Josue Juarez Marin
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Josue Juarez Marin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 55235 signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual comunica que en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo 575/2020 de su índice, en virtud de que no fue recurrido el auto en el que declaró cumplida la sentencia de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento en virtud de que en acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, se declaró cumplido el fallo protector emitido en el presente juicio de garantías. Cúmplase.
- Principal
PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL AUTO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso y tercero interesado, mediante proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, José González Zepeda, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo en los siguientes términos: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Josué Juárez Marín, para que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en la averiguación previa 1164/2014/7APUE. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de inconformidad interpuesto por Josué Juárez Marín, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Por cuando hace al delito de falsificación de documento, deberá citar la disposiciones legales exactamente aplicables al caso, según los hechos denunciados y las pruebas recabadas en la investigación; realizará el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito y, en su caso, explicará si se encuentran o no demostrados con las pruebas que obran en la indagatoria, y para el caso de que estime necesario continuar con la investigación, deberá sugerir al Ministerio Público que desahogue las pruebas que resulten necesarias para acreditarlos y que se encuentren encaminadas a obtener información que resulte útil para esclarecer el hecho, así como para revelar, en su caso, la identidad del probable responsable; para lo cual deberá atender lo expuesto en el considerando octavo, apartado I, de esta sentencia. Cabe señalar que no resulta procedente que esta autoridad indique qué pruebas son las que se deben desahogar, en virtud de que es facultad exclusiva de la institución del Ministerio Público determinar el curso de la investigación, por lo que es a la responsable o, en su caso, al representante social, a quienes compete determinar qué prueba o pruebas resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos; además, indicar las pruebas que deban desahogarse podría tener un efecto adverso, como limitar la facultad investigativa del Ministerio Público. b) Respecto del delito de uso de documento falso, deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, y expresar con claridad si se encuentran acreditados o no, en el entendido de que si estima que no se encuentra demostrada la existencia de un documento falso, deberá motivar y explicar razonadamente, por qué el resultado de la prueba pericial desahogada en la indagatoria, no es apta para acreditar tal extremo, evitando realizar afirmaciones que no estén contempladas en la norma exactamente aplicable al caso y deberá indicar si resulta pertinente el desahogo de distintas pruebas para el esclarecimiento de los hechos; para lo cual deberá atender a lo expresado en el considerando octavo, apartado II, de esta sentencia. c) Por cuanto hace al delito de falsedad de declaraciones ante autoridad, deberá citar únicamente las disposiciones legales que resulten exactamente aplicables al caso; y, para el caso de considerar que ha operado la prescripción de la acción persecutoria de ese delito, deberá explicar razonada y detalladamente a partir de cuándo inició su cómputo, tomando en consideración la reglas que sobre ese aspecto prevé el código sustantivo penal, indicar con precisión desde qué fecha a qué fecha transcurrió el plazo para la prescripción, señalando cuáles fueron las actuaciones del Ministerio Público (en caso de existir) que interrumpieron el plazo o, al menos, la última de ellas. Además, deberá explicar razonadamente por qué solo opera respecto de ese ilícito y no por cuanto hace a los demás antijurídicos analizados. En el entendido de que, en caso de concluir que no ha prescrito la acción persecutoria, deberá analizar el delito que se trata, al hacerlo, deberá abstenerse de citar el artículo 255 del Código Penal del Estado de Puebla, realizar el desglose correcto de los elementos que lo conforman y motivar adecuadamente si las pruebas que obran en la indagatoria son suficientes o no para tenerlos por demostrados o, en su caso, si considera necesario recabar más pruebas para acreditarlos, así como para determinar a quien se atribuye la probable responsabilidad de su comisión, para lo cual deberá atender a lo expuesto en el considerando octavo, apartado III, de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Josué Juárez Marín." En auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 875/2021 la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, José González Zepeda, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la averiguación previa 1164/2014/7APUE, así como su notificación al aquí quejoso. La documental de referencia merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, José González Zepeda, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la determinación reclamada de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de inconformidad interpuesto por Josué Juárez Marín, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa 1164/2014/7APUE, con lo que cumplió el punto uno de los efectos de la sentencia de amparo. 