Joshua Tyler Ketner
Expediente 2920/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2920/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2021
Partes del expediente
- Joshua Tyler Ketner
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- JOSHUA TYLER KETNER y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este juzgado federal el veintitrés y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría en comento, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución de dos de marzo de dos mil veinte, por una parte, se sobreseyó en el juicio en que se actúa, mientras que, por otra parte, concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado cantidad que se estableció en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el siete de mayo de dos mil veintiuno, al resolverse el recurso de revisión 345/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, interpuesto en contra de la sentencia de dos de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría en comento, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los preceptos 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, y realizó la devolución de la cantidad de $69,651.28 (sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el siete de mayo de dos mil veintiuno. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $65,381.28 (sesenta y cinco mil trescientos ochenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), relativo al respectivo concepto, se obtiene el monto de $65,091.28 (sesenta y cinco mil noventa y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y el siete de mayo de dos mil veintiuno se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre dos mil diecinueve a marzo de dos mil veintiuno, en el entendido que se tomó como referencia el mes de marzo, pues en su oportunidad no estaba publicado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el mes inmediato anterior, a saber, el mes de abril (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue 104.503; y para el mes de marzo de dos mil veintiuno 111.824. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.70055405. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $69,651.28 (sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $4,560.00 (cuatro mil quinientos sesenta pesos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $69,651.28 (sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios recibidos en este juzgado federal el veintitrés y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría en comento, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución de dos de marzo de dos mil veinte, por una parte, se sobreseyó en el juicio en que se actúa, mientras que, por otra parte, concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado cantidad que se estableció en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el siete de mayo de dos mil veintiuno, al resolverse el recurso de revisión 345/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, interpuesto en contra de la sentencia de dos de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría en comento, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, los preceptos 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, y realizó la devolución de la cantidad de $69,651.28 (sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el siete de mayo de dos mil veintiuno. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $65,381.28 (sesenta y cinco mil trescientos ochenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), relativo al respectivo concepto, se obtiene el monto de $65,091.28 (sesenta y cinco mil noventa y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, y el siete de mayo de dos mil veintiuno se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre dos mil diecinueve a marzo de dos mil veintiuno, en el entendido que se tomó como referencia el mes de marzo, pues en su oportunidad no estaba publicado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el mes inmediato anterior, a saber, el mes de abril (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue 104.503; y para el mes de marzo de dos mil veintiuno 111.824. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.70055405. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $69,651.28 (sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $4,560.00 (cuatro mil quinientos sesenta pesos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $69,651.28 (sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos con veintiocho centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, y anexo, a través de los cuales, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte agraviada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, y anexo, a través de los cuales, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte agraviada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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