Josue Hernández López
Expediente 744/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
- Josue Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo , para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No existen documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documentos, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/4426/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 73 a 97) se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "Con base en lo anterior, procede conceder al menor quejoso J.H.H.M., el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Juez responsable establezca un régimen de convivencia provisional entre éste y su madre Leslie Moreno Lastre, el cual podrá constituirse atendiendo a lo siguiente: a) En caso de que la distancia no permita el contacto directo, por acreditarse que continúa en depósito de su abuela paterna Catalina López García, en la Ciudad de Orizaba, a través de los medios de comunicación que la Juez responsable estime pertinentes; o b) En el supuesto de que ya no se encuentre bajo el cuidado de su abuela paterna Catalina López García, en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, sino en el Estado de Tlaxcala, a través de un régimen de convivencia supervisado en la institución y en los términos que determine la Juez responsable.". Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno (fojas 112 a 115). Mediante oficios 1811 de dieciséis de agosto del año en curso y 2595 de veintiocho de septiembre de este año, la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió diversas constancias, dictadas dentro del expediente 516/2020-1F, relativo a las diligencias sobre cuestiones familiares del índice de la autoridad responsable. Asimismo, por oficio 3182 de diecinueve de noviembre del año en curso, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada del auto de diecinueve de noviembre de este año, dentro del citado expediente 516/2020-1F, con el cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio. En consecuencia, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, a las documentales remitidas por las autoridades responsables, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Del análisis las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Dictó un auto el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el que determinó que las convivencias deben realizarse mediante la plataforma Zoom los días lunes, miércoles y viernes de las dieciséis a las dieciséis treinta horas, por lo que requirió a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia designara una psicóloga para que se encargara de supervisar las convivencias del menor y su madre. Posteriormente, en auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia informando la imposibilidad de designar a quien supervise el régimen de convivencias a través de la plataforma Zoom; sin embargo, atendiendo al contenido de la sentencia de amparo, el Juez responsable requirió nuevamente a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que designara un especialista en materia de psicología, para que se encargara de supervisar las convivencias del menor y su madre. En contestación a dicho requerimiento el Procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó al Juez responsable que designó a Viridiana Escobar Sánchez, psicóloga adscrita a dicha dependencia, para que supervise las citadas convivencias, pero, que debido a la carga de trabajo, las mismas fueron programadas únicamente los días viernes de cada semana en el horario solicitado. Atento al o anterior, así como al requerimiento formulado por este Juzgado Federal, el Juzgado responsable dictó un acuerdo el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual indicó que las convivencias debían efectuarse como se estipularon en auto de doce de agosto del año en curso, es decir, mediante la plataforma Zoom los días lunes, miércoles y viernes de las dieciséis a las dieciséis treinta horas, por lo que requirió a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia diera cumplimiento a lo ahí ordenado. En consecuencia, es evidente que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, cómo quedo establecido en los párrafos que anteceden, pues estableció un régimen de convivencia provisional entre el menor J.H.H.M. y su madre Leslie Moreno Lastre, mediante la plataforma Zoom los días lunes, miércoles y viernes de las dieciséis a las dieciséis treinta horas. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Informa cumplimiento. Agréguese el oficio que remite la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Vista a la parte quejosa. En consecuencia a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe signado por la autoridad responsable, debiendo correr traslado con copia del oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días computados legalmente, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto de lo informado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia para efectos de que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc realizara lo siguiente: "Con base en lo anterior, procede conceder al menor quejoso J.H.H.M., el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Juez responsable establezca un régimen de convivencia provisional entre éste y su madre Leslie Moreno Lastre, el cual podrá constituirse atendiendo a lo siguiente: a) En caso de que la distancia no permita el contacto directo, por acreditarse que continúa en depósito de su abuela paterna Catalina López García, en la Ciudad de Orizaba, a través de los medios de comunicación que la Juez responsable estime pertinentes; o b) En el supuesto de que ya no se encuentre bajo el cuidado de su abuela paterna Catalina López García, en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, sino en el Estado de Tlaxcala, a través de un régimen de convivencia supervisado en la institución y en los términos que determine la Juez responsable. Lo anterior, siempre y cuando esa determinación sea lo óptimo para garantizar el interés superior del menor, que es el punto medular en este tipo de contiendas." En virtud de lo anterior, respecto al régimen de convivencias entre el menor de iniciales J.H.H.M., y su madre Leslie Moreno Lastre, toda vez que el menor de referencia reside actualmente en la ciudad de Orizaba Veracruz, la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dictó auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente 516/2020, de su índice, en el que determinó que las convivencias deben realizarse mediante la plataforma Zoom los días lunes, miércoles y viernes de las dieciséis a las dieciséis treinta horas, por lo que requirió a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia designara una psicóloga para que se encargara de supervisar las convivencias del menor y su madre. Posteriormente, en auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc tuvo a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia informando la imposibilidad de designar a quien supervise el régimen de convivencias a través de la plataforma Zoom; sin embargo, atendiendo al contenido de la sentencia de amparo, el Juez responsable requirió nuevamente a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que designara un especialista en materia de psicología, para que se encargara de supervisar las convivencias del menor y su madre. En contestación a dicho requerimiento el Procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó al Juez responsable que designó a Viridiana Escobar Sánchez, psicóloga adscrita a dicha dependencia, para que supervise las citadas convivencias, pero, que debido a la carga de trabajo, las mismas fueron programadas únicamente los días viernes de cada semana en el horario solicitado. Atento a ello, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc tuvo por recibido el oficio anterior, sin que se haya pronunciado respecto de cuál sería el régimen que prevalecería para las convivencias del menor de iniciales J.H.H.M., y su madre Leslie Moreno Lastre, toda vez que si bien la responsable determinó en primer instancia que serían los días lunes, miércoles y viernes, lo cierto es que, el Procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que la psicóloga designada para su supervisión sólo lo haría los días viernes. Se requiere a autoridad responsable. En consecuencia, se requiere al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc para que en el término de tres días, informe a esta autoridad cuál será el régimen de convivencias del menor de iniciales J.H.H.M. y su madre Leslie Moreno Lastr, debiendo precisar los días y horarios en los que se llevarán a cabo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización1, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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