2. Con la libertad de decisión que se le concedió, dictó una nueva resolución, en el mismo sentido que la reclamada, es decir, no autorizó la determinación de no ejercicio de la acción penal y ordenó a la representación social encargada de dicha averiguación previa, continuar con las diligencias relativas para investigar los delitos denunciados; en dicha resolución, la autoridad responsable purgó los vicios detectados en la sentencia de amparo, al tenor de los siguientes puntos: a) Por cuanto hace al delito de falsificación de documento, citó los numerales que resultan exactamente aplicables al caso, pues fundó su determinación en los artículos 250, fracción III (dejó de citar la fracción II de ese ordinal), 251 y 252 del Código Penal del Estado de Puebla. Así mismo, realizó el desglose correcto de los elementos que integran el cuerpo del delito de falsificación de documento, en virtud de que indicó que el ilícito se integra por: Un sujeto activo (sin calidad específica) que altere un documento verdadero, después de concluido y firmado; Cambiando su sentido en alguna circunstancia o punto sustancial; Borrando en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas; Y, que con tal acción se proponga (intencionalidad) causar un perjuicio, que resulte o pueda resultar en perjuicio de otra persona en sus bienes; y, que tal falsificación se realice sin el consentimiento de quien pueda resultar perjudicado o de aquella persona en cuyo nombre se hizo el documento. La responsable analizó las constancias que obran en la indagatoria, y concluyó que la carta renuncia exhibida dentro del juicio laboral D-2/171/2012 por la persona moral Textiles Finos de Puebla, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, posiblemente constituye un documento falso, en atención que del estudio pericial que se le practicó, resultó que presenta mutilación, por lo que cabe la posibilidad de que se coloque en el supuesto de documento falso, por lo que indicó al representante social que debe seguir investigando para acreditar si el contexto original del documento fue alterado después de concluido o firmado, así como para revelar la identidad de la persona que posiblemente participó en esa acción. Atento a lo anterior, sugirió al agente del Ministerio Público, citar a las personas que comparecieron en el juicio laboral D-2/171/2012 en representación de la persona moral Textiles Finos de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, para indagar sobre la elaboración del documento que exhibieron en ese procedimiento, y establecer el origen de la alteración y revelar la identidad de quien o quienes lo ejecutaron; así como todas las que se desprendan de lo anterior. En ese sentido, se estima que se cumplió con el inciso a) del punto dos, de la protección constitucional, en virtud de que observó cabalmente las consideraciones expuestas sobre ese tópico. b) Respecto del delito de uso de documento falso, realizó el desglose correcto de los elementos que lo conforman, pues, en consonancia con lo que se expresó en la sentencia de amparo, indicó que se integra con los siguientes: La existencia de un documento falso Un sujeto (sin calidad específica) que tenga conocimiento de su falsedad (elemento subjetivo "a sabiendas"); Haga uso del documento falso. Luego, la responsable destacó que del dictamen pericial GYD 153/2017 resultó la posible falsedad de un documento (carta renuncia con mutilación) y que este fue exhibido dentro del procedimiento laboral aludido (usado), pero indicó que en autos de la indagatoria no obra prueba de que el indiciado Jaime Enrique Bárcena Arriola, haya utilizado el documento, pero sí existe información sobre las personas que lo exhibieron dentro del citado juicio laboral, por lo que indicó a la representación social que debía investigar a efecto de determinar la identidad de la o las personas que utilizaron el documento alterado; con lo cual se considera cumplido el inciso b) del punto dos de los efectos de la protección constitucional. c) Finalmente, por cuanto hace al delito de falsedad de declaraciones e informes dados ante una autoridad, la responsable citó solo el dispositivo legal exactamente aplicable al caso, debido a que fundo su determinación en el artículo 254, fracción I, del código sustantivo penal del Estado (dejó de invocar el diverso 255, como se indicó en la sentencia de amparo). Por otra parte, dejó de