Jossmar Antonio Garibay Medellin
Expediente 1399/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1399/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jossmar Antonio Garibay Medellin
- JOSSMAR ANTONIO GARIBAY MEDELLIN y Otros.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio número 41508/2018-II, que remite el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante el cual informa que el Juzgado de referencia aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo 1399/2018, promovido por los quejosos ***********, En esas condiciones, remítase el oficio número 40945/2018, enviado por el Secretario de ese Juzgado, con el cual devolvió diligenciado el exhorto con número de orden 779/2018 y de origen 267/2018; así como los informes rendidos por el Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noreste", y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noreste", con residencia en Tepic, Nayarit, respecto a la suspensión de plano decretada; a fin de que tenga a bien acordar lo procedente; previa copia simple que de los mismos se deje agregada en autos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual se declaró incompetencia para seguir conociendo del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido los informes que rinde el Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noreste", y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noreste", con residencia en Tepic, Nayarit, respecto a la suspensión de plano decretada; sin embargo, una vez que este Juzgado Federal tenga conocimiento a qué Juzgado que por razón de turno correspondió conocer respecto de la demanda promovida por los quejosos ***********, ************, le serán remitidas los informes mencionados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Jossimar Antonio Garibay Medellín, Daniel Wing Carmona, Jorge Bedolla Chona, Félix Heriberto Fuentes Yañez, Juan Cruz Rayo, Manuel Antonio Ávila Lozano y Carlos Ávila Lozano; contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, y otra autoridad, por lo que se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del escrito aludido se desprende que los quejosos señalan como actos reclamado la falta de atención médica, por parte de las autoridades responsables, al no canalizarlos con el médico especialista en dermatología (dermatólogo), con fundamento en lo establecido en el artículo 126, párrafo primero I de la Ley de la Ley de Amparo SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que bajo la más estricta responsabilidad del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, y Encargado del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, cese de inmediato cualquier acto tendente a impedir la atención médica, al no canalizarlos con el médico especialista en dermatología (dermatólogo), por regla general, se brindará en las propias instalaciones del Centro; no obstante, si conforme al resultado de una inmediata auscultación y valoración médica que se realice si existe necesidad y por ello así lo consideran procedente, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias, permitan el acceso de especialistas de instituciones públicas del sector salud, con las cuales previamente se hayan celebrado convenios de colaboración, o, incluso, sean trasladados al establecimiento que resulte idóneo para la atención aludida, bajo su más estricta responsabilidad, así como brindarles lo necesario para su debida atención; por lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Órgano Jurisdiccional, sobre el cumplimiento dado a lo antes ordenado; lo anterior, no prejuzga sobre el fondo del asunto, el cual será analizado en dado caso, al momento de resolver en definitiva el presente juicio constitucional, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I, 238, primera parte y 259, de la misma legislación. Tiene aplicación, la Tesis: I.8o.A.98 A (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2657 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Común, con rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS DE UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DEBE TENER COMO EFECTO INMEDIATO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DEL REGLAMENTO RELATIVO. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica, por lo que, tratándose de internos de un centro penitenciario federal que reclamen la omisión de brindarles la atención médica requerida, procede conceder la suspensión en el juicio de amparo. Sin embargo, en esos casos, la medida no debe desconocer el contexto normativo que regula la implementación de dicho derecho, al tratarse de un aspecto de orden público inserto en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna y su finalidad esencial es la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Consecuentemente, los efectos de la suspensión deben consistir en la inmediata prestación del servicio requerido, de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, conforme a los cuales, se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población, los cuales, por regla general, se brindarán en las propias instalaciones del centro, salvo que se trate de casos extraordinarios en que la gravedad del interno requiera la autorización de las autoridades penitenciarias, bajo su más estricta responsabilidad y previo dictamen de la unidad médica correspondiente, para que accedan especialistas de instituciones públicas del sector salud, con las cuales previamente se hayan celebrado convenios de colaboración o, incluso, el traslado de los afectados a éstas, con el propósito de brindar la atención requerida, salvo que el sector público manifieste su incapacidad para otorgar el servicio, caso en el que se debe permitir la intervención de médicos particulares." 3).- Incompetencia. Ahora bien, no obstante lo anterior, del escrito inicial de demanda, se advierte que los quejosos de referencia, sustancialmente señalan como acto reclamado la falta de atención médica al no canalizarlos con el médico especialista en dermatología; por parte del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, y Encargado del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit; toda vez que se encuentran recluidos en el referido centro. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que los quejosos Jossimar Antonio Garibay Medellín, Daniel Wing Carmona, Jorge Bedolla Chona, Félix Heriberto Fuentes Yañez, Juan Cruz Rayo, Manuel Antonio Ávila Lozano y Carlos Ávila Lozano, están privados de su libertad e internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, con domicilio ampliamente conocido en Carretera Libre Tepic Mazatlán KM 10.690, Tepic, Nayarit, este Juzgado de Distrito considera que le corresponde conocer del presente juicio de amparo a un juez de Distrito, en cuya jurisdicción esté recluido el quejoso. Bajo ese orden de ideas, debe estimarse que de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer del presente juicio, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit en cuya jurisdicción se ejecutó el acto reclamado. Se arriba la anterior determinación atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se desprende la competencia territorial de los jueces de distrito, en tres supuestos: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en la residencia del lugar donde tiene su asiento el órgano jurisdiccional. b) Cuando se trate de actos reclamados que por su ejecución se inicie en la jurisdicción de algunos de ellos o se concluya en otro. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el presente caso, como ha quedado precisado, el acto reclamado se hace consistir en la falta de atención médica al no ser canalizados con el médico especialista en dermatología, por parte del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, y Encargado del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, por tanto, partiendo de la premisa que el acto reclamado por su naturaleza jurídica es de tracto sucesivo, esto es, desde su emisión hasta su ejecución se suscitan hechos continuos tendentes a la falta de atención médica adecuada, completa y especializada, es que los actos se materializan en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", por lo que es competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit. Tiene aplicación al caso, la tesis 1ª./J/. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, la cual es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo presentada, por lo que, sin proveer trámite alguno, remítase la misma al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, por las razones expuestas con antelación. Solicitando el acuse de recibo respectivo. Una vez notificado este acuerdo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Domicilio de parte quejosa y autorizados. Ahora, tomando en consideración que de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran privados de su libertad, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, Noroeste en Tepic, Nayarit, carretera libre Tepic-Mazatlan KM 10.69 63502 Tepic, Nayarit, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que notifique de manera personal al quejoso, en el Centro Federal antes citado, el presente proveído, para todos los efectos legales procedentes. Una vez hecho lo anterior, de no tener inconveniente alguno deberá remitir de inmediato a este Órgano de Control Constitucional las constancias de notificación relativas. Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
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