Josue Jonathan de Santiago Sánchez
Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Josue Jonathan de Santiago Sánchez
Actuaciones
- Principal
El trece de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con un oficio registrado con el número de folio 17095. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
El siete de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 16762 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Rufino Julián Saucedo Carrillo, endosatario en procuración de Josué Jonathan de Santiago Sánchez; en atención a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de treinta y uno de octubre del año en curso por el que se desechó la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora bien, remítase copia certificada de la demanda de derechos con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Toño.
- Principal
CUENTA. El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Rufino Julián Saucedo Carrillo, endosatario en procuración de Josué Jonathan de Santiago Sánchez, registrada con el folio 16342 y cuatro copias que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rufino Julián Saucedo Carrillo, endosatario en procuración de Josué Jonathan de Santiago Sánchez, contra actos del juzgado Primero Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17, 18 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 855/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo esa tesitura, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente le atribuye al juzgado Primero Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas: El auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio mercantil ejecutivo 197/208, promovido por el aquí quejoso en contra de Marco Antonio Ayala Rodríguez, a través del cual el juez responsable determinó que previo a decretar de procedente la solicitud del ahora quejoso (se ordene el remate en primera almoneda) consideró necesario requerir al perito Pedro Hernández Martínez a efecto de que en cinco días hábiles ampliara su peritaje en los términos indicados en el citado auto. Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de derechos promovida; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XVIII, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 1334, del Código de Comercio, dispone: "1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". Del precepto transcrito se advierte que procede el recurso de revocación contra los autos o decretos emitidos por el juez que los dictó. En el caso el quejoso reclama el auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio mercantil ejecutivo 197/208, promovido por el aquí quejoso en contra de Marco Antonio Ayala Rodríguez, a través del cual el juez responsable determinó que previo a decretar de procedente la solicitud del ahora quejoso (se ordene el remate en primera almoneda) consideró necesario requerir al perito Pedro Hernández Martínez a efecto de que en cinco días hábiles ampliara su peritaje en los términos indicados en el citado auto. Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que el auto de nueve de octubre del año en curso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 197/2018, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente el juez Primero Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar con sede en Sombrerete, Zacatecas; y el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que el recurso de revocación contra los autos o decretos emitidos en el procedimiento mercantil; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado sí permite que el recurso de revocación pueda promoverse dentro de aquél procedimiento; y con el medio de impugnación referido podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural (actor), no es tercero extraño a éste. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto es el siguiente: "REVOCACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO ES OPTATIVO AGOTARLA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. El uso del verbo "poder" en la tercera persona del singular, modo indicativo del tiempo presente (puede), a que alude el precepto mencionado, no implica que quede a elección del interesado interponer o no el recurso de revocación contra el proveído que desecha una apelación, toda vez que el precepto no lo señala así; a lo que debe añadirse el hecho de que la Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XIII, exige que se hagan valer los recursos ordinarios antes de acudir al juicio constitucional". Así como la Jurisprudencia que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En tales condiciones, la parte promovente debió agotar el recurso de revocación antes de acudir al juicio de amparo, empero, no lo hizo. Aunado a que también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, en particular del remate, y el acto reclamado no es la última resolución impugnable a través de la presente vía. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciados o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La norma transcrita en primer orden prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales insertos en lo que interesa prescribe que el juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo únicamente es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, momento en el que pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El invocado tramo normativo establece que se entiende como la última resolución en la fase ejecutiva aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. También prevé que tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos previamente precisados. Asimismo, el Alto Tribunal del País ha sostenido el criterio que, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente de manera excepcional cuando el actuar de la autoridad responsable produzca una afectación de manera directa en los derechos sustantivos del promovente, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la jurisprudencia P./J. 108/2010 consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en el auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio mercantil ejecutivo 197/208, promovido por el aquí quejoso en contra de Marco Antonio Ayala Rodríguez, a través del cual el juez responsable determinó que previo a decretar de procedente la solicitud del ahora quejoso (se ordene el remate en primera almoneda) consideró necesario requerir al perito Pedro Hernández Martínez, a efecto de que en cinco días hábiles ampliara su peritaje en los términos indicados en el citado auto, resulta evidente, que con la determinación que se reclama en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado en la demanda que se provee, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, de Registro 188459, que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Entonces, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis de la Décima Época, de Registro: 2018278, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2163, que dice: AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". Además, la tesis de la Décima Época, Registro: 2020631, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Civil, Civil, Tesis: 1a./J. 57/2019 (10a.), Página: 110, que a la letra dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso refiere en el capítulo de acto reclamado que lo constituye el auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se niega el remate del inmueble embargado al demandado; sin embargo, del contenido del citado auto reclamado, se advierte que el juez responsable determinó que previo a decretar de procedente la solicitud del ahora quejoso (se ordene el remate en primera almoneda) consideró necesario requerir al perito Pedro Hernández Martínez, a efecto de que en cinco días hábiles ampliara su peritaje en los términos indicados en el citado auto; razón por la cual no es aplicable al caso la jurisprudencia que cita el quejoso de rubro "REMATE, LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, todos los litigantes, en el primer escrito, deben designar casa ubicada en el población en que tenga su sede en el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deben ser personales; y en la especie, la parte promovente no cumplió con ese requisito, ya que no proporciona domicilio, para el efecto indicado, con apoyo en el citado precepto legal, practíquensele las notificaciones mediante lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Regina.
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