considerar que la acción penal respecto de ese ilícito prescribió (lo que se estima correcto), por lo que realizó el desglose correcto de los elementos que conforman el antijurídico; a saber: Que una persona declare ante alguna autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; y, Al hacerlo falte a la verdad en relación con el hecho que motiva la intervención de ésta. Así mismo, la responsable realizó el análisis de las pruebas que obran en la averiguación previa, específicamente de las copias certificadas del expediente laboral D-2/171/2012, e indicó que los elementos del cuerpo del delito descritos se encuentran acreditados, dado que se demostró que al contestar la demanda laboral dentro de ese sumario laboral, la persona moral Textiles Finos de Puebla, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, por una parte expresó que Josué Juárez Marín, continuaba trabajando para esa persona moral hasta el tres de marzo de dos mil catorce, pero por otra adujeron que renunció voluntariamente a su trabajo el cuatro de enero de dos mil doce, lo que a su juicio constituye claramente una falsedad producida ante una autoridad en ejercicio de sus funciones. Atento a ello, la responsable indicó a la representación social que se encuentran expeditas sus facultades para determinar el ejercicio de la acción penal respecto de ese ilícito, de conformidad con las obligaciones contenidas en el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Con lo anterior, se estima cumplido el inciso c) del punto dos, de los efectos de la protección constitucional. 3. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, la responsable notificó personalmente a Josué Juárez Marín, (por conducto de José Luis Juárez Marín), con lo que cumplió con el tercer efecto de la sentencia de amparo. Atento a lo expuesto, esta autoridad considera que se cumplió totalmente con los efectos de la sentencia de amparo, ya que se dejó insubsistente la resolución reclamada, en su lugar se dictó otra en la que resolvió el recurso de inconformidad planteado en la averiguación previa 1164/2014/7APUE y, si bien la responsable dictó juna resolución en el mismo sentido que la reclamada (no autorizó el no ejercicio de la acción penal), lo cierto es que purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, en los términos expuestos. Por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso y tercero interesado, mediante proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, José González Zepeda, a la ejecutoria de amparo; la cual no fue desahogada por las partes. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se analiza si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. En ese sentido, debe precisarse que por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo en los siguientes términos: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Josué Juárez Marín, para que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en la averiguación previa 1164/2014/7APUE. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de inconformidad interpuesto por Josué Juárez Marín, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Por cuando hace al delito de falsificación de documento, deberá citar la disposiciones legales exactamente aplicables al caso, según los hechos denunciados y las pruebas recabadas en la investigación; realizará el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito y, en su caso, explicará si se encuentran o no demostrados con las pruebas que obran en la indagatoria, y para el caso de que estime necesario continuar con la investigación, deberá sugerir al Ministerio Público que desahogue las pruebas que resulten necesarias para acreditarlos y que se encuentren encaminadas a obtener información que resulte útil para esclarecer el hecho, así como para revelar, en su caso, la identidad del probable responsable; para lo cual deberá atender lo expuesto en el considerando octavo, apartado I, de esta sentencia. Cabe señalar que no resulta procedente que esta autoridad indique qué pruebas son las que se deben desahogar, en virtud de que es facultad exclusiva de la institución del Ministerio Público determinar el curso de la investigación, por lo que es a la responsable o, en su caso, al representante social, a quienes compete determinar qué prueba o pruebas resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos; además, indicar las pruebas que deban desahogarse podría tener un efecto adverso, como limitar la facultad investigativa del Ministerio Público. b) Respecto del delito de uso de documento falso, deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, y expresar con claridad si se encuentran acreditados o no, en el entendido de que si estima que no se encuentra demostrada la existencia de un documento falso, deberá motivar y explicar razonadamente, por qué el resultado de la prueba pericial desahogada en la indagatoria, no es apta para acreditar tal extremo, evitando realizar afirmaciones que no estén contempladas en la norma exactamente aplicable