Josué Armando Álvarez Martínez (incomunicado)
Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Josué Armando Álvarez Martínez (incomunicado)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente sumario constitucional. Sin que se haya soslayado el hecho de que el impetrante se encuentra interno en un centro carcelario, lo que se traduce en la imposibilidad que tiene para poder ocurrir ante este juzgado federal, por lo que se consideró un lapso de tiempo mayor, a efecto de resolver sobre la impugnación, en su caso, de la sentencia dictada en este sumario. Tiene aplicación al caso, la tesis número XVI.P.2 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1746, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, POR LAS QUE DAN CUMPLIMIENTO A PREVENCIONES PERSONALÍSIMAS. CUÁNDO DEBEN TENERSE POR PRESENTADAS, SI SON EXHIBIDAS ANTE LA OFICINA PÚBLICA DE COMUNICACIONES. De la interpretación amplia del artículo 23 de la Ley de Amparo, acorde con el principio pro persona contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cumplir con las obligaciones de promover y garantizar los derechos humanos, específicamente el de acceso a la justicia consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna; considerando la imposibilidad física y jurídica del quejoso recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, para entregar las promociones por las que da cumplimiento a prevenciones personalísimas, directamente en la oficialía del juzgado que conoce del juicio de amparo, o ante el Servicio Postal Mexicano, se concluye que en esta hipótesis pueden presentarse ante "la oficina pública de comunicaciones" del lugar en que reside, es decir, la oficialía de partes del referido reclusorio, siempre que no exista otra oficina para ello, desde la cual se despachará la correspondencia de mérito, según disponen los artículos 70 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y 30 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social; de ahí que la promoción respectiva se tendrá por presentada desde la data en la que se haya recibido en la citada oficina; de no contar con esa información deberá estarse a la fecha de suscripción y en ausencia de ambas presumir oportuna su presentación." Ahora, no obstante que ha transcurrido el término de ley en exceso, sin que se haya recurrido la sentencia que resolvió este controvertido constitucional; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que este órgano jurisdiccional no se encuentra debidamente integrado, en virtud de la ausencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho sólo tiene facultades para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente. En esas condiciones, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 133 a 134), a fin de que estuviera en posibilidad de ampliar la demanda, sí así lo deseaba, transcurrió del trece de febrero al cinco de marzo de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa hubiese realizado manifestación alguna; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se continúa la secuela procesal teniendo sólo como autoridades responsables a las que señaló en su libelo constitucional, así como el acto que les reclama. Notifíquese.
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