadas de la constancia solicitada. - Determinación que procedió a notificar personalmente al quejoso, así como al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, en Funciones del Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintisiete de septiembre pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSUÉ OCTAVIO RODRÍGUEZ LÓPEZ y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: (.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Josué Octavio Rodríguez López, para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente en la carpeta de investigación 3720/2016/ZC de su índice: a) Deje insubsistente el acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete; b) En su lugar, emita un auto en el cual, reconozca la situación del quejoso como víctima del delito y ordene a la autoridad que corresponda, que en el caso, según la resolución reclamada, es el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la devolución del vehículo identificado como Marca Nissan, línea Tsuru, color blanco, modelo 1994, número de serie 4BAMB13-09247, número de motor E16-680369M, con placas de circulación MGG3836 del Estado de México, al aquí quejoso, sin exigir mayores requisitos, es decir, sin realizar diverso trámite o incluso requerir el pago de los gastos generados con motivo de su aseguramiento, al actualizarse la hipótesis contemplada en favor de la víctima, prevista en el artículo 90 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, siempre y cuando se acredite que cumple con el requisito consistente en que el vehículo se encuentre al corriente en el pago de todas sus contribuciones vehiculares y no tenga créditos fiscales pendientes de pago provenientes de sanciones por no respetar los límites de velocidad establecidos para las vías públicas de jurisdicción estatal, en las que se encuentre cualquier dispositivo o medio tecnológico de captación de infracciones. c) Analice el objeto de la solicitud de la parte quejosa y, autorice, conforme los lineamientos planteados en esta sentencia, la expedición de copias autenticadas de la constancia solicitada por la víctima del delito; y, d) Notifique dicho acuerdo, conforme a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Así mismo, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

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