Josue Misael Espejel Aguilar
Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Josue Misael Espejel Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese para el único efecto de que obre como corresponda el comunicado proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, toda vez que mediante acuerdo de trece de julio pasado, se recibió idéntica misiva (promoción 12310) y se acordó en relación a su contenido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el comunicado proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el cual se transcribe el auto de uno de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 766/2022-II, de su índice, del que se advierte en lo que interesa, que se asumió el conocimiento de la competencia planteada, admitiendo a trámite dicho juicio de amparo; circunstancias de las que se toma conocimiento. Atento a lo anterior y dado que no existen promociones pendientes que acordar, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se considera que el juicio de amparo es susceptible de ser destruido, una vez cumplidos tres años contados a partir de la fecha en que se actúa, de conformidad con el artículo 21, inciso j), de dicho acuerdo. Además, se considera que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de las hipótesis del artículo 15 del acuerdo mencionado. Notifíquese vía electrónica al quejoso. Así lo proveyó y firma Samuel Sánchez Sánchez, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Eduardo Hernández Montiel, Secretario que firma, autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, y otra autoridad, por tanto, regístrese bajo el número 737/2022-B-4 Incompetencia. Una vez analizada la demanda en su integridad, la suscrita determina que carece de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: En primer lugar, conviene precisar que, en términos comunes, la competencia alude a incumbencia y aptitud, y se utiliza en el ámbito jurídico para referirse a la atribución legítima de un Juez o una autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Ahora, por virtud del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.", la competencia es parte de las garantías de legalidad, por lo que debe estar señalada en la ley, constituyendo así la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones. Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, de manera que el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. En ese tenor, la primera parte del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, señala "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente.", de lo cual se infiere que el propio juzgador debe verificar, en cada litigio que se le plantee, si tiene o no competencia para conocer de él, y si considera que no, debe negarse a conocerlo, puesto que de conformidad con el artículo 17 del citado código adjetivo: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente..."; entonces, se puede concluir que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. Ahora, la competencia se divide en objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional, y subjetiva, que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo. De entre los criterios para determinar la competencia objetiva (materia, cuantía, etcétera), está la competencia por territorio. En el caso, el acto reclamado es la orden de aprehensión, así como su ejecución. Así, conforme a lo expuesto, el Juez competente para conocer de ese acto será el que tenga jurisdicción donde se trata de ejecutar; sobre ese contexto, el quejoso señaló -bajo protesta de decir verdad- que el cumplimiento a dicha orden pretendió llevarse a cabo en su domicilio, el cual señaló se encuentra en "********". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, previo cuaderno de antecedentes, se ordena remitir el presente juicio al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Sin que sea necesario proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados, así como de la suspensión de plano que solicita, pues aunque el quejoso solicite la suspensión de los mismos, los actos combatidos no implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
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