al caso y deberá indicar si resulta pertinente el desahogo de distintas pruebas para el esclarecimiento de los hechos; para lo cual deberá atender a lo expresado en el considerando octavo, apartado II, de esta sentencia. c) Por cuanto hace al delito de falsedad de declaraciones ante autoridad, deberá citar únicamente las disposiciones legales que resulten exactamente aplicables al caso; y, para el caso de considerar que ha operado la prescripción de la acción persecutoria de ese delito, deberá explicar razonada y detalladamente a partir de cuándo inició su cómputo, tomando en consideración la reglas que sobre ese aspecto prevé el código sustantivo penal, indicar con precisión desde qué fecha a qué fecha transcurrió el plazo para la prescripción, señalando cuáles fueron las actuaciones del Ministerio Público (en caso de existir) que interrumpieron el plazo o, al menos, la última de ellas. Además, deberá explicar razonadamente por qué solo opera respecto de ese ilícito y no por cuanto hace a los demás antijurídicos analizados. En el entendido de que, en caso de concluir que no ha prescrito la acción persecutoria, deberá analizar el delito que se trata, al hacerlo, deberá abstenerse de citar el artículo 255 del Código Penal del Estado de Puebla, realizar el desglose correcto de los elementos que lo conforman y motivar adecuadamente si las pruebas que obran en la indagatoria son suficientes o no para tenerlos por demostrados o, en su caso, si considera necesario recabar más pruebas para acreditarlos, así como para determinar a quien se atribuye la probable responsabilidad de su comisión, para lo cual deberá atender a lo expuesto en el considerando octavo, apartado III, de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Josué Juárez Marín." En auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 875/2021 la autoridad responsable Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, José González Zepeda, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el siete de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la averiguación previa 1164/2014/7APUE, así como su notificación al aquí quejoso. La documental de referencia merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, José González Zepeda, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la determinación reclamada de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de inconformidad interpuesto por Josué Juárez Marín, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa 1164/2014/7APUE, con lo que cumplió el punto uno de los efectos de la sentencia de amparo. 2. Con la libertad de decisión que se le concedió, dictó una nueva resolución, en el mismo sentido que la reclamada, es decir, no autorizó la determinación de no ejercicio de la acción penal y ordenó a la representación social encargada de dicha averiguación previa, continuar con las diligencias relativas para investigar los delitos denunciados; en dicha resolución, la autoridad responsable purgó los vicios detectados en la sentencia de amparo, al tenor de los siguientes puntos: a) Por cuanto hace al delito de falsificación de documento, citó los numerales que resultan exactamente aplicables al caso, pues fundó su determinación en los artículos 250, fracción III (dejó de citar la fracción II de ese ordinal), 251 y 252 del Código Penal del Estado de Puebla. Así mismo, realizó el desglose correcto de los elementos que integran el cuerpo del delito de falsificación de documento, en virtud de que indicó que el ilícito se integra por: Un sujeto activo (sin calidad específica) que altere un documento verdadero, después de concluido y firmado; Cambiando su sentido en alguna circunstancia o punto sustancial; Borrando en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas; Y, que con tal acción se proponga (intencionalidad) causar un perjuicio, que resulte o pueda resultar en perjuicio de otra persona en sus bienes; y, que tal falsificación se realice sin el consentimiento de quien pueda resultar perjudicado o de aquella persona en cuyo nombre se hizo el documento. La responsable analizó las constancias que obran en la indagatoria, y concluyó que la carta renuncia exhibida dentro del juicio laboral D-2/171/2012 por la persona moral Textiles Finos de Puebla, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, posiblemente constituye un documento falso, en atención que del estudio pericial que se le practicó, resultó que presenta mutilación, por lo que cabe la posibilidad de que se coloque en el supuesto de documento falso, por lo que indicó al representante social que debe seguir investigando para acreditar si el contexto original del documento fue alterado después de concluido o firmado, así como para revelar la identidad de la persona que posiblemente participó en esa acción. Atento a lo anterior, sugirió al agente del Ministerio Público, citar a las personas que comparecieron en el juicio laboral D-2/171/2012 en representación de la persona moral Textiles Finos de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, para