Josué Fernandez Romero

Expediente 431/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
431/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Josué Fernandez Romero
  • José Roberto Chisco Mendoza
  • Josué Fernandez Romero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; por ende, archívese el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no se ha notificado la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, se ordena que la citada resolución se notifique a las partes. Cabe destacar que la citada resolución se dictó en el siguiente sentido: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 431/2020-VIII, promovido por ... y ..., por propio derecho, contra actos de Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado al día siguiente hábil a este juzgado de distrito, Josué Fernández Romero y José Roberto Chisco Mendoza, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se cita: "III. Autoridades Responsables: Tienen el carácter como autoridades ordenadoras: 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Tienen el carácter como autoridades ordenadoras: 2. El Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Zumpango. IV.- ACTO RECLAMADO: a) A la primera de ellas el auto de vinculación a proceso de un delito el cual no cometimos, así como la medida cautelar nuestra contra consistente en la prisión preventiva oficiosa dictada el 12 de junio de 2020 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, relacionado por la carpeta de investigación con NUC:OTU/FTE/OTU/067/133374/20/06 y NIC: FTE/OTU/03/MPl/640/00864/20/05, tendente a actos violatorios de derechos humanos y garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que estas violaciones se llevan a cabo por n cumplir con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 Constitucional, y a consecuencia no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, así como de un debido proceso y sobretodo de una seguridad jurídica establecida en artículo 14 de la ley fundamental conlleva aun no acceso a la justicia violentando el artículo 17 de la Constitución Federal aunado a que el principio pro homine y el control de convencionalidad que se encuentran tutelados en el artículo 1ro de la Constitución Federal, en con concordancia con el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. b) A la segunda, le reclamamos, el cumplimiento de la ilegal prisión preventiva oficiosa que se ejecutó en nuestra contra de manera violatoria de nuestros derechos humanos y garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de las autoridades ya que estas violaciones se llevan a cabo por no cumplir con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, y a consecuencia no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, así como de un debido proceso y sobretodo de una seguridad jurídica establecida en el artículo 14 de la Ley fundamental conlleva a un no acceso a la justicia violentando artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el principio pro homine y el control de convencionalidad que se encuentran tutelados en el artículo 1ro de la Constitución federal, y dando como resultado el estado de indefensión en el cual nos encontramos por la violación de nuestros Derechos Humanos, Garantías Individuales y Tratados Internacionales manifestados en nuestra Constitución Federal. (sic)." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de tres de julio de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, los cuales se rindieron con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra el acto emitido por una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en el auto de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veinte, así como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictadas en la causa de control 126/2020, TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado, el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, manifestó que es cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora al imponerse del contenido del disco en formato DVD, relativo al audio y video del auto de vinculación a proceso dictado el doce de junio de dos mil veinte, que remitió el juzgado responsable como apoyo a su informe justificado; constancia cuyo valor probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, segundo párrafo. Precisión hecha, en el sentido de que la videograbación adquiere el carácter de una prueba documental pública, y, por ende, es apta para acreditar la existencia del acto impugnado, sin que sea necesario celebrar una audiencia especial a fin de reproducir su contenido, lo cual no implica dejar a las partes en estado de indefensión, toda vez que oportunamente se les dio vista con la información comprendida en formato digital. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII (agosto de 2013), tomo 1, de la Décima Época, cuyo rubro establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por otra parte, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Zumpango Estado de México, fue omiso en rendir su informe de ley; sin embargo, dado su carácter de autoridad ejecutora, y en virtud de que la ordenado acepto el acto atribuido, en términos del párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Ahora, al no existir alguna causa de improcedencia que se haya hecho valer por las partes o que este órgano jurisdiccional advirtiera de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. CUARTO. Estudio de fondo. Los quejosos formularon los conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. En esencia los conceptos de violación son: Que se violó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales, en virtud de que la resolución combatida es carente de fundamentación y motivación; incumpliendo con ello las formalidades esenciales del debido proceso. Que les fue violado el principio pro homine de control de convencionalidad contenido en el artículo 1 constitucional. No se acreditó la existencia del delito imputado ni la probabilidad de que los quejosos intervinieron en su comisión. Que al ser detenidos, la autoridad indujo todas las entrevistas de los policías, la víctima y los testigos, pues los hechos narrados contienen igualdad, ya que contienen las mismas palabras y errores ortográficos. Que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa vulneró sus derechos de igualdad, imparcialidad, seguridad jurídica y libertad. Que la víctima y el testigo crearon un delito ficticio que no cometieron. El auto de vinculación a proceso violó el artículo 20 constitucional, toda vez que tuvieron una defensa de oficio inadecuada, por desconocimiento del sistema penal acusatorio. Ahora, el escrito de demanda se debe interpretar en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente, y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En ese sentido, son infundados los argumentos expuestos por los quejosos, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis 2a. VIII/96, con número de registro 200655, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de 1996, visible a página 267, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos." Los quejosos señalaron como argumento toral que es indebida y no es proporcional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se les impuso, ya que no existen elementos de prueba suficientes que los vinculen con los hechos investigados, concepto de violación que resulta infundado por los motivos siguientes. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. [.] Como puede verse, el constituyente estableció de manera expresa una serie de delitos que merecen prisión preventiva de manera oficiosa, entre los cuales se encuentra el delito de homicidio y aquellos cometidos con medios violentos, entre otros. Por su parte, los artículos 153, 154, 159, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen las hipótesis por las cuales es factible la imposición de la prisión preventiva, y señalan: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.]" Como lo establece el numeral 154 del código procesal penal nacional, el agente ministerial pueda solicitar la imposición de medidas cautelares cuando se haya formulado la imputación correspondiente y el imputado se acoja al término constitucional de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, según corresponda. En ese caso, podrá el agente ministerial solicitar la prisión preventiva durante el plazo constitucional. En tanto que, en el numeral 167, se dispone que será el juez de control quien en el ámbito de su competencia, ordene la prisión preventiva oficiosamente. Ahora, de la videograbación de la audiencia relativa se advierte que el agente ministerial formuló la imputación respectiva; enseguida, los imputados manifestaron, Josué Fernández Romero, que sí era su deseo a declarar, lo cual realizó; mientras que José Roberto Chisco Mendoza se acogió al beneficio de guardar silencio; acto seguido, el agente ministerial solicitó la vinculación a proceso y los imputados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica (ciento cuarenta y cuatro horas); en consecuencia, con fundamento en los artículos 19, párrafo segundo constitucional y 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez resolvió en los términos siguientes: ".Esta juez se pronuncia respecto de la medida cautelar, reiterando su competencia conforme a los artículos 153, 154, 155. Fracciones I y IV, 156, 157, 158, 159 y 167, párrafo tercero, de la Ley Adjetiva de la materia, artículo 19 constitucional, ésta juzgadora impone a Josué Fernández Romero y José Roberto Chisco Mendoza la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y esto es así, y respecto de la imposición de esta medida cautelar y su justificación es que, primigeniamente nos encontramos ante un hecho delictuoso que amerita esta medida cautelar, en virtud de que lo es secuestro exprés, más aún en el presente asunto se advierte la conducta se llevó a cabo con la utilización de medios violentos, como lo es el uso de armas como la navaja que hizo alusión el agente del ministerio público, esto implica que entonces de manera oficiosa la medida cautelar surge como consecuencia de la naturaleza del hecho delictuoso y las circunstancias en que se ejecuta, por lo que hacen los lineamientos para la aplicación de la medida cautelar, será que los imputados deberán de permanecer recluidos en el interior del centro penitenciario de reinserción social de esta ciudad, a partir del día de la fecha, por eso misma la medida cautelar que tiene fenecerá entonces el día siete de junio del año dos mil veintiuno, salvo que el ejercicio del derecho de defensa que estos pudieran realizar; sin embargo dado que esta juzgadora ésta por resolver la situación jurídica de los imputados y, las puede modificar; este órgano de control estará facultado para poder pronunciarse por cuanto hace a la modificación o revocación de la medida cautelar; por lo que hace a la supervisión de la medida cautelar que estará a cargo de la directora del centro penitenciario del Seguro Social de esta ciudad, para lo cual se debería de girar atento oficio a efectos de que ésta tenga conocimiento." Precisado lo anterior, analizadas las referencias del juez de control, así como el contenido de la videograbación de la audiencia respectiva, se advierte que las manifestaciones de los quejosos resultan infundadas, ya que, contrario a su dicho, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se ajustó a lo establecido en el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Federal. En efecto, una vez formulada la imputación por el Ministerio Público, por la cual expuso en la sala de audiencias los hechos que se le atribuyen a los ahora quejosos, precisó con claridad que corresponde al ilícito de secuestro exprés (en su hipótesis de qué para ejecutar el delito de robo se prive de la libertad a otro, con modificativa agravante de haberse cometido por dos personas y se realice con violencia), ilícito previsto y sancionado, por el artículo 9 fracción l, inciso d), agravado por el artículo 10 fracción l, inciso b) y c) de la General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 6, párrafo primero, 7, párrafo primero, fracción ll, 8, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal; en agravio de la víctima de iniciales L.A.F.G.; por tanto, ante la reserva de un imputado y lo manifestado por el otro, sobre esas afirmaciones ministeriales, así como de los defensores públicos, al haberse solicitado que se resolviera su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas, resulta justificado atender a dicha clasificación preliminar para efectos de la medida cautelar. Siendo así, como el ilícito de secuestro está considerado expresamente en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, resulta ajustado a la legalidad la decisión adoptada por la juez responsable. Por tal razón, la juez de control debe pronunciarse de manera oficiosa sobre la prisión preventiva en los casos que los hechos expuestos por el Ministerio Público estén clasificados como el secuestro exprés, lo que se justificó en la audiencia respectiva con lo depuesto por el agente ministerial, los diversos datos de prueba que fueron expuestos por dicha parte procesal y la clasificación jurídica preliminar que se expuso, que si bien, no es definitiva, sí es viable considerarla como parámetro, al considerar la imposición de la medida cautelar, en el caso de prisión preventiva oficiosa; aunado al hecho que los propios imputados establecieron su voluntad de que su situación jurídica fuera resuelta en el plazo constitucional duplicado. Por consiguiente, al contar únicamente con los datos de prueba expuestos y esa clasificación preliminar, es válido que esos fueran los elementos valorados para establecer la medida cautelar en comento. Ilustra al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014800, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Sin que esa medida precautoria oficiosa resulte definitiva, ya que, si las condiciones varían en etapas procesales posteriores, como el dictado de la vinculación a proceso, o la etapa intermedia, se estaría en condiciones de solicitar una medida cautelar diversa, de ahí que no se vulnere derecho humano alguno a los ahora quejosos. Resulta infundado el argumento del inconforme, relativo a que la medida precautoria atente contra el principio de presunción de inocencia, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o algún otro pacto internacional del que el Estado Mexicano sea parte, ya que la finalidad de esa medida, es salvaguardar la presencia de los imputados en el proceso y así evitar se presenten obstáculos en el mismo. Tampoco puede considerarse que la regla general sea la privación de la libertad, ya que como lo expone el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la aplicación oficiosa de la prisión preventiva, se aplica a determinados asuntos, previamente señalados, entre los cuales, se adecua el hecho que se atribuye a los ahora quejosos, de ahí lo infundado de su argumento. Ilustra al respecto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 121432 que señala: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de ña Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada". Ello así se considera porque la juez de Control, al resolver sobre la medida cautelar impuesta, señaló los argumentos que la llevaron a resolver en los términos en que lo hizo, y lo sustentó en la normatividad aplicable, de ahí que, contrario a lo señalo por los accionantes del amparo, la juez responsable sí fundó y motivo su determinación. Adicionalmente, como ya se precisó en líneas que anteceden, el constituyente permanente dispuso que ese ilícito que se le atribuye requiere de esa medida, de ahí que no se requiera mayor análisis que lo preliminar que se aporte en la audiencia respectiva y verificar si se encuentra en ese listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, de la videograbación relativa, se advierte que la juez de control para emitir la resolución ahora combatida, se limitó al análisis de los datos de prueba que le fueron aportados en la audiencia, y sustentó su decisión en la normatividad aplicable para ello, sin que efectuara mayor interpretación que la concatenación de lo narrado por la fiscalía respecto de los hechos, la hipótesis legal aplicable y la decisión de que resultaba aplicable esa medida cautelar, de ahí lo infundado del argumento señalado. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de doce de junio de dos mil veinte, emitido en la causa de control 126/2020. Contrario a lo afirmado por los quejosos, el auto de vinculación a proceso no es violatorio de los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución, pues el material de prueba es suficiente para acreditar la conducta que la representación social le atribuye, y la autoridad responsable correctamente dictó el acto reclamado, respetando los requisitos legales y constitucionales para su emisión, entre ellos, la existencia de datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo realizaron, tal como se analizará enseguida Al respecto, es necesario transcribir el artículo 19 de la Constitución Federal, así como los diversos preceptos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De los numerales transcritos se sigue que, para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en la legislación secundaria aplicable, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. I. Los requisitos formales son los siguientes: A. Que se haya formulado imputación. B. Que los imputados hayan rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado la juez que los imputados conocían sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputa, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. C. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. D. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición del juez penal; plazo que podrá duplicarse a petición del indiciado. E. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. F. Debe estar fundado y motivado. G. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. II. Los requisitos de fondo son: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 3. Que no esté plenamente comprobada a favor del imputado alguna una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Consideraciones anteriores que se sustentan, por identidad jurídica, en la jurisprudencia número XVII.1o.P.A.J/26, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1940 del Semanario Judicial de la Federación, libro V (febrero de 2012), tomo 3, relativa a la décima época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En la inteligencia de que el auto de vinculación a proceso constituye un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal. Sobre ese marco de referencia constitucional y legal, procede determinar si el acto reclamado en el presente juicio cumple con los requisitos citados, dando solución a los conceptos de violación planteados por el quejoso. I. Requisitos formales. A. Que se haya formulado imputación. Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al indiciado en presencia del juez de control, en el sentido de que desarrolla una investigación en su contra, respecto de su probable intervención en uno o más hechos delictuosos determinados. En la especie, el requisito de que se trata debe estimarse cumplido, pues del acta mínima de la audiencia inicial celebrada en la causa de control 126/2020, así como de la videograbación que remitió la autoridad responsable, se advierte que la referida actuación se verificó el doce de junio de dos mil veinte, en la cual la juez de control tuvo por individualizadas a las partes y constató que Josué Fernández Romero y José Roberto Chisco Mendoza tenían conocimiento de los derechos que establece a su favor el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal; acto seguido, los quejosos nombraron como su defensor público al licenciado en derecho Juan Carlos Navarro López, persona que aceptó y protestó el cargo conferido. Luego, una vez ratificada la detención que decretó la fiscalía en contra del investigado, se advierte que la agente del Ministerio Público compareciente formuló imputación en su contra, respecto del hecho delictuoso de secuestro exprés (en su hipótesis de qué para ejecutar el delito de robo se prive de la libertad a otro, con modificativa agravante de haberse cometido por dos personas y se realice con violencia), ilícito previsto y sancionado, por el artículo 9 fracción l, inciso d), agravado por el artículo 10 fracción l, inciso b) y c) de la General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 6, párrafo primero, 7, párrafo primero, fracción ll, 8, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal; en agravio de la víctima de iniciales L.A.F.G. B. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En el caso, previa consulta con su abogado defensor, Josué Fernández Romero, que si era su deseo a declarar, lo cual realizó; mientras que José Roberto Chisco Mendoza se acogió al beneficio de guardar silencio, por lo cual dicho requisito se cumple, al tenor de lo dispuesto por el numeral artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. C. Debe dictarse por autoridad competente. Exigencia que está cumplida, en virtud de que, previo a determinar el auto vinculatorio que se reclama, la Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, puntualizó ser competente para resolver la situación jurídica de los imputados Josué Fernández Romero y José Roberto Chisco Mendoza, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como, en razón de actualizarse tanto la competencia objetiva, como subjetiva, la primera en razón de la materia, la territorialidad, el fuero, la edad de los imputados, los cuales manifestaron ser mayores de dieciocho años y por ende sujetos de derecho penal, y por cuanto hace a la competencia subjetiva en razón de que esa juzgadora no tiene ningún impedimento para emitir la resolución, ni las partes hicieron valer alguna causa de recusación. D. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la juez de control; plazo que se puede duplicar únicamente a petición de éste o de su defensor. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Federal, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas (salvo que el indiciado o su defensor soliciten la ampliación de dicho término constitucional, lo cual aconteció), sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Sobre el particular, de las actuaciones que envió la juez responsable como apoyo a su informe justificado se advierte el cumplimiento de dicho requisito, toda vez que los inconformes fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional a partir de las dieciséis horas con veinticinco minutos del seis de junio de dos mil veinte, hora y día en que ingresaron al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Zumpango, Estado de México, siendo que, en la audiencia inicial, el defensor público patrocinó a los hoy quejosos; resultando importante destacar que al considerar la juez del conocimiento que existían intereses contrarios entre los imputados, ordenó se nombrara de inmediato un diverso defensor de oficio que asistiera a José Roberto Chisco Mendoza; solicitando se duplicara el término para resolver su situación jurídica, la cual se resolvió a las doce horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil veinte, dictándose vinculación a proceso, en atención a la solicitud formulada por la agente del Ministerio Público compareciente y previas las manifestaciones de las defensas, en el sentido de no vincular a proceso a los imputados. Ahora, para continuar con el estudio, se destaca que los requisitos identificados como E, F y G, consistentes en que el auto vinculatorio debe dictarse únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, que debe estar fundado y motivado, y que se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito, serán materia de estudio a la par de los elementos de fondo. Como ya se precisó, el auto de vinculación a proceso reclamado se encuentra previsto por el artículo 19 de la Constitución Federal, el cual contiene los requisitos mínimos que debe reunir ese tipo de actos a fin de que se justifiquen los actos de molestia derivados del mismo. Por ende, la constitucionalidad del acto que se reclama será analizada a la luz del mencionado precepto, en relación con el diverso ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto establece que la juez de control, a petición del Ministerio Público, decretará auto de vinculación a proceso, siempre y cuando se encuentren reunidos los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Asimismo, el auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, sin perjuicio de que el juez pueda otórgales una clasificación jurídica diversa a la asignada por la fiscalía, en cuyo caso deberá hacerla saber el imputado para efectos de su defensa. Bajo ese esquema, al estar acreditado que se cumplió con lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede analizar si los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público son suficientes para estimar que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en tal evento, extremos que responden a los requisitos de fondo. Los hechos por los cuales se formuló imputación a los quejosos se relacionan con el delito de secuestro exprés (en su hipótesis de qué para ejecutar el delito de robo se prive de la libertad a otro, con modificativa agravante de haberse cometido por dos personas y se realice con violencia), ilícito previsto y sancionado, por el artículo 9 fracción l, inciso d), agravado por el artículo 10 fracción l, inciso b) y c) de la General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 6, párrafo primero, 7, párrafo primero, fracción ll, 8, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal; en agravio de la víctima de iniciales L.A.F.G.. Del análisis de lo dispuesto en dichos preceptos, en relación con el cúmulo de los datos de prueba que tomó en consideración la autoridad responsable para vincular a proceso a los hoy quejosos, de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica) en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, se concluye que resultan idóneos y pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito, concretamente el de secuestro exprés (en su hipótesis de qué para ejecutar el delito de robo se prive de la libertad a otro, con modificativa agravante de haberse cometido por dos personas y se realice con violencia), en agravio de la víctima de iniciales L.A.F.G. En la citada resolución, la juez responsable estableció que los datos de prueba a que hizo referencia la Fiscalía, resultaron idóneos y pertinentes para tener por demostrada la probable comisión de los imputados en el ilícito en comento, pues estimó como hecho relevante que el día de los hechos, cuatro de junio de dos mil veinte, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, la víctima de identidad resguardada de iniciales L.A.F.G. se encontraba circulando a bordo de la unidad de la marca Nissan, tipo Urvan, modelo dos mil once, color plata con líneas de color azul y verde y con la leyenda "cometa de oro", marcada con un número único "123" y placas de circulación 765135 J, del servicio público Estado de México, el cuál presta el servicio de transporte público, y, al circular sobre carretera pozos y agua, con dirección a la colonia Ex hacienda Santa Inés, a la altura del pozo número tres y a la altura de San Miguel, Jaltocan, en el Municipio de Nextlalpan, le hacen parada los investigados, siendo precisamente Josué Fernández Romero, quién se dirige a la puerta del lado del conductor colocándole a la víctima una navaja plegable de aproximadamente veinticinco a la altura del cuello diciéndole: "no me quiero pasar de verga pásate para atrás venimos por la combi", esto mientras que José Roberto Chisco Hernández abre la puerta corrediza de la combi obligando a bajar de la misma a la pasajera que llevaba la víctima, momentos después, ambos sujetos sometieron a la víctima, golpeándola en el rostro, para posteriormente subirse a la parte trasera del vehículo Josué Fernández Romero con el sujeto pasivo, sometiendo en todo momento a la víctima, obligándolo a quedarse boca abajo en la parte trasera de la combi, mientras que José Roberto Chisco Hernández, abordó el lugar del conductor y comenzó a decir: "te vamos a llevar a ti, vas a ver qué te va a cargar la verga", poniendo en marcha la combi, comenzando a circular sobre la misma carretera con dirección a Ex hacienda Santa Inés; sin embargo, en ese momento, al estar ocurriendo hechos, el testigo de iniciales N.Y.N.L, quien también se desempeña como chofer del transporte público, al estar laborando a bordo de su vehículo de la línea express y con placas de circulación 757388J del servicio público del Estado de México, con número económico 266, al circular sobre la misma carretera con dirección a Zumpango se percató como los inculpados sometían a su compañero obligándolo a subir al vehículo; sin embargo, por temor y en virtud de que llevaba pasaje continúo circulando como medio kilómetro, para posteriormente solicitar apoyo a una patrulla de la policía, unidad CP020, la cual se encontraban circulando en sentido contrario, la cual era conducida por Pedro Reyes Castellanos y Néstor Herón Asencio, quienes se detuvieron, quedando a lado del conductor de la combi, por lo que el testigo les pidió que lo ayudaran porque dos sujetos tenían a su compañero y que le estaban robando su combi, ya que había visto como lo golpeaban y lo obligaban a subir a la parte trasera del automotor; momento en el cual los primeros respondientes se percataron que iba circulando el vehículo de la víctima, motivo por el cual procedieron a darle alcance y con comandos verbales les indicaron a los activos que detuvieran la marcha, haciendo hacer caso omiso. Atento a lo cual procedieron a seguirlos por aproximadamente un kilómetro, hasta llegar al pozo número 6 en la colonia de Santa Inés, Nextlalpan, Estado de México, en donde le cerraron el paso, siendo así cómo los oficiales lograron el aseguramiento de los señores imputados, advirtiendo en ese momento que en el interior de la combi se encontraba, recostado boca abajo, la víctima de iniciales L.A.F.G el cual estaba siendo sometido por uno de los señores activos. Precisando la unitaria que, con base a ese hecho circunstanciado narrado por el Agente del Ministerio Público, considera que sí existían datos idóneos y pertinentes para tener por acreditados los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, pues se privó de la libertad a una persona y esa privación fue con la finalidad de cometer un robo; advirtiendo el elemento subjetivo específico qué en el caso lo era la conducta que se realizó con el propósito de ejecutar un robo y, más aún, efectivamente se advirtió la agravante relativa a que los imputados participaron en un grupo de dos personas y que la privación de esa libertad se realizó con violencia. Que se acreditaron los elementos objetivos del hecho delictuoso de secuestro consistente en la acción de privar de la libertad a una persona y que los sujetos activos fueron quienes realizaron dicha conducta. Indicando dicha juzgadora que se advertía la existencia de datos de prueba idóneos y pertinentes, en términos del artículo 261 de la ley adjetiva penal, pues se infería razonadamente, de acuerdo al estándar probatorio constitucional y legal que se exige para tal efecto, que efectivamente los activos privaron de la libertad a la víctima y su pretensión era apoderarse de un vehículo automotor, lo que quedó acreditado con lo señalado por la propia víctima de iniciales L.A.F.G., quien compareció ante el Ministerio Publico Señalando que era chofer de la camioneta de la empresa Oro, Sociedad Anónima Capital Variable, vehículo de la marca Nissan, tipo Urvan, modelo dos mil diez, color blanco con líneas de color azul y verde, con número económico "123", con placas de circulación "756135J" del Estado de México, y que el día cuatro de junio del año dos mil veinte, aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, circulaba sobre la carretera pozos, dirigiéndose a Ex hacienda Santa Inés, ya que había salido del Municipio de Zumpango y al llegar a la altura del tercer pozo, esto es precisamente en la colonia San Miguel Jaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de México, le hicieron la parada dos sujetos del sexo masculino, deteniendo la marcha, momento en que uno de los sujetos abrió la puerta corrediza, indicándole a la pasajera que se encontraba a bordo de la unidad que se bajara, mientras el segundo sujeto de nombre Josué Fernández Romero se dirigió a la parte del conductor colocándole una navaja a la altura del cuello, del lado derecho, diciéndole que no se quería pasar de verga con él y que se pasará para atrás de la combi, obligándolo a descender del vehículo; acercándose en ese momento José Roberto Chisco Hernández, quien lo comenzó a golpear en el rostro, mientras que José Roberto lo jalo para la parte trasera del vehículo, percatándose que uno de sus compañeros de la ruta pasó a bordo de la combi sin que se detuviera; momentos después él sujeto que portaba la navaja se subió con él en la parte trasera y le empezó a decir "contigo no es el pedo, pero no te pongas pendejo", esto mientras el segundo sujeto a quien reconoció como José Roberto volvió al lugar del conductor poniendo en marcha la combi, mientras le decía que también se lo iban a llevar a él y que se lo iba a cargar la verga, esto mientras Josué lo obligaba a estar acostado boca abajo del piso de la combi y, que, al ir circulando escuchó una sirena de policías y fue cuando lo rescataron. Refiriendo la unitaria que dicha entrevista de la víctima se advertía idónea, la cual se adminiculaba con el otro dato de prueba respecto del el testigo de iniciales N.Y.L.N. quien en relación a lo hechos indicó que trabajaba para la misma compañía que la víctima, por lo que tenía a su cargo un vehículo Nissan, Urvan y que el cuatro de junio del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta minutos, circulaba sobre carretera pozos y vías, dirigiéndose a Santa Inés, dirección a Zumpango, cuándo advirtió que al circular sobre dicha avenida, a la altura del pozo número 3, en la colonia San Miguel, Jaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de México, circulaba la combi de uno de sus compañeros de iniciales L.A.F.G., al cual había bajado, logrando ver como dos sujetos del sexo masculino lo estaban golpeando y jalando para que se subiera a la parte trasera de la combi, observando que incluso ya se encontraba sin pasaje, y que posteriormente solicitó el apoyo correspondiente a los elementos de la policía, quienes lograron aprehensores los imputados. Esgrimiendo dicha juzgadora que, esos datos de prueba, resultan ser idóneos y pertinentes en términos del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues adquirieron fuerza y validez preponderante, ya que constituían datos de mayor eficacia, por haber sido recabados conforme a la reglas establecidas en los artículos 129, 131 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que la víctima se dirigió ante el Agente del Ministerio Público con objetividad respecto de lo acontecido y con apoyo del testigo presencial; convirtiéndose así en datos pertinentes, porque correspondieron a las personas que vivieron y observaron el evento a través de los sentidos, sin que se desprendiera éstos hubieran rendido esas entrevistas por referencias de otros; además de que resultaron pertinentes, en virtud de que su contenido se desprendió una relación con el hecho materia de estudio y permitió a esa juzgadora corroborar la existencia de la privación de la libertad de la víctima, con la finalidad de desapoderarlo del vehículo automotor a su cargo. Determinando la unitaria que, lo anterior se sustentaba al tenor de lo manifestado por lo primeros respondientes Néstor Herón Asensio y Pedro Reyes Castellanos, quiénes de forma puntual y coincidente declararon que, efectivamente el cuatro de junio de dos mil veinte, a las veinte horas, cuándo se encontraban a bordo de su unidad sobre la carretera Pozos y vías, a la altura del poblado San Miguel Jaltocan del Municipio de Nextlatpan, Estado de México, a la altura del pozo, se percataron que iba circulando, en sentido contrario, un vehículo de la marca Nissan, tipo Urvan, de color blanco del servicio público del Estado de México, de la cual una persona les pidió ayuda, indicándoles que acababa de ver como a un compañero, dos sujetos le estaban robando su combi, además de que éstas personas lo estaban golpeado y lo obligaron a subir a la parte trasera de dicho vehículo, los cuales iban con dirección a Ex Hacienda Santa Inés, por lo que pusieron en marcha su unidad, comenzando a circular aproximadamente quinientos metros y, en ese momento, sobre dicha carretera, con dirección a Santa Inés, tuvieron a la vista el automotor por el cual le dieron alcance, invitándoles, mediante comandos verbales, que se detuvieran, haciendo estos caso omiso; haciendo una persecución de aproximadamente un kilómetro, cerrándole el paso a la altura del sexto pozo, está sobre la carretera pozos y vías de la colonia y municipios citados, para posteriormente descender de su unidad, dirigiéndose al lugar del conductor, en dónde se encontraba José Roberto Chisco Mendoza, con quién se identificaron, mientras otro de los oficiales se dirigió a la diversa persona Josué Fernández Romero la cual tenía consigo a la víctima, la cual se encontraba tirada en el piso y la cual se ad vertía lesionada, logrando su aseguramiento. Entrevistas que para esa juzgadora resultaron pertinentes, en virtud de que, de su contenido, se apreció relación con el hecho delictuoso e, idóneas, porque su naturaleza correspondió al objeto de delito; con lo que se corroboró que los inculpados sí realizaron una conducta de acción de consumación permanente, al privar de la libertad a la víctima con el propósito de apoderarse de su vehículo automotor; más aún que fueron datos de prueba que se recabaron de conformidad con los artículos 214 y 217 del Código Nacional Procedimientos Penales, causando convencimiento, puesto que los respondientes al estar en ejercicio de sus funciones conocieron de los actos que pudieran ser constitutivos del delito; por ende, actuaron en consecuencia, al haber señalado que apreciaron, a través de los sentidos, cómo la víctima estaba privada de su libertad en el interior del automotor y lesionada; descubriendo así el sometimiento del cual era objeto el pasivo, advirtiendo entonces que los inculpados no solo robaron el automotor, sino sometieron a la víctima, minando su libertad al restringirlo en el desplazamiento. Por otra parte, esa juez advirtió que la víctima hizo hincapié en que, cuando el delito fue cometido lo agredieron con una navaja, de la cual se advirtió su existencia, al tenor de la inspección que respecto del ese objeto se realizó, proporcionando sus constancias en la carpeta de investigación, al referir que se había tenido a la vista una navaja plegable de aproximadamente veinticinco centímetros de largo, con mango de quince centímetros aproximadamente, de acero, color plata, madera de color negro en los costados, con una hoja metálica de aproximadamente diez centímetros de largo, con terminación en punta, con la leyenda Starling en uno de sus lados; lo que corroboró la versión imputativa por parte de la víctima. Que aunado a lo anterior se constato la existencia del lugar en dónde acontecieron los hechos, siendo carretera pozos y vías del poblado San Miguel, Jaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de México, así como la carretera pozos y vías, colonia Ex Hacienda, Santa Inés del Municipio de Nextlalpan, Estado de México, en la cual también se tuvo a la vista un arroyo vehicular, lugar en donde se llevó a cabo la persecución y detención de los activos. Pero más aún con la inspección del vehículo motivo de apoderamiento, siendo el vehículo de la marca Nissan, tipo urvan, modelo dos mil uno, color blanco con franjas de color azul y verde, con la leyenda de "cometa de oro" en los costados, con número económico "123", con placas de circulación "756135", del servicio público del Estado de México, del cual también se hizo una descripción advirtiendo que, de acuerdo a sus características, efectivamente dicho automotor tenía un espacio en donde dijo la víctima fue sometida, dado que además del espacio del conductor, en la parte trasera, tenía espacio y asientos en donde su victimario lo sometió. Precisando la resolutoria que, ese sometimiento se concretizo a base de golpes al proferido, los cuales cobraron reflejo y se acreditaron con el certificado médico expedido a su favor por el médico legista Lidia Fernández Vargas, quien determinó que el pasivo presentaba múltiples lesiones, estas con formas traumáticas, producto de violencia mecánica, con solidez suficiente como contusiones simples, equimosis y heridas contusas que, si bien era cierto, eran lesiones que fueron clasificadas como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y no ameritan hospitalización, con la expedición de citado informe se corroboró que, de alguna manera, con independencia de su clasificación médica, la víctima sí fue sometida a merced de los inculpados. Por otra parte, señaló que Josué Fernández Romero, rindió una declaración ante esa presencia judicial, en la cual si bien es cierto, negó los hechos, haciendo referencia que fue obligado a desarrollar el acto por el otro inculpado, dado que cuando iban en la combi, él le pidió al otro activo, en varias ocasiones, que dejaran bajar a la víctima, que incluso pretendió que la víctima se sintiera seguro a su lado, no menos cierto es, que no desconoció el hecho principal, lo que implicó que el suceso sí pudo haber acontecido como lo había señalado el sujeto pasivo y que lo que buscaba el ahora inculpado era solo justificar su acción; empero, su argumento se dotó de singular, dado que no encontró apoyo con otro dato de prueba que lo hiciera verosímil, y por el contrario, soportó la versión imputativa. Por ende, de las narraciones de cargo y demás datos objetivos se desprendió con claridad una conducta de acción de manera conjunta para privar de la libertad al pasivo, con el propósito de los activos de aprehender un objeto que nos les pertenecía, siendo el automotor que consigo llevara la víctima. Que el carácter de sujetos activos les recayó a los inculpados, quienes tenían esa calidad, al ser quienes desarrollaron el hecho ilícito; y el de sujeto pasivo, recayó en la víctima cuyo nombre se resguarda. Señalando dicha resolutora que, con el actuar de los sujetos activos se obtuvo un resultado material, al evitar el libre desplazamiento de las personas afectando el patrimonio de las mismas. Y que, con el actuar de los inculpados se violentó el bien jurídico tutelado por la norma, que lo es la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas, en el caso concreto, la víctima de identidad resguardada de iniciales L.A.F.G., además del patrimonio de las personas, precisamente el patrimonio de la empresa Cometa de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que la conducta de robo vulneró el peculio de esa moral, por lo tanto, la privación de la libertad se infirió razonadamente, ya que fue con ese fin, que los activos introdujeran a su esfera jurídica, bienes que no les pertenecían. Asimismo señaló que respecto del nexo de atribuibilidad, se verificó de igual modo, en razón de que entre la afectación del bien jurídico que lo fue la libertad de las personas, en concreto de la víctima y, la conducta desplegada por los inculpados, existió una correspondencia plena y directa, ya que el resultado es plena y objetivamente atribuible al actuar de esas personas (nexo de causalidad); siendo el elemento subjetivo del delito el dolo específico. Asimismo dicha unitaria determinó que, respecto de la finalidad de obtener rescate o beneficio, en esa línea argumental, resultaba dable precisar que para la configuración del hecho que se cuestionaba, se requería que el acto material de privación de libertad fuera una consecuencia exteriorizada del fin perseguido (elemento subjetivo); y que ello significaba que se trata de un elemento subjetivo del injusto específicamente determinado, de tal manera que constituía la tendencia interna del sujeto de ese propio. Elemento que se infería razonadamente, si se consideraba que ello había sido referenciado por la víctima, quien adujo que los inculpados le dijeron que iban por el automotor, pero también se lo llevarían a él; entonces la privación de la libertad fue con ese propósito de obtención del objeto, lo que entonces trajo aparejada la tipicidad de robo; afirmándose que se acreditó el contenido del artículo 287 de la ley sustantiva de la materia que establece: ". comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley." Indicando que dicha descripción típica había quedado acreditada al tenor del señalamiento firme y directo que realizó la víctima, quien fue claro y consistente en establecer que los inculpados, con amagos y amenazas, se llevaron consigo a la víctima, sometiéndolo en la parte posterior del automotor, para ponderarse del mismo el cual se encontraba circulando y, que no sólo eso era su finalidad, sino también privarlo de la libertad, porque si su único fin hubiera sido el vehículo, de manera inmediata lo hubieran hecho descender, sin tenerlo que llevar a bordo. Por lo tanto, se tenía la certeza que los activos llevaron a cabo la privación de la libertad de la víctima con el afán de aprehender ese bien, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pudiera disponer de él conforme a la ley, siendo que entonces los inculpados privaron de la libertad al pasivo para aprehender un objeto, considerado como mueble, dado que de acuerdo al artículo 5.1 del Código Civil, es aquel qué puede ser objeto de apropiación y que puede estar dentro del comercio, siendo que es mueble, dado que por su naturaleza se puede trasladar de un lugar a otro, ya sea por sí mismo o por efecto de una fuerza exterior, que, además tienen una característica especial, que ese bien fue un vehículo automotor, y que se debía entender por vehículo automotor aquél aparato que se puede desplazar dotado un motor que permite la combustión, permitiendo así su desplazamiento. Por otro lado, determinó la resolutora que también quedó acreditado que ese bien era ajeno a los inculpados, porque pertenece, como lo señalo la víctima a la moral Cometa de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, por ser precisamente aquella empresa en la cual labora y se podía advertir que no había habido consentimiento por parte de la víctima para su disposición, tan así que la conducta se realizó a través de la violencia, ante el sometimiento, que no solamente cesó en el momento de aprehender el objeto, sino que se prolongó en el tiempo; tan es así que el imputado Josué Fernández Romero, al momento de privar de la libertad a la víctima, continúo golpeándolo y provocándole lesiones, cuando esté se encontraba en la parte posterior del vehículo automotor ya mencionado. Concluyéndose que, los elementos del hecho delictuoso de secuestro contenidos en el artículo 9, fracción l, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encontraron legalmente justificados en sus extremos. También, esa juzgadora consideró que se acreditaron las agravantes contenidas en el artículo 10, fracción I, inciso b) y c), como lo señaló el Agente de Ministerio Público, pues se acreditó que la conducta se llevó a cabo en un grupo de dos o más personas, dado que la víctima reconoció a José Roberto Chisco Mendoza y Josué Fernández Romero, como los mismos que lo privaron de la libertad para aprehender el automotor en el que circulaba, lo que se constató con lo dicho con los primeros respondientes al momento de lograr su detención. De igual manera, señaló la resolutora que se acreditó que el ilícito se llevó a cabo haciendo uso de la violencia física, circunstancia que como ya se había mencionado, se sostenía hasta ese estadio procedimental, con la manifestación, por parte de la víctima, en el sentido de que no solamente llevaron a cabo un sometimiento físico y moral, como medio comisivo, sino que, éste se prolongó en el tiempo, propinándole además una serie de golpes ya que lo tuvieron a su merced, además de que le proferían palabras intimidatorias, pues fue José Roberto Chisco Hernández quien le decía "te vamos a llevar a ti y vas a ver que te va a cargar la verga", poniendo en marcha la combi, comenzando a circular sobre la carretera con dirección a Ex Hacienda, Santa Inés, golpeándolo en su humanidad, lo que entonces evidenció la violencia moral, teniéndose por acreditada también la violencia física que sobre ese se ejerció, al tenor de los golpes que le fueran certificados. En las relatadas condiciones, se considera legal la actuación de la autoridad responsable, en tanto que se cumple con la exigencia constitucional y legal relativa a que, para dictar el auto de vinculación a proceso, de los antecedentes de la investigación expuestos por la agente del Ministerio Público es indispensable que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, lo cual aconteció. En otro aspecto, al continuar con el estudio del diverso requisito de fondo, relativo a la existencia de datos que acrediten la probabilidad de que los quejosos cometieron el hecho delictivo o participaron en su comisión, se estima que la juez responsable, de manera adecuada, determinó que el agente del Ministerio Público, hasta ese momento, recabó datos de prueba idóneos, pertinentes y que, en su conjunto, permiten sostener la validez de la vinculación a proceso de los investigados. Al caso, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número VI.2o. J/93, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 384 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo II, materia penal, de la octava época, de rubro y texto siguientes: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías". Lo anterior es así, toda vez que no se advierte alguna transgresión a los derechos fundamentales de los quejosos por cuanto se determinó que, con los datos de prueba que sirvieron para justificar la existencia del hecho delictuoso, también se acredita la probabilidad de que los indiciados José Roberto Chisco Mendoza y Josué Fernández Romero, participaron en la realización del hecho delictuoso de secuestro exprés (en su hipótesis de qué para ejecutar el delito de robo se prive de la libertad a otro, con modificativa agravante de haberse cometido por dos personas y se realice con violencia), en agravio de la víctima de iniciales L.A.F.G. A lo que la unitaria precisó que, por lo que hacía a la probable intervención de los imputados, ésta fue corroborada, al haber sido señalados como las personas que el cuatro de junio del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, cuando sorprendieron a la víctima, cuando esté circulaba en su vehículo de la marca Nissan, tipo Urvan, la cual tenía a su disposición con motivo de su actividad laboral, que éste lo hacía en carretera pozos y agua, con dirección a la colonia Ex Hacienda Santa Inés, cuando a la altura del pozo número tres, y a la altura de San Miguel, Jaltocan en el Municipio de Nextlalpan, Estado de México, entonces Josué Fernández Romero y el diverso imputado le hicieron la parada, advirtiendo que el primero de los mencionados se dirigió a la puerta de lado del conductor, colocándole entonces a la víctima una navaja plegable, con la cual lo amagó y le indicó, con palabras altisonantes, que no se pasará de verga, que se pasará para atrás, que iban por la combi, eso mientras que José Roberto Chisco Hernández abría la puerta corrediza, obligando a bajar entonces a la pasajera que se encontraba en su interior, y que después ambos sujetos sometieron a la víctima, golpeándolo en el rostro, abordándolo en la parte trasera y subiéndose con la víctima Josué Hernández Romero, mientras en todo momento José Roberto Chisco Hernández era la persona que circulaba el vehículo automotor, y que fue la persona reconocida por la víctima, que le decía "te vamos a llevar a ti, vas a ver que te va cargar la verga", poniendo en marcha la combi, comenzando a circular sobre la misma carretera con dirección a Ex hacienda Santa Inés, cuando ya habían privado de la libertad al sujeto pasivo. Por lo tanto, su probable intervención quedó acreditada en términos de lo que prevé al artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, es decir, se les consideró coautores funcionales con dominio del hecho, pues la misma se acreditó con el señalamiento firme y directo que, sobre éstos, realizaron la víctima y el testigo presencial de los hechos de iniciales N.Y.L.N., quien refirió que efectivamente observó el sometimiento del cuál hubiera sido objeto el pasivo en mención, argumentos que resultaron idóneos, también en ese apartado, en términos de lo que prevé el artículo 21 constitucional y 261 de la ley adjetiva de la materia, puesto que ambos (víctima y testigo) notaron la existencia de los sujetos y pudieron proporcionar información suficiente para poder corroborar cuál era el acto que cada uno desplegó en la dinámica delincuencial; más aún, que fue el ofendido el facultado para informarlo, dado que fue la persona que, de manera directa, resintió la conducta ilícita y no lo precisó por referencias de otros, sino, porque evidentemente vivó el acontecer delictivo. Lo cual también se robusteció al tenor de las entrevistas de los primeros respondientes Néstor Herón Ascencio y Pedro Reyes Castellanos, puesto que estos se encargaron del aseguramiento de los imputados, encontrándolos en poder del vehículo automotor motivo de apoderamiento y así mismo advirtieron el sometimiento de la víctima, una vez que lo hubieran privado de la libertad. Pero más aún, con la propia declaración del inculpado Josué Fernández Romero, quien en presencia de su defensor no desconoció la conducta delictiva, ubicándose en circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del acontecer delictivo, por lo tanto, quedó corroborado, a nivel de probabilidad, que si hubo coautoría material funcional, en virtud de que ambos imputados realizaron la conducta verbo rector, ya que hubo una participación inminente, primaria, dado que se presentó cuando los sujetos intervinieron en el momento ejecutivo del hecho, teniendo dominio del mismo; el número de sujetos participantes fue de dos, respecto de los cuales, su intervención se vinculó necesariamente en el momento que se desplegó la conducta delictiva y que consumó el hecho, teniéndolo por ejecutado, actuando entonces en conjunto y con dominio del hecho delictivo de manera simultánea, teniendo ambos un aporte necesario que resultó eficiente para la perpetración del hecho delictuoso, es decir, la privación de la libertad de la víctima, para lograr el apoderamiento de un vehículo automotor que nos les pertenecía. Por lo tanto, esa juzgadora consideró que sí se encontró debidamente acreditado el contenido del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal. Por otra parte, respecto del dolo, señaló que, se apreció en el particular, que los inculpados adecuaron su conducta al contenido del artículo 8, fracción I, del Código Penal vigente en esa entidad, el cual dispone que el delito es doloso cuando se obra conociendo los elementos del tipo penal, pues el resultado típico del hecho delictuoso materia de análisis, indudablemente fue querido por parte de éstos, pues no existió dato alguno que revelara que algún tercero los obligó a desarrollar sus acciones, lo cual ilustró la intencionalidad de las mismas. Que en relación a la antijuridicidad, la conducta típica desplegada por los imputados era antijurídica, por no estar amparada bajo alguna causa de justificación o de exclusión del delito. Atento a lo anterior, consideraba estimaba que los inculpados, tenían suficiente capacidad psicológica que les permitía comprender el carácter antijurídico de su conducta, ya que no existieron datos de que al desplegarla hubieran estado inmersos en alguna de las causales de inimputabilidad que prevé el código penal estatal; además no se advirtió que hubieran estado constreñidos en su autodeterminación que les hubiera impedido adecuar su conducta a otra diversa. Máxime que para tener por acreditada la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del delito que se les atribuye, basta la existencia de datos que, de un examen preliminar, lleven a estimar, con un grado aproximado de certeza, su participación en la ejecución del delito, y que precisamente por ese grado de convicción sea razonable y justo someterlo a una vinculación a proceso, para que posteriormente se dicte sentencia en la que en definitiva se establezca su plena culpabilidad o, en su defecto, se le absuelva. Bajo ese esquema, debe concluirse apegada a derecho la actuación de la autoridad responsable, en tanto que se cumplió con la exigencia constitucional y legal para dictar el auto de vinculación a proceso, ya que de los antecedentes expuestos por la fiscalía se desprenden datos de prueba que acreditan la probabilidad de que los quejosos cometieron el hecho señalado por la ley como delito, o bien, que participaron en su comisión. De ahí que, al tenor de lo antes expuesto, se coincide con la juez de control responsable, por cuanto concluyó que, con base en los datos de prueba existentes hasta este momento, es procedente dictar auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos, Josué Fernández Romero y José Roberto Chisco Mendoza, secuestro exprés (en su hipótesis de qué para ejecutar el delito de robo se prive de la libertad a otro, con modificativa agravante de haberse cometido por dos personas y se realice con violencia), ilícito previsto y sancionado, por el artículo 9 fracción l, inciso d), agravado por el artículo 10 fracción l, inciso b) y c) de la General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 6, párrafo primero, 7, párrafo primero, fracción ll, 8, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal; en agravio de la víctima de iniciales L.A.F.G. Consecuentemente, los motivos de disenso que se hicieron valer en la demanda son infundados. En efecto, de acuerdo con los razonamientos expuestos, se acredita que el auto de vinculación a proceso reclamado está debidamente fundado y motivado, dado que cumple con los requisitos de forma y de fondo que exige el artículo 19 de la Constitución Federal, analizados bajo el estándar probatorio que se rige sólo por el grado de razonabilidad de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía y los datos de prueba de descargo ofrecidos, en su caso, por la defensa. Habida cuenta de que la juez responsable, en el caso, cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se formuló imputación a los accionantes, uno de los cuales se reservó su derecho para declarar y el otro expuso su deseo de declarar, lo cual así realizó; se les hizo saber el término con que contaba la autoridad para resolver su situación jurídica, ante lo cual solicitaron la duplicidad del mismo, y se le explicaron los derechos que la Constitución Federal reconoce a su favor, advirtiendo que estuvieron asistidos por peritos en derecho en el asunto penal de origen. Por otra parte, debe establecerse que, con los datos de prueba expuestos por la fiscalía, son suficientes para acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal de que se trata; empero, se reitera que en el sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador el juez de control, sin que sea procedente abordar el análisis respecto de la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Consideración anterior que encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 35/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45 (de agosto de 2017), tomo I, materia penal, de la décima época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, por las razones que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis número PC.II.P. J/7 P (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1479 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52 (de marzo de 2018), tomo II, materia común, penal, relativa a la décima época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ES INNECESARIO CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA CUANDO EN SU DICTADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA TENIDO POR ACREDITADOS LOS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y/O SUBJETIVOS DEL CUERPO DEL DELITO, AL NO TENER UN EFECTO ÚTIL QUE FAVOREZCA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO". En otro aspecto, debe señalarse que la determinación del juzgador responsable, por cuanto vinculó a proceso a los imputados, aquí quejosos, no implica considerar que existió una violación al principio de presunción de inocencia que opera en su favor, sino que, con base en los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público y que fueron expuestos en la audiencia correspondiente, en el caso concreto, tal principio quedó desvirtuado, ante la ausencia de datos probatorios que contrarresten la imputación formulada por el representante social. En el entendido de que en el proceso penal acusatorio, al momento de dictarse el auto de vinculación a proceso, se continúa con la investigación, con la diferencia de que ésta será bajo la tutela del juez de control; de ahí que el sujeto activo puede, durante la investigación judicializada, desvirtuar los datos de cargo que expuso la fiscalía en la audiencia de formulación de imputación, los cuales tomó en consideración la autoridad responsable para concluir que existen datos suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado que la ley señala como delito, y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Por lo anterior, cabe agregar que si bien es cierto los quejosos gozan inicialmente de su presunción de inocencia, también lo es, que hasta este estado procesal la misma ha quedado controvertida con los datos ya reseñados, para el sólo efecto de dictar auto de vinculación a proceso, siendo en sentencia donde se decide en definitiva la responsabilidad penal. Al caso tiene aplicación, por las razones que informa, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2016 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 546 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31 (junio de 2016), tomo I, materia constitucional, relativa a la décima época, cuyo rubro es el siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". En cuanto a la alegada violación al derecho fundamental contenido en el artículo 1º de la Constitución Política, esto es, al principio pro persona, debe decirse, que si bien consiste en ponderar ante todo lo fundamental de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a lo que más le favorezca a la persona, debiendo acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites para su ejercicio. De tal forma que el objetivo de ese principio es procurar la mayor protección, pero sin desconocer otros que son también de gran entidad; esto es, la reforma a la norma constitucional que se hace valer conlleva un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-. Sin embargo, ello no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que se venía desempeñando antes de la reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, lo que en el caso no ocurre, ya que no se advierte que exista otro ordenamiento de índole internacional que provoque un mayor beneficio a la quejosa, ni interpretación extensiva alguna que justifique una decisión distinta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 906, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable con registro 2004748, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." Y, en vía de ilustración se cita la jurisprudencia 172/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1049, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Décima Época, Registro 2002747, que establece: "DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Con base en lo anterior, se puede decir que el principio pro persona de ninguna manera puede servir de apoyo para hacer procedente lo que jurídicamente no lo es; por tanto, se estima que el control de convencionalidad no llega al extremo de que el juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa, de ahí, que no vulnere lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (supremacía constitucional). Entonces, la sola mención de los quejosos, en la demanda de amparo, de que la autoridad violentó derechos humanos, es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la Tesis visible en la página 4334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, Registro 2000084, sostiene el criterio de título: "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO." Además, el examen oficioso del acto reclamado revela que se trata de un mandato de autoridad, el cual consta en las videograbaciones remitidas por la autoridad responsable. Finalmente, respecto de su concepto de violación que hacen consistir en que al ser detenidos, la autoridad indujo todas las entrevistas de los policías, la víctima y de los testigos, ya que los hechos narrados contienen igualdad, ya que contienen las mismas palabras y errores ortográficos, el mismo resulta infundado dado que, no deben declararse ineficaces los testimonios de cargo por el hecho de estar redactados en términos similares, dado que ello no necesariamente implica la sospecha de que los deponentes hubieran sido aleccionados, sino únicamente, que tal circunstancia puede obedecer al estilo de redacción del funcionario que tomó las declaraciones. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII (agosto de 1991), página 227, Octava Época, Registro digital 222183, de texto y rubro siguientes: "TESTIGOS DE CARGO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS TESTIMONIOS ESTÉN REDACTADOS EN TERMINOS SIMILARES, ES INSUFICIENTE PARA DECLARARLOS NULOS DE PLENO DERECHO. No deben declararse ineficaces los testimonios de cargo por el hecho de estar redactados en términos similares, dado que ello no necesariamente implica la sospecha de que los deponentes hubieran sido aleccionados, sino únicamente, que tal circunstancia puede obedecer al estilo de redacción del funcionario que tomó las declaraciones. En las relatadas condiciones, habiendo resultado infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, y toda vez que después de realizar una revisión exhaustiva del auto de vinculación a proceso reclamado, se arriba a la conclusión de que la autoridad responsable, de manera ajustada a derecho, expresó los preceptos aplicables al caso concreto y los razonamientos lógico-jurídicos atinentes, sin que se advierta infracción legal alguna, sea por inobservancia o por aplicación inexacta de la ley, menos aún por incorrecta fundamentación o motivación, declara procedente NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SE SOLICITAN. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Josué Fernández Romero y José Roberto Chisco Mendoza. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Samuel Sánchez Sánchez, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, en unión de José Antonio Salinas Ibarra, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe." Por tanto, agréguese a los autos el ocurso de cuenta a través del cual el quejoso Josué Fernández Romero, solicita se notifique al Juez de Control de Zumpango, Estado de México, la resolución dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, dígase al promovente que deberá atender lo acordado en las líneas que anteceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía correo a la Agente del Ministerio Público adscrita, por lista a los terceros interesados Cometa de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Luis Armando Flores García y por oficio al diverso tercero interesado y a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Samuel Sánchez Sánchez, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa asistido de Eduardo Hernández Montiel, Secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE CELEBRA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y PASA A PROYECTO DE SENTENCIA

  4. Principal

    Agréguese a los autos para el único efecto de que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual en cumplimento al auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, proporciona el domicilio con que cuenta a nombre de José...; lo anterior es así, toda vez que el dos del mes y año en curso, se tuvo por emplazada a dicha parte procesal.

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