Josué Miranda Castro

Expediente 4200/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
4200/2014
Año
2014
Actuaciones
13
Última actuación
28/08/2015

Partes del expediente

  • Josué Miranda Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintinueve de julio del año en curso, en la cual se negó al quejoso el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 4200/2014, presentes en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por conducto de sus integrantes; su Presidente; y, su Coordinadora de Actuarios, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que exhibió el quejoso con su escrito inicial de demanda; de las copias certificadas del expediente laboral número 182/II/2013 que exhibió la autoridad responsable Junta Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas con su informe como justificación del acto reclamado. Al respecto, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. No existiendo actuaciones pendientes de realizar y en vista de todo lo actuado, se pasa a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 4200/2014; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el quince de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSUE MIRANDA CASTRO, por propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por los actos que se precisan a continuación: "IV. ACTO RECLAMADO. a) La cédula de emplazamiento de fecha 23 de abril de 2013, que indebidamente se realizó en un domicilio diverso, pues en el mismo se asienta calle Valenciana número 218, colonia Tahona, Guadalupe, Zacatecas, a través de cédula de notificación, efectuada por el actuario de referencia, debiendo de precisar que ese domicilio no se ubica en Guadalupe, Zacatecas, si no en Zacatecas, Zacatecas, y posterior. b) El citatorio de fecha 23 de abril de 2013, que supuestamente se entregó en el domicilio del quejoso calle Valencia número 218, colonia Tahona, Guadalupe, Zacatecas domicilio que no existe en ese municipio si no que ese se ubica en el municipio de Zacatecas. c) La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de fecha 30 de mayo de 2013. d) La audiencia de Ofrecimiento y Admisión de pruebas, de fecha diecisiete de julio de 2013. e) El laudo de fecha 26 de noviembre de 2013, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, Zacatecas. f) El auto de requerimiento de pago y/o embargo de fecha 09 de enero de 2014. g) Todo el procedimiento, a partir de las ilegales notificaciones, por omisión en las formalidades para efectuar el emplazamiento. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 4200/2O14; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; el tres de febrero de dos mil quince, se emitió resolución en la que se negó la protección de la justicia federal al ahora quejoso. Contra tal determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto el cuatro de junio de dos mil quince, en la que se ordenó la reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo a fin de que se diera vista a las partes con los informes justificados rendidos por las responsables atendiendo al término establecido en el artículo 117 de la Ley de amparo. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las responsables, y se citó a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción 1, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a) El citatorio de veintidós de abril de dos mil trece, entregado en el domicilio del quejoso calle Valencia número 218, colonia Tahona, Guadalupe, Zacatecas. b) La cédula de emplazamiento de veintitrés de abril de dos mil trece, la cual fue dejada en el domicilio ubicado en calle Valenciana número 218, colonia Tahona, Guadalupe, Zacatecas. c) La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de treinta de mayo de dos mil trece. d) La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de fecha diecisiete de julio de dos mil trece. e) El laudo de veintiséis de noviembre de dos mil trece, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, Zacatecas. e) El auto de requerimiento de pago y/o embargo de nueve de enero de dos mil catorce. f) Todo el procedimiento del juicio laboral. En este apartado, es de indicarse que del análisis de la demanda de amparo, se logra evidenciar que la parte quejosa, reclama como consecuencia del ilegal emplazamiento: la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de treinta de mayo de dos mil trece; la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de fecha diecisiete de julio de dos mil trece; el laudo de veintiséis de noviembre de dos mil trece, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, Zacatecas; el auto de requerimiento de pago y/o embargo de nueve de enero de dos mil catorce; esto es, todo el procedimiento del juicio laboral número sin embargo, al no expresar en su contra concepto de violación alguno, no se procederá a su análisis en lo particular, sino en vía de consecuencia del llamamiento a juicio que se dice viciado. Lo anterior, en cumplimiento al criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión civil número 28/20 14. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. lI.2.1. Certeza: Las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Presidente y Actuario adscrito a dicha autoridad laboral, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, precisado en el punto II.1, de este considerando. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, su existencia se corrobora con las copias fotostáticas certificadas del expediente número 182/II/2013, en donde consta el acto recIamado; documentales públicas a las que se les otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, una vez analizadas las actuaciones que integran el presente juicio de garantías el suscrito resolutor, tampoco advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." IV. Litis constitucional. lV Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos de violación medularmente se alega: Que la autoridad responsable vulnera su garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 constitucional, toda vez que no fue llamado a juicio con las formalidades previstas en la ley, específicamente en los artículos 740, 742, fracción 1 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la notificación del veintitrés de abril de dos mil trece y el citatorio de veintidós de abril del mismo año, el actuario adscrito notificador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no señaló los medios que agotó en la diligencia de emplazamiento para lograr el cercioramiento sobre el domicilio del quejoso ya que estos no existen en ninguna de las constancias procesales de notificación, además, de que el domicilio que señaló el demandante para el emplazamiento no se ubica en donde se llevó a cabo, pues la calle Valencia número 218 fraccionamiento Tahona, Guadalupe, Zacatecas, no existe, o bien ese fraccionamiento se ubica en la ciudad de Zacatecas. Que el actuario solo se basó por la nomenclatura del lugar y por el dicho de una persona con la que efectuó el emplazamiento pero quien supuestamente dijo ser trabajadora de la persona buscada, pero no lo acreditó, ni se identificó. IV. 2. Antecedentes y acto reclamado. Así, para una mejor comprensión del asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del juicio laboral número 182/II//2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y en esencia son: - Mediante escrito presentado ante la Junta Local de Conciliación y. Arbitraje del Estado de Zacatecas, Iván Martín Dueñas Rivera, formuló demanda en la vía laboral ordinaria, contra JOSUE MIRANDA CASTRO, con domicilio en Calle Valencia número 218, Fraccionamiento Tahona, Guadalupe, Zacatecas (fojas 1 a 3 de las copias fotostáticas certificadas del expediente 182/II/2013). - En auto de diecinueve de febrero de dos mil trece, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, tuvo por recibido el escrito de demanda, se avocó a su conocimiento y lo radicó con el número de expediente 182/11/2013); ordenó citar a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y señaló hora y fecha para que tuviera verificativo. Finalmente, ordenó notificar y emplazar a la parte demandada (foja 4). - En acta elaborada el veintidós de abril de dos mil trece, el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, hizo constar la entrega del citatorio que dirigió al demandado JOSUE MIRANDA CASTRO en los siguientes términos: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO CIRCUITO CERRO DEL GATO EDIFICIO "F" PLANTA BAJA, CIUDAD ADMINISTRATIVA. C.P. 98160. ZACATECAS, ZAC. C 1 T A T O R 1 O RECIBÍ EXPEDIENTE 182/II/2013 _________________ No, IVÁN MARTÍN DUEÑAS (Hágase constar negativa o imposibilidad) RIVERA. VS CC. DEMANDADO JOSUE MIRANDA CASTRO CALLE: JOSUE MIRANDA CASTRO Y/o EN SU DEFECTO QUIEN EN SU DEFECTO QUIEN RESULTE RESULTE RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA RELACIÓN RELACIÓN LABORAL FRACC. LABORAL C. VALENCIA #218 COL. TAHONA GPE, ZAC. Con motivo de la práctica de una diligencia de carácter laboral, relación laboral, relativa al expediente arriba indicado, sírvase esperar el próximo 23 de Abril del 2013 en punto de las 14:00 horas, apercibido (s) de que en caso de no encontrarse, la diligencia será realizada con la persona que se encuentre presente ó en su defecto, s estuviera cerrado el domicilio, la notificación será fijada en la puerta de la entrada, siendo legal la notificación; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 742 y 743 fracciones IV y V de la Ley Federal del Trabajo.