Josué Crúz Martínez

Expediente 271/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
271/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
11/10/2018

Partes del expediente

  • Josué Crúz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, pues aún no se cuenta con las constancias de notificación correspondientes en su totalidad, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Josué Cruz Martínez, así como la comparecencia que antecede de la cual se desprende que el peticionario de amparo acudió ante este Juzgado Federal a manifestar su desistimiento en su perjuicio y ratificar el escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; en tales condiciones se provee: El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que para la prosecución del juicio de amparo se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige cuando el desistimiento se hace directamente por la parte quejosa, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, conforme a la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Así, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Cierto, cuando la parte quejosa desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Luego, de la comparecencia de cuenta se advierte que se ratificó el escrito de desistimiento, por lo que es inconcuso que existe consentimiento del promovente Josué Cruz Martínez, de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistido en su perjuicio, de la demanda de amparo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del presente sumario constitucional. De ahí que, se dejen sin efecto alguno las providencias decretadas en el presente juicio de amparo; así como se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho). Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Funda la anterior consideración las razones que informan la jurisprudencia número P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejecutabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que las autoridades responsables Secretario de la Defensa Nacional y Director General de Materiales de Guerra, ambos con residencia en la Ciudad de México; no rindieron su informe con justificación, dentro del término previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, con ocho días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, para el efecto de que se diera vista a las partes con su contenido. Por tanto, para dar margen a todo lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 151, tomo XXVII, Marzo de 2008, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO: En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta, signados por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, así como por el Jefe de la Sección de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional en representación del Director General de Materiales de Guerra, ambos con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales, rinden su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia respectiva. Asimismo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito; a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo. Por otra parte, las responsables de mérito, en apoyo de su informe con justificación ofrecen como prueba de su parte las copias certificadas remitidas mediante oficio AMP-VII-28687 de diez de agosto de dos mil dieciocho (fojas 49 a 72); asimismo, el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, ofrece prueba documental consistente en diversas resoluciones a lo que solicita se tomen en consideración como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en tales condiciones, por lo que respecta a las citadas documentales se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo y, en cuanto a las manifestaciones de tener como hecho notorio dichas resoluciones, dígase que se podrán tomar en consideración al resolver en definitiva el presente sumario constitucional. Ahora, por lo que respecta a la prueba confesional ofrecida por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Defensa Nacional en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, dígase que si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que no es admisible la confesional de posiciones, lo cierto es que de la lectura del informe justificado de la autoridad responsable de mérito, se advierte que dicho medio de convicción va enderezado a las manifestaciones que el propio quejoso realiza respecto al acto que por esta vía reclama, esto es, el reconocimiento de haber firmado un contrato de enganche por tres años y haber firmado un contrato de reenganche por seis años; y toda vez que el juicio de amparo no prohíbe expresamente la confesional espontánea, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal en cita, se admite la citada probanza y se tiene desahogada dada su propia y especial naturaleza. ...De autos se desprende que mediante auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 17 a 22), se reservó acordar lo conducente respecto a la prueba ofrecida por el quejoso, consistente en las constancias de servicio que obraban en la institución responsable, hasta en tanto obrara en autos el informe con justificación, situación que el caso ya aconteció; en ese tenor, se tienen admitidas y desahogadas las documentales que ofreció el peticionario de amparo, dada su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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