Josúe Martínez Corona
Expediente 303/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Josúe Martínez Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de junio de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de junio de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 303/2017-I del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Josué Martínez Corona, en contra del acto de las autoridades que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el tres de abril de dos mil diecisiete (fojas 2 a 6), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Josué Martínez Corona, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables ordenadora y ejecutora: CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA MESA NÚMERO UNO DE TLAXCALA, TLAXCALA. CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA MESA NÚMERO DOS DE TLAXCALA, TLAXCALA. CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA MESA NÚMERO TRES DE TLAXCALA, TLAXCALA. CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA MESA NÚMERO CUATRO DE TLAXCALA, TLAXCALA. Al Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del ramo Penal, del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Al Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del ramo Penal, del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Al Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del ramo Penal, del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Y como autoridad ejecutoras: CIUDADANO AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE TLAXCALA. CIUDADANO AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE APIZACO IV. ACTOS RECLAMADO: 1. De las autoridades responsables reclamo la infundada e inconstitucional ORDEN DE BÚSQUEDA, APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O PRESENTACIÓN acompañado de ministeriales supuestamente girada en mi contra, por parte de las autoridades que he señalado como responsable, tanto ordenadora, como ejecutoras y por el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden, privándome de mi libertad sin juicio seguido ante los tribunales y sin que tenga la posibilidad de ser adecuadamente defendido." 2. La ilegalidad y la violación al debido proceso, que las autoridades señaladas realizan en contra del quejoso, por no permitirme tener una adecuada defensa, violentando mi derecho de poder declarar, ofrecer testigos, tener derecho a una adecuada defensa por abogado, ofrecimiento de medios probatorios y desahogo de los mismos y poder ser parte desde la supuesta querella y/o denuncia y/o carpeta de investigación y/o acta circunstanciada, que pueda defenderme en la instancia en la cual se encuentre el proceso." En proveído de cuatro de abril de dos mil diecisiete, este juzgado federal, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo, la registró con el número 303/2017-I y previno a la parte quejosa, a efecto de que precisara los actos reclamados en la presente instancia constitucional, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, únicamente se tendría como acto reclamado la orden de búsqueda, aprehensión, detención y/o presentación así como su ejecución (fojas 7 a 9). Posteriormente, el nueve de mayo de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento señalado a la parte quejosa y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional misma que se lleva a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La orden de busca, aprehensión y detención y/o presentación, así como su ejecución. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ante todo, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Precisado lo anterior, deben tenerse por inexistentes los actos que se atribuyen a las autoridades responsables (ver tabla); dado que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa hubiera aportado medios de convicción -testimonios o escritos- tendentes a desvirtuar la negativa de las referidas autoridades. AUTORIDAD RESPONSABLE EXISTENCIA FOJA JUEZ PRIMERO DE LO PENAL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER NEGÓ 33 JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER NEGÓ 34 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO UNO, REGIÓN SUR NEGÓ 49 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR TITULAR DE LA MESA DE TRÁMITE NÚMERO DOS, REGIÓN SUR NEGÓ 50 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR MESA DE TRÁMITE TRES, SISTEMA MIXTO NEGÓ 47 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO ENCARGADO MESAS CUATRO Y CINCO NEGÓ 45 OFICIAL ENCARGADO DEL SEGUNDO GRUPO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA NEGÓ 46 OFICIAL ENCARGADO DEL SÉPTIMO GRUPO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA NEGÓ 51 En efecto, la parte quejosa omitió aportar pruebas tendentes a desvirtuar dicha negativa, donde constara fehacientemente la orden privativa de libertad en contra del quejoso Josué Martínez Corona; de ahí que no es posible tener por ciertos los actos reclamados ante su omisión de aportar pruebas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sustentar tal afirmación, toda vez que, la carga de la prueba ante la negativa del acto reclamado corresponde a la parte quejosa. Sustentan lo anterior, por identidad de razón jurídica, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual forma, cobran relevancia, las jurisprudencias emitidas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". DECISIÓN En tal virtud, al ser inexistentes los actos reclamados en cuestión, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del tomo XLIII, Primera Parte, de la Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Josué Martínez Corona, por los motivos señalados en el punto IV de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de las autoridades responsables precisadas en el capítulo III de la presente resolución.
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