- Doy Fe. Gpe, Zac., a 22 de Abril del 2013 Atentamente EL C. Actuario_____________ Lic. Juan Pablo de la Cruz E. (SELLO) RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Siendo las 14:00 horas del día 22 del abril del 2012, me constituí en el domicilio ubicado en.la calle Valencia Número 218 del fraccionamiento Tahona Gpe de Zac, habiendo preguntado por: el demandado el C Josué Miranda Castro y/o en su defecto quien resulte responsable dela relación laboral y no encontrándose presente (s), procedí a dejar citatorio con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del Artículo 743 de la Ley federal del Trabajo, a fin de lo que me esperara en punto de las 14:00 horas del día 23 del mes de abril del año 2013 habiéndolo recibido: la C. María Guadalupe Ávila quien dijo ser: laborar en el domicilio y manifestó que su patrón no se encuentra por el momento, en la inteligencia de que me cercioré que era el domicilio correcto y para realizar la notificación por: La nomenclatura de la calle, número oficiaI Col. Así como por el dicho quien me manifiesta que es el domicilio de la persona requerida, informa que está facultada para recibir documentación a su nombre. MEDIA FILIACIÓN DE CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA: NOMBRE: María Guadalupe Avila EDAD APROXIMADA: 18 años SEXO: Femenino COLOR DE PIEL: Morena ESTATURA: 1.63 mts. COLOR Y ESTILO DE CABELLO: Negro, lacio, mediano El c. actuario. Aunado a lo anterior, en acta elaborada el veintitrés de abril de dos mil trece, el diligenciario hizo constar la entrega de la cédula de emplazamiento, y en esencia asentó: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO CIRCUITO CERRO DEL GATO EDIFICIO "F" PLANTA BAJA, C ADMINISTRATIVA. C 98160. ZACATECAS, ZAC. Expediente Núm. 182/II/2013 CEDULA NOTIFICADO Demandado: C. Josue Miranda Castro y/o en su defecto quien resulte responsable de la relación laboral_______________________________________________ DOMICILIO CaIIe Valencia No. 218 Col. Tahona, Guadalupe,__________________ POBLACIÓN ____Zacatecas___________________________________________. En autos del juicio laboral arriba indicado con fecha 19 de ______Febrero del año 2013, se dictó una resolución, la cual se ordenó le fuera notificada PERSONALMENTE. Para su conocimiento y efectos legales le dejo COPIA DE LA MISMA, Debidamente cotejada de su original, en estos momentos que son las _14:00_______ horas, del día 23 del mes de Abril del año __2013_. OBSERVACIONES Se dela documentación en poder de la O. María Guadalupe Avila, quien dijo laborar para el demandado quien autoriza a la persona que me atiende para recibir la documentación y manifiesta que aquí habita. LIC. ISMAEL TORRES FLORES EL C. ACTUARIO RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Siendo las ___14:00 horas del día 23 del mes de ______Abril_____________________ del año 2013 ME CONSTITUÍ EN EL DOMICILIO INDICADO, habiendo dejado toda la documentación que se precisa copia sellada de la demanda, auto de inicio de fecha 19 de febrero del 2013 y cédula.__________________en la inteligencia de que me CERCIORÉ DE QUE ERA EL LUGAR PARA LA NOTIFICACIÓN por la nomenclatura de la calle, el número oficial, la colonia y así como por el dicho de quien me atiende y recibe_____________________________________ CONSTE. LIC. ISMAEL TORRES FLORES EL C. ACTUARIO - El treinta de mayo de dos mil trece, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de la que se desprende que no estuvo presente la parte demandada JOSUE MIRANDA CASTRO, ni persona que legalmente la representara, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diecinueve de febrero de dos mil trece y se tuvo a la parte demandada por contestando la demanda en sentido afirmativo (foja 7). - El diecisiete de julio de dos mil trece, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de la que se desprende que no estuvo presente la parte demandada JOSUE MIRANDA CASTRO, ni persona que legalmente la representara (foja 7). - Seguido el juicio, el veinticinco de noviembre de dos mil trece, se dictó laudo definitivo, en el que se condenó al demandado JOSUE MIRANDA CASTRO, al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 13 a 17). V. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. En principio, es necesario explicar que el emplazamiento es el llamamiento que se hace a una persona, física o jurídica, para que comparezca al tribunal dentro del término que se le designe, con el objeto de defenderse de los cargos que se le hacen y, de oponerse a la demanda. La doctrina y la jurisprudencia han sido coincidentes en conceptualizar al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. De lo que se colige que es mediante ese acto procedimental que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República, que dispone que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Por consiguiente, en toda controversia judicial en que se practique el llamado a juicio, existe la presunción legal de que en ella se cumple con la garantía constitucional antes citada, dado que por su conducto se da inicio al derecho que tiene todo demandado de ser oído y vencido en un juicio, pues a fin de resentir una condena legal derivada de una relación jurídica de cualquier índole, constituye requisito indispensable el que se observe estrictamente ese derecho público subjetivo. Se invoca en apoyo al tema, la jurisprudencia 247, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 168 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Séptima Epoca, Tercer Sala. "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia". La Ley Federal del Trabajo reconoce la importancia de ese llamado a juicio; el legislador consideró que tanto el emplazamiento como el primer acuerdo dictado en el procedimiento laboral, debían notificarse de forma personal, y además rodeó dicha diligencia de una serie de requisitos que aseguren su legal realización a fin de no dejar resquicio alguno que motivara la inaudiencia de cualquier demandado; para ello determinó las detalladas reglas a que sujetarse esa actuación judicial. En efecto, los numerales 742, fracción I y 743 de la legislación en cita, establecen: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. EL emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.) "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado ó su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, esta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución, y VI En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye". En el primero de los numerales transcritos, el legislador reconoció la importancia de notificar de manera personal, tanto el emplazamiento, como el primer proveído que se dicte en el juicio laboral. Mediante esa diligencia, el órgano jurisdiccional establece la relación jurídica procesal que vincula a las partes contendientes durante un juicio, de ahí la trascendencia que la ley le confiere y la razón de que su desahogo se lleve a cabo en forma personal y directa con el demandado. En el segundo, señaló de manera pormenorizada las reglas básicas de esa notificación personal, que consisten en asegurar procesalmente que la notificación se hará a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que tenga oportunidad de acudir al juicio y ser oído en defensa de sus derechos, es decir, para permitir que el demandado en el juicio tenga conocimiento del mismo y oponga las excepciones y defensas a su alcance, ofrezca las pruebas que las acrediten, objete las de su contraria e intervenga en su recepción, formule los alegatos que a sus intereses competa, etcétera. Por ello, la fracción 1 del referido numeral 743, establece que el diligenciario debe cerciorarse que la persona que deba ser notificada habite, trabaje o tiene su domicilio en el local señalado para hacer la notificación, debiendo observarse que al respecto no basta con que el funcionario simplemente manifieste que se ha cerciorado de ello, sino conforme a lo ordenado en el párrafo final del aludido artículo 743, debe asentar razón en autos "señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye", requisito de precisión que se exige al notificador en todos los casos a que se refiere ese numeral, obviamente, como garantía de que la exactitud de la diligencia será comprobable si se pone en duda, Una vez que el actuario de la Junta se cerciora, en la forma apuntada, de la exactitud del domicilio, se dispone en la fracción II de aquel dispositivo legal, que si el interesado o su representante está presente, el actuario notificará la resolución; y, si no está presente el interesado o su representante, según la hipótesis de la siguiente fracción (lII), debe dejarse citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Luego, si al acudir el notificador al domicilio para practicar el emplazamiento o notificación, el interesado no está presente o no esperó al funcionario, ese emplazamiento o notificación debe practicarse a cualquier persona que se encuentre en el domicilio, de todo lo cual dejará razón en autos y señalará con claridad los elementos en que se funde su convicción de la certeza tanto del lugar al que acude como de las personas a las que busca. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.T. J/7, con registro 176018, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito que establece: "CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. AUN CUANDO EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS RELATIVAS CIERTAS FORMALIDADES PARA QUE AQUÉLLOS SEAN JURÍDICAMENTE VÁLIDOS. Del artículo 743, fracción 1, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el actuario debe cumplir con ciertas formalidades para que tanto el citatorio como el emplazamiento sean jurídicamente válidos; esto es, debe cerciorarse de que el lugar en el que se apersonó es aquel en el que debe actuar, así como en donde puede localizarse a la persona que debe notificar, porque ahí habita, trabaja o tiene su domicilio. Para cumplir con lo anterior, debe expresar las razones particulares o medios de convicción que tenga a su alcance para determinar que el domicilio en el que actúa es el correcto para practicar el emplazamiento a juicio, e indicar las características del inmueble donde se constituyó, y cualquier otra circunstancia objetiva que revele que se ubicó en el domicilio ordenado, y no únicamente mencionar que lo tuvo a la vista; además, en su caso, los nombres de las personas que le indicaron que ahí es el domicilio del demandado, o bien, la negativa a proporcionar su nombre y no únicamente señalarlos genéricamente; es decir, debe hacer constar en las actas respectivas los medios de que se valió, tanto objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario), como subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas), para tener la certeza que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien se busca o en su caso al representante