Joselin de Luna García

Expediente 368/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
368/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Joselin de Luna García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de doce de mayo del año en curso, mediante el cual este Juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Joselín de Luna García; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Artículo 21 Capítulo Octavo del Acuerdo General sin Número, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en el inciso d), del aludido Capítulo Octavo. En tal virtud, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    II-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el doce de mayo de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Joselin de Luna García, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y actuaria de su adscripción. Registro de la demanda. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 368/2022-II-D. Desechamiento. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa...Se dice lo anterior, ya que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado a contario sensu-, en virtud de que los actos reclamados no se encuentran dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, toda vez que del contenido de la demanda, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 549/2012, se encuentra en etapa de ejecución. Lo anterior, toda vez que los actos que reclama el aquí quejoso, no se tratan de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, la cual en el caso del procedimiento de remate, lo constituye el auto mediante el cual se ordena la entrega del bien inmueble o en su caso la escrituración del mismo, por lo que el amparo indirecto solo se puede promover contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Del artículo y fracciones transcritos, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Además tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Y tratándose del procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, hipótesis en la cual también podrán hacerse valer las violaciones consumadas en dicha etapa de ejecución. De ahí que -en el último supuesto de la norma- el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se haya emitido alguna de esas órdenes [escritura de adjudicación o entrega de bienes rematados]. Ahora, antes de analizar la causal de improcedencia, se analizará si al promovente le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación con el que acude al juicio de amparo. Sobre este punto, conviene precisar que la persona extraña es distinta de los sujetos de la controversia que se ventila en el juicio de origen. Esta categoría se divide en dos: a) extraño a juicio en estricto sentido y b) el equiparado, quien es parte formal en el juicio natural. El tercero extraño en estricto sentido es la persona que desconoce la tramitación del juicio de origen y no forma parte de él, es decir, es estrictamente ajena a la controversia de la que deriva el acto reclamado. El tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que forma parte de la relación jurídico-procesal (regularmente como parte demandada), pero que no conoció la existencia del juicio seguido en su contra, sino hasta después de que se dictó la sentencia correspondiente, por lo que no pudo ejercer su derecho fundamental de audiencia. Las condiciones descritas justifican que los derechos de quienes no fueron oídos ni vencidos en juicio sean protegidos a través del amparo, con motivo de la afectación que les cause alguna determinación judicial. Por otro lado, resulta conveniente señalar que el numeral 1362 del Código de Comercio2, establece que será tercero opositor aquél que comparezca juicio a dilucidar una acción distinta a la debatida entre las partes. Así, de lo anterior, se advierte que quien comparezca a juicio a promover una acción distinta de la debatida entre las partes, se incorporará a la relación procesal inherente al juicio de origen con el carácter de tercero opositor; es decir, ya no tendrá el carácter de tercero extraño por equiparación, pues tiene conocimiento de la existencia del juicio y, por ello, tienen expeditos sus derechos para interponer los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la ley que regule el acto reclamado, antes de promover el juicio constitucional. En la especie, el promovente Joselin de Luna García, quien se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, en esencia argumenta que las autoridades responsables vulneran su derecho humano de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, en virtud de que en el juicio ejecutivo mercantil 549/2012, del índice de la responsable, se pretende rematar el cien por ciento (100%) del bien inmueble inmerso en la litis, sin haber sido oído y vencido en juicio, lo cual afecta su derecho de propiedad, ya que dentro del folio 55090 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se encuentra inscrita el acta de matrimonio celebrado entre él y la demandada en el juicio natural, razón por la cual es propietario del cincuenta por ciento (50%) de dicho bien inmueble. Sin embargo, del apartado correspondiente a los antecedentes de su escrito de demanda, lo cuales expuso bajo protesta de decir verdad, señaló que mediante escrito de treinta de marzo de dos mil veintidós, instó tercería excluyente de dominio, en el cual hizo valer que es dueño del cincuenta por ciento (50%) del bien inmueble en litis, circunstancia por la cual, el edicto de remate está afectando sus derechos humanos. Por tanto, lo anterior es suficiente para estimar que el quejoso al promover tercería excluyente de dominio, se incorporó a la relación procesal inherente al juicio de origen -en relación con el que se dice extraño-, con el carácter de tercero opositor. Consecuentemente, el quejoso no se ubica en la categoría de tercero extraño al juicio, como en forma errónea se ostenta, sino en su caso, de tercero con interés en el procedimiento de ejecución de sentencia. Precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que relación a la causa de improcedencia que se analizará, como se señaló con antelación, tratándose del procedimiento de remate, la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; la que sin duda no lo constituyen las determinaciones que reclama, pues éstas únicamente resultan ser el edicto que informa que el remate se llevará a cabo a las diez horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, así como la ejecución y cumplimiento del acto consistente en la notificación del auto de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se dictó el edicto de remate de primera almoneda del inmueble en litis, mismos que recaen dentro del procedimiento de remate, por lo que no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento. En ese sentido, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, la última resolución será, entonces, la impugnable en amparo, y no las que se dicten durante el procedimiento de ejecución, tendientes a hacer efectiva una sentencia; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al quejoso, se debe reservar hasta que recaiga en la última resolución, es decir, cuando se le requiera al demandado del juicio de origen la entrega del bien embargado o la escrituración del mismo. En ese orden de ideas, es evidente que las determinaciones que en el presente juicio de amparo se combaten, no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, ya que no se ha emitido orden de escrituración ni de entrega del bien embargado, pues como refiere el propio quejoso el procedimiento de origen se encuentra en etapa de remate en la fase de ejecución de sentencias de los juicios mercantiles. Por consiguiente, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano