Josué Azael Hoil Basto

Expediente 198/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
198/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Josué Azael Hoil Basto

Actuaciones

  1. Principal

    III-Agréguese el oficio firmado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el que transcribe el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, dictado en el amparo directo 218/2022, del que se advierte que se desechó la demanda promovida por el quejoso Josué Azael Hoil Basto. Circunstancia de la cual este juzgado queda debidamente enterado, para los efectos legales conducentes Notifíquese por lista.

  2. Principal

    III-Agréguese el oficio de cuenta firmado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio 5769/2022, de veinticuatro de marzo del año actual, con el que le fue enviada la demanda de amparo y sus anexos, en cumplimiento a la determinación dictada en esa misma fecha; asimismo, informa que dicho tribunal colegiado se avocó al conocimiento de la demanda presentada por la parte quejosa, quedando registrado expediente respectivo de amparo directo con el número 218/2022, de su índice. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda debidamente enterado, para los efectos legales conducentes. Por tal motivo, remítase por la vía electrónica el acuse de recibo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo a los presentes autos como constancia de la remisión electrónica del comunicado relativo para los efectos conducentes. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Josué Azael Hoil Basto, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 198/2022-III-B. Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama el acto que hace consistir en: El acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 201/2022 por la Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, donde negó la admisión de la demanda de controversias del orden familiar para la convivencia con sus hijos, indicando que la competencia para conocer de dicho asunto corresponde al juez de la residencia de los niños y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. En ese sentido, se considera que respecto del aludido acto reclamado este resolutor federal carece de competencia legal para conocer del asunto. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" De conformidad con los preceptos transcritos, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido. En tal virtud, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). De lo anterior, se concluye que el tribunal colegiado de circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal, o las que sin decidirlo lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa y se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. En el caso, como se advirtió, el quejoso reclama el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado por la juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el que negó la admisión de la demanda de controversias de orden familiar para la convivencia con sus hijos, indicando que la competencia para conocer de dicho asunto corresponde al juez de la residencia de los niños y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Tal acto constituye una resolución que puso fin al juicio, pues sin decidir la controversia en lo principal, lo dio por concluido; sin que sea el caso considerar que la responsable está declinando la competencia a un órgano en específico, pues no lo señala así, ni está remitiendo los autos a la autoridad que estima debe conocer del asunto, sino que, sólo determinó que no le corresponde conocer de la demanda promovida por el quejoso debido al lugar de residencia de sus hijos. En ese contexto, el auto reclamado no se da dentro de un procedimiento competencial en el que exista un planteamiento dirigido expresamente a otro órgano jurisdiccional, sino que la juez responsable sólo dio fin al asunto al determinar que no admitía la demanda de controversias de origen por considerar que no le correspondía su conocimiento; de tal manera, que ello implica el ejercicio nuevo de la acción ante la autoridad que se estima competente, por lo que se reitera, que el acto reclamado constituye una resolución que, sin decidir la contienda en lo principal, le puso fin al juicio para efectos del amparo directo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2.a./J.40/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Tomo XV, página 46, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 187019, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DEL MISMO SE CONSIDERA QUE PONE FIN AL JUICIO ORDINARIO FEDERAL LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE CONFIRMA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE, POR DECLARARSE INCOMPETENTE, SE NIEGA A CONOCER DEL JUICIO Y ORDENA DEVOLVER LA DEMANDA. La resolución dictada en apelación por el Tribunal Unitario de Circuito que confirma el auto de incompetencia que con fundamento en el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles dicta el Juez de Distrito en el que ordena devolver al actor la demanda sobre un juicio ordinario federal, sin declinar la competencia a favor de otro órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en el fondo y que es reclamable en amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que el actor, siguiendo lo establecido en el artículo 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles, puede optar por presentar su demanda ante otro Juez de Distrito y si éste tampoco la admite mediante auto que también es confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito, puede acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ésta resuelva qué Juez resulta competente, pero igualmente cierto resulta que esa segunda presentación de la demanda no se da dentro de un procedimiento competencial, sino que constituye el ejercicio nuevo de la acción, de modo que la primera resolución dictada en apelación por el Tribunal Unitario de Circuito constituye una resolución que pone fin al juicio para efectos del amparo directo y admite la aplicación del criterio reiteradamente sostenido por la Suprema Corte acerca de la procedencia de la vía directa tratándose de autos que desechan la demanda.". Por consiguiente, como ha quedado precisado, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, carece de competencia legal para conocer de la demanda constitucional de que se trata, en razón de que conforme a los preceptos legales invocados, la competencia para conocer de las resoluciones de esta naturaleza radica en un Tribunal Colegiado de Circuito; situación que en la especie se actualiza, porque el acto aquí reclamado lo constituye un acuerdo que dio por concluida la demanda de controversias del orden familiar para las convivencias de origen. En esas condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del propio ordenamiento legal, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente acuerdo, remítase esta demanda de amparo con sus anexos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el que se estima radica la competencia legal para conocer de la misma, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado; por lo que, de la manera más atenta, se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que derive de lo anterior a fin de integrar debidamente el presente expediente. Igualmente se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, a página 95, cuyo rubro y texto señalan: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Edgardo Nicolás Pérez Loeza, por haber acreditado el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, en atención a la solicitud formulada por la parte promovente, en el sentido de que se autorice al usuario "NIC_LUP", la consulta vía internet del expediente electrónico en que se actúa, y tomando en consideración lo informado en la certificación de cuenta, debe decirse que de una búsqueda realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "NIC_LUP", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, con fundamento en los artículos 66, 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con lo previsto en los numerales 3, y 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

  4. Principal

    III-Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Josué Azael Hoil Basto, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 198/2022-III-B. Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama el acto que hace consistir en: El acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 201/2022 por la Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, donde negó la admisión de la demanda de controversias del orden familiar para la convivencia con sus hijos, indicando que la competencia para conocer de dicho asunto corresponde al juez de la residencia de los niños y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. En ese sentido, se considera que respecto del aludido acto reclamado este resolutor federal carece de competencia legal para conocer del asunto. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" De conformidad con los preceptos transcritos, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido. En tal virtud, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). De lo anterior, se concluye que el tribunal colegiado de circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal, o las que sin decidirlo lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa y se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. En el caso, como se advirtió, el quejoso reclama el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado por la juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el que negó la admisión de la demanda de controversias de orden familiar para la convivencia con sus hijos, indicando que la competencia para conocer de dicho asunto corresponde al juez de la residencia de los niños y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Tal acto constituye una resolución que puso fin al juicio, pues sin decidir la controversia en lo principal, lo dio por concluido; sin que sea el caso considerar que la responsable está declinando la competencia a un órgano en específico, pues no lo señala así, ni está remitiendo los autos a la autoridad que estima debe conocer del asunto, sino que, sólo determinó que no le corresponde conocer de la demanda promovida por el quejoso debido al lugar de residencia de sus hijos. En ese contexto, el auto reclamado no se da dentro de un procedimiento competencial en el que exista un planteamiento dirigido expresamente a otro órgano jurisdiccional, sino que la juez responsable sólo dio fin al asunto al determinar que no admitía la demanda de controversias de origen por considerar que no le correspondía su conocimiento; de tal manera, que ello implica el ejercicio nuevo de la acción ante la autoridad que se estima competente, por lo que se reitera, que el acto reclamado constituye una resolución que, sin decidir la contienda en lo principal, le puso fin al juicio para efectos del amparo directo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2.a./J.40/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Tomo XV, página 46, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro digital 187019, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DEL MISMO SE CONSIDERA QUE PONE FIN AL JUICIO ORDINARIO FEDERAL LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE CONFIRMA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE, POR DECLARARSE INCOMPETENTE, SE NIEGA A CONOCER DEL JUICIO Y ORDENA DEVOLVER LA DEMANDA. La resolución dictada en apelación por el Tribunal Unitario de Circuito que confirma el auto de incompetencia que con fundamento en el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles dicta el Juez de Distrito en el que ordena devolver al actor la demanda sobre un juicio ordinario federal, sin declinar la competencia a favor de otro órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en el fondo y que es reclamable en amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que el actor, siguiendo lo establecido en el artículo 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles, puede optar por presentar su demanda ante otro Juez de Distrito y si éste tampoco la admite mediante auto que también es confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito, puede acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ésta resuelva qué Juez resulta competente, pero igualmente cierto resulta que esa segunda presentación de la demanda no se da dentro de un procedimiento competencial, sino que constituye el ejercicio nuevo de la acción, de modo que la primera resolución dictada en apelación por el Tribunal Unitario de Circuito constituye una resolución que pone fin al juicio para efectos del amparo directo y admite la aplicación del criterio reiteradamente sostenido por la Suprema Corte acerca de la procedencia de la vía directa tratándose de autos que desechan la demanda.". Por consiguiente, como ha quedado precisado, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, carece de competencia legal para conocer de la demanda constitucional de que se trata, en razón de que conforme a los preceptos legales invocados, la competencia para conocer de las resoluciones de esta naturaleza radica en un Tribunal Colegiado de Circuito; situación que en la especie se actualiza, porque el acto aquí reclamado lo constituye un acuerdo que dio por concluida la demanda de controversias del orden familiar para las convivencias de origen. En esas condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del propio ordenamiento legal, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente acuerdo, remítase esta demanda de amparo con sus anexos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el que se estima radica la competencia legal para conocer de la misma, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado; por lo que, de la manera más atenta, se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que derive de lo anterior a fin de integrar debidamente el presente expediente. Igualmente se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, a página 95, cuyo rubro y texto señalan: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Edgardo Nicolás Pérez Loeza, por haber acreditado el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, en atención a la solicitud formulada por la parte promovente, en el sentido de que se autorice al usuario "NIC_LUP", la consulta vía internet del expediente electrónico en que se actúa, y tomando en consideración lo informado en la certificación de cuenta, debe decirse que de una búsqueda realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "NIC_LUP", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, con fundamento en los artículos 66, 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con lo previsto en los numerales 3, y 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

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