indagar sobre la elaboración del documento que exhibieron en ese procedimiento, y establecer el origen de la alteración y revelar la identidad de quien o quienes lo ejecutaron; así como todas las que se desprendan de lo anterior. En ese sentido, se estima que se cumplió con el inciso a) del punto dos, de la protección constitucional, en virtud de que observó cabalmente las consideraciones expuestas sobre ese tópico. b) Respecto del delito de uso de documento falso, realizó el desglose correcto de los elementos que lo conforman, pues, en consonancia con lo que se expresó en la sentencia de amparo, indicó que se integra con los siguientes: La existencia de un documento falso Un sujeto (sin calidad específica) que tenga conocimiento de su falsedad (elemento subjetivo "a sabiendas"); Haga uso del documento falso. Luego, la responsable destacó que del dictamen pericial GYD 153/2017 resultó la posible falsedad de un documento (carta renuncia con mutilación) y que este fue exhibido dentro del procedimiento laboral aludido (usado), pero indicó que en autos de la indagatoria no obra prueba de que el indiciado Jaime Enrique Bárcena Arriola, haya utilizado el documento, pero sí existe información sobre las personas que lo exhibieron dentro del citado juicio laboral, por lo que indicó a la representación social que debía investigar a efecto de determinar la identidad de la o las personas que utilizaron el documento alterado; con lo cual se considera cumplido el inciso b) del punto dos de los efectos de la protección constitucional. c) Finalmente, por cuanto hace al delito de falsedad de declaraciones e informes dados ante una autoridad, la responsable citó solo el dispositivo legal exactamente aplicable al caso, debido a que fundo su determinación en el artículo 254, fracción I, del código sustantivo penal del Estado (dejó de invocar el diverso 255, como se indicó en la sentencia de amparo). Por otra parte, dejó de considerar que la acción penal respecto de ese ilícito prescribió (lo que se estima correcto), por lo que realizó el desglose correcto de los elementos que conforman el antijurídico; a saber: Que una persona declare ante alguna autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; y, Al hacerlo falte a la verdad en relación con el hecho que motiva la intervención de ésta. Así mismo, la responsable realizó el análisis de las pruebas que obran en la averiguación previa, específicamente de las copias certificadas del expediente laboral D-2/171/2012, e indicó que los elementos del cuerpo del delito descritos se encuentran acreditados, dado que se demostró que al contestar la demanda laboral dentro de ese sumario laboral, la persona moral Textiles Finos de Puebla, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante, por una parte expresó que Josué Juárez Marín, continuaba trabajando para esa persona moral hasta el tres de marzo de dos mil catorce, pero por otra adujeron que renunció voluntariamente a su trabajo el cuatro de enero de dos mil doce, lo que a su juicio constituye claramente una falsedad producida ante una autoridad en ejercicio de sus funciones. Atento a ello, la responsable indicó a la representación social que se encuentran expeditas sus facultades para determinar el ejercicio de la acción penal respecto de ese ilícito, de conformidad con las obligaciones contenidas en el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Con lo anterior, se estima cumplido el inciso c) del punto dos, de los efectos de la protección constitucional. 3. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, la responsable notificó personalmente a Josué Juárez Marín, (por conducto de José Luis Juárez Marín), con lo que cumplió con el tercer efecto de la sentencia de amparo. Atento a lo expuesto, esta autoridad considera que se cumplió totalmente con los efectos de la sentencia de amparo, ya que se dejó insubsistente la resolución reclamada, en su lugar se dictó otra en la que resolvió el recurso de inconformidad planteado en la averiguación previa 1164/2014/7APUE y, si bien la responsable dictó juna resolución en el mismo sentido que la reclamada (no autorizó el no ejercicio de la acción penal), lo cierto es que purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, en los términos expuestos. Por tanto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal adscrito...
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 11 DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio FGE/CGAJ/875/2021 signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de octubre de esta anualidad, remite copia certificada del diverso comunicado FGE/CGAJ/876/2021, así como de la resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada en la averiguación previa 1164/2014/7APUE, de su estadística y su notificación al aquí quejoso. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos, aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; y por lista a las demás partes..."
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