Josué Daniel Mercado Ramírez
Expediente 2408/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2408/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Presidente de la Sala de Conflictos entre los Municipios y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit
- Josué Daniel Mercado Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
R ES U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Josué Daniel Mercando Ramírez respecto del acto que por propio derecho reclamó de la Sala de Conflictos entre los Municipios y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
. Tepic, Nayarit, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tienen por recibidos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remiten las constancias solicitadas. Por tanto, con fundamento en el arábigo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. RGM.
- Principal
. Tepic, Nayarit, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con cincuenta y nueve minutos del once de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, se aprecia la existencia del aviso de suspensión de labores jurisdiccionales de manera física del once de octubre de la anualidad que transcurre, emitido por este juzgado federal, acorde a lo establecido en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, así como el numeral 10, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; se consideró la suspensión de las labores en este órgano jurisdiccional de manera física, desde las diecisiete horas del diez de octubre hasta las veinticuatro horas del once de octubre actual; motivo por el cual, no correrán plazos y términos procesales. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º, se ordena regularizar el procedimiento. Se señala nueva fecha para audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se señala nueva fecha para la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Asimismo, vista la certificación de cuenta se aprecia que las autoridades responsables ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, no han rendido sus informes justificados, solicitado en proveído de ********************. Requerimiento de constancias. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el arábigo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades aludidas, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el presente oficio, remitan copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de la totalidad de las constancias relacionadas con los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que las mismas resultan necesarias para la resolución del presente juicio de amparo. Ello, porque en su carácter de autoridades responsables tienen la obligación de remitir las constancias que acrediten la constitucionalidad del acto reclamado, o en su caso, informen el impedimento legal que tengan. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a ciento cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto por analogía, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. JJRM/Luis.
- Principal
. Tepic, Nayarit, trece de octubre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Delegado de la Tesorera del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de octubre del año en curso, anexa dos copias del escrito de agravios. Interpone revisión. Se tiene por interpuesto el recurso de revisión de la citada autoridad responsable contra la sentencia emitida el doce de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo. En cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 89 ambos de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que, la tramitación y resolución del recurso que se promueve es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. Notificación a las partes. De conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 89 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión y distribúyanse entre las mismas, copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del plazo de TRES DÍAS, junto con el escrito de agravios al Órgano de Control Constitucional competente. Cuaderno de antecedentes. Una vez que sea remitido el sumario constitucional en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que se continuarán incorporando las actuaciones posteriores a dicho auto, sin que sea necesario agregar las anteriores dado que éstas obran en el expediente electrónico formado con motivo de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Nephely Sofía Plascencia Kyriacou, que autoriza y da fe. urg.
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