legal de la persona moral demandada, ya que si carece de tales datos, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento, no obstante la fe pública del funcionario". Sirve de apoyo también, por los motivos que la sostienen, la jurisprudencia ll.T. J/17, con registro 188834, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajó del Segundo Circuito del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. Según el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, deberá notificarse personalmente "el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que dicte en el mismo" y el siguiente numeral 743, fracción 1, respecto a la primera notificaci6 personal, obliga al actuario a cerciorarse de que quien debe ser notificado, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local) señalado en autos para efectuarla, lo cual implica necesariamente la obligación de verificar esas circunstancias previamente a la práctica de la diligencia, con el propósito de constatar la concurrencia al lugar correcto y en donde pueda ser localizado el demandado, por encontrarse de manera ordinaria, habitual o permanente, lo cual evidentemente resulta un presupuesto fundamental, pues de no hacerse así, se estaría ante la incertidumbre de que en el sitio donde se efectuó, no se encontraba la persona requerida". Confrontadas esas reglas previstas por la Ley Federal del Trabajo, con el procedimiento seguido por el actuario adscrito a l Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, para emplazar al demandado JOSUE MIRANDA CASTRO, deriva lo siguiente: a). Que para dar cumplimiento al acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil trece, el diligenciario se constituyó a las catorce horas del veintidós de abril de dos mil trece, en el domicilio que la parte actora señaló como de la demandada, sito en Calle Valencia número doscientos dieciocho (218), Fraccionamiento Tahona, de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. b). Que el actuario, para hacer constar la forma en que se cercioró de que estaba constituido en el domicilio indicado, refirió que así se lo manifestó una persona del sexo femenino, quien respondió al nombre de María Guadalupe Ávila, quien dijo ser trabajadora de la persona demandada, y que al solicitarle la presencia de la demandada refirió que la persona buscaba no se encontraba. o) Atento a lo anterior, el diligenciario dejo citatorio para las catorce horas del veintitrés de abril de dos mil trece, en poder de María Guadalupe Ávila; con el apercibimiento para el destinatario, que de no esperar a servidor público, el emplazamiento y la notificación se practicarían con quien en ese momento se encontrare presente o en su defecto, si estuviera cerrado el domicilio, la notificación sería fijada en la puerta de entrada, siendo legal la notificación. d). Al volver nuevamente al domicilio, a las horas indicadas del veintitrés de abril de dos mil trece, y cerciorado del domicilio correcto, por así acreditarse por la nomenclatura de la calle y por el dicho de la persona que lo atendió, por lo que, el diligenciario encontró nuevamente a la misma persona, a quien le requirió la presencia del demandado, quien manifestó ser trabajadora de la demandada, la cual no se encontraba en ese domicilio pese al citatorio que se le dejó con anterioridad; a su vez, el actuario le notificó y corrió traslado con copias autorizadas de la demanda, del auto de diecinueve de febrero de dos mil trece y de la diligencia de emplazamiento, por conducto de María Guadalupe Ávila, quien no firmó de recibido en la cédula de notificación elaborada por el fedatario. Lo expuesto revela que el actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en sus actuaciones de veintidós y veintitrés de abril de dos mil trece, relativas a las diligencias practicadas para emplazar al demandado JOSUE MIRANDA CASTRO, se ajustó estrictamente a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 742 y 743, fracciones 1, III y IV, porque asentó razón en autos en la que señaló de manera clara y pormenorizada los elementos de convicción en que se apoyó para cerciorarse de que en el lugar señalado precisamente para emplazar al demandado JOSUE MIRANDA CASTRO, ubicado en calle Valencia número doscientos dieciocho, Fraccionamiento Tahona, es aquél en el que tiene su domicilio la persona demandada (cuando menos, en la fecha en la que el diligenciario lo buscó para practicar el emplazamiento), pues para ello observó las características del inmueble, así como su nomenclatura; es decir, detalló la ubicación del inmueble en el entorno geográfico. Todo ello le fue corroborado por una persona del sexo femenino quien dijo llamarse María Guadalupe Ávila; persona a quien el diligenciario encontró en el domicilio al que acudió y quien refirió ser trabajadora del demandado JOSUE MIRANDA CASTRO, que el buscado era su patrón y que en ese domicilio vivía. En tales condiciones, y tomando en consideración lo antes expuesto, debe decirse que el concepto de violación, es infundado. Lo anterior es así, toda vez que el actuario llegó a la convicción de encontrarse en el domicilio del demandado JOSUE MIRANDA CASTRO, porque los elementos de identificación del inmueble e indicaron encontrarse en el lugar correcto, y porque la persona del sexo femenino que dijo llamarse María Guadalupe Ávila, manifestó trabajar para el demandado; además, le refirió ser ese domicilio el correcto, que ahí vivía, pero que en ese momento no se encontraba; todos esos datos, asentados debidamente en las actas relativas, muestran que el actuario sí mencionó con claridad los elementos de que dispuso para su cercioramiento, contrario a lo que sostiene el quejoso. Asimismo, de manera reiterada se duele que el domicilio donde se realizó el emplazamiento fue en calle Valencia número doscientos dieciocho, fraccionamiento Tahona, Guadalupe, Zacatecas, domicilio que no existe en esa población. Es verdad que como lo refiere el quejoso, el domicilio antes citado no existe en Guadalupe, Zacatecas, sin embargo, esa circunstancia es insuficiente para poder arribar a la conclusión de que el emplazamiento fue realizado de manera incorrecta. Lo anterior se afirma, porque con independencia a si el domicilio ubicado en Valencia número doscientos dieciocho (218), Fraccionamiento Tahona, pertenece al Municipio de Guadalupe o de Zacatecas, lo cierto es, que el demandado fue correctamente emplazado en calle Valencia número doscientos dieciocho (218), Fraccionamiento Tahona, cuyo domicilio en momento alguno negó que le pertenece, aunado a lo anterior, tampoco negó que María Guadalupe Ávila estuviere bajo sus servicios y la circunstancia de que el actuario no le haya solicitado a dicha persona que se identificara, ello no invalida las actuaciones de veintidós y veintitrés de abril del dos mil trece, virtud a que no es uno de los requisitos establecidos por el artículo 243 de la Ley Federal del Trabajo el que dicha persona - quien lo atendió- tuviese que identificarse con el actuario. Máxime que en dicha diligencia se precisó que el cercioramiento del domiciIio correcto lo fue por nomenclatura de la calle, el número oficial y el dicho María Guadalupe Ávila, que reiteró que ahí era domicilio del demandado. Además, se estableció la media filiación de la persona con quien se entendió la diligencia la que tenía el nombre de María Guadalupe Avila, de dieciocho años de edad, sexo femenino piel morena, estatura 1.63 metros y cabello negro, lacio mediano. Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la diligencia reclamada viole en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ni queja deficiente que suplir en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, procede NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a JOSUE MIRANDA CASTRO, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en las diligencias de entrega de citatorio y emplazamiento de dos y tres de abril de dos mil trece, dentro del juicio laboral número 182/II/2013, tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Negativa que se hace extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en: la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de treinta de mayo de dos mil trece; la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de fecha diecisiete de julio de dos mil trece; el laudo de veintiséis de noviembre de dos mil trece, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, Zacatecas; el auto de requerimiento de pago y/o embargo de nueve de enero de dos mil catorce, esto es, todo el procedimiento del juicio laboral número 182/II/2013, toda vez que los hace derivar como consecuencia del ilegal emplazamiento Es aplicable a lo anterior la tesis aislada X.A.T.75 L, con registro 160408, Décima época, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a enero de 2012, visible a foja 4380 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, Y COMO CONSECUENCIA EL LAUDO RESPECTIVO, Sl EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL NO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE COMPETENCIA ESCALONADA, POR LO QUE LA NEGATIVA DEL AMPARO DEBE HACERSE EXTENSIVA AL LAUDO Y NO DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE. El Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, emitió la jurisprudencia P./J. 70/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121 /2OO5)." de la que se advierte que el estudio de la garantía de audiencia es preferente, en atención a la prelación del análisis de los conceptos de violación cuando se trata de estudios consecuenciales o escalonados, por lo que cuando en amparo indirecto se impugna la ilegalidad o ausencia del emplazamiento en un juicio laboral, y, una vez que el Juez de Distrito ha decidido sobre su constitucionalidad con la correspondiente negativa del amparo por cuanto a dicho acto se refiere, sigue el examen del laudo reclamado por vicios propios y, considera que se trata de una resolución respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno susceptible de modificarlo, entonces, el Juez deberá declararse incompetente y remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que califique esa determinación, en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la ejecutoria que originó la referida jurisprudencia, también se advierte que cuando el laudo respectivo se reclame en vía de consecuencia, no se está en el supuesto de competencia escalonada, donde al señalarse aquél como acto destacado pueda escindirse la demanda de garantías en relación con algunos actos y autoridades; en consecuencia, la legalidad establecida respecto del emplazamiento y, por consiguiente, la negativa de conceder la protección constitucional debe hacerse extensiva al laudo, pues en ese supuesto el quejoso pudo hacer valer los medios de defensa procedentes contra las resoluciones que le causaron perjuicio. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO" Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOSUE MIRANDA CASTRO, en contra de los actos y autoridades precisadas y por los razonamientos apuntados en el considerando quinto de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa.- DOY FE. L´FRF.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a dos de julio de dos mil quince. Vista la razón asentada en treinta de junio del año en curso por el Actuario Judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Iván Martín Dueñas Rivera, el auto de veintinueve de junio del año en curso, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que de autos se advierte que fue debidamente emplazado a juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil catorce; y la notificación del auto de mérito, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. "se noptifica por lista a la parte tercero interesada el auto de 29 de junio de 2015, de confoprmidad con lo dispuesto por auto de dos de julio de 20'15. "Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de junio de dos mil quince. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada el cuatro de junio de dos mil quince, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en esta ciudad de Zacatecas, en auxilio del Órgano Colegiado citado en primer término en el amparo en revisión 433/2015, del índice del Tribunal resolutor y amparo en revisión laboral 69/2015-1, del Órgano Auxiliado, así como los autos del juicio de amparo 4200/2014-2 y un dispositivo de almacenamiento denominado "CD", que contiene la resolución en comento, así como la copia certificada del expediente 182/II/2013, que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de sus integrantes. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia terminada de engrosar el tres de febrero de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Distrito, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; para concluir con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En los términos precisados en la última parte del considerando quinto de esta ejecutoria, se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 4200/2014-2, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia oficial en la capital del mismo nombre. (.)" En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se determina dar vista a las partes mediante notificación personal con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidente y Coordinadora de Actuarios de dicha junta, todos con sede en esta ciudad (comunicados que obran a fojas 35, 36 y 37), para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. "

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LA PARTE QAUEJOSA EL AUTO DE 29 DE JUNIOO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de junio de dos mil quince. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada el cuatro de junio de dos mil quince, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en esta ciudad de Zacatecas, en auxilio del Órgano Colegiado citado en primer término en el amparo en revisión 433/2015, del índice del Tribunal resolutor y amparo en revisión laboral 69/2015-1, del Órgano Auxiliado, así como los autos del juicio de amparo 4200/2014-2 y un dispositivo de almacenamiento denominado "CD", que contiene la resolución en comento, así como la copia certificada del expediente 182/II/2013, que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de sus integrantes. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia terminada de engrosar el tres de febrero de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Distrito, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; para concluir con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En los términos precisados en la última parte del considerando quinto de esta ejecutoria, se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 4200/2014-2, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia oficial en la capital del mismo nombre. (.)" En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se determina dar vista a las partes mediante notificación personal con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidente y Coordinadora de Actuarios de dicha junta, todos con sede en esta ciudad (comunicados que obran a fojas 35, 36 y 37), para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE.

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