Joshua Garcia Corona

Expediente 1804/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1804/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Joshua Garcia Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal de los autos se provee, en razón de que ha transcurrido el plazo concedido a fin de que la respectiva parte manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, se procede a determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. Así, a fin de contextualizar la resolución aquí emitida, se tiene que en el presente asunto se concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables, Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cumplieran con los siguientes efectos: ".a) Dejen sin efectos el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y b) En su lugar, emitan otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso Joshua García Corona, que implique una autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368 , en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud; bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por el amparista Joshua García Corona, siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquellos que realizó su solicitud, en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, tampoco podrá conducirse vehículos, ni operar máquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros." En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable, Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dio cumplimiento acorde a lo visible en las constancias registradas por este juzgado con el folio 9722, toda vez que remitió copia certificada del oficio No. COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14259-2023, de uno de junio de dos mil veintitrés, en el que dejó insubsistente el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós; y emitió una autorización sanitaria respecto del quejoso Joshua García Corona, para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis". Tales constancias fueron expedidas por la respectiva autoridad en ejercicio de sus funciones, por lo que se consideran documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. II. Determinación. Así, se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó a Joshua García Corona, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Archivo y devolución de documentos En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. 5. Así también, en caso de haberse formado anexo por separado con las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Anotaciones Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio remitido en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual señala domicilio e informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite copia certificada del oficio No. COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14259-2023, de uno de junio de dos mil veintitrés, en el que: Deja insubsistente el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Emite una autorización sanitaria respecto del quejoso Joshua García Corona. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, [1] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y [2] Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".a) Dejen sin efectos el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y b) En su lugar, emitan otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso Joshua García Corona, que implique una autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368 , en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud; bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por el amparista Joshua García Corona, siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquellos que realizó su solicitud, en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, tampoco podrá conducirse vehículos, ni operar máquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo: 1804/2022 Quejoso: Joshua García Corona Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1804/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Joshua García Corona, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y [2] Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por los actos reclamados siguientes: "IV. LEY Y ACTOS RECLAMADOS: A la autoridad responsable identificada con la palabra en mayúsculas PRIMERA, se le atribuye: I.- La OMISIÓN por parte de la autoridad responsable respecto de la emisión de la autorización para las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos y para los efectos de adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas en conjunto conocido como mariguana. Derivada del escrito libre presentado en fecha 9 de enero del año 2020. A la autoridad responsable identificada con la palabra en mayúsculas SEGUNDA, se le atribuyen: II. La OMISIÓN por parte de la autoridad responsable respecto de la emisión de los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos y para los efectos de adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabidol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas en conjunto conocido como mariguana." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículo 1 de la Constitución Federal. 3. Incompetencia por conocimiento previo, impedimento, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 31 a 38 del amparo indirecto), el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos registró la demanda de amparo con el número 1414/2022 y determinó su incompetencia para conocer de ésta por conocimiento previo del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos a quien remitió los autos del expediente. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, registró la demanda con el número 1416/2022, convalidó las actuaciones realizadas por su homólogo y planteó impedimento para conocer del trámite del juicio, por existir aversión o animosidad en contra del autorizado legal en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por haber promovido en contra del juzgador diversas quejas, impedimento que se admitió con el número 32/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 4 a 13 del amparo indirecto), declaró fundado dicho impedimento, por lo que ordenó remitir testimonio de esa resolución por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, así como el expediente de amparo, para que lo turnara al Juzgado de Distrito que correspondiera, con excepción del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. Así, mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintidós (fojas 50 a 55 del amparo indirecto), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado, al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de un amparo promovido en contra de un oficio que negó autorización para uso lúdico o recreativo de marihuana, el cual carece de ejecución material y del que previno este juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y [2] Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. a) El oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que contiene la negativa a la autorización sanitaria para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de cannabis sativa (índica y americana o mariguana su resina, preparados y semillas), así como el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol), los isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Con la precisión de que si bien de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como acto destacado del [2] Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la omisión de emitir los lineamientos y modalidades normativas para otorgar la autorización solicitada, el reclamo esencial del quejoso consiste en que le fue negada la autorización que solicitó para el uso lúdico o recreativo de la marihuana y demás actos precisados derivado del oficio reclamado, bajo el argumento de que la autoridad emisora no cuenta con facultades legales, según la normativa que la rige, para otorgar dicha autorización, lo que en su caso constituyen conceptos de violación en contra del oficio reclamado. Además, en el caso de considerar dicha omisión de emitir lineamientos y modalidades normativas como acto destacado, el amparo resultaría improcedente por virtud de que al respecto fue emitida la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció entre otras cosas, que tenía como finalidad remover el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. De igual forma, determinó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, debía establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias antes aludidas; de ahí que, como se dijo, de considerar como acto destacado la omisión reclamada por el quejoso, el amparo sería improcedente, toda vez que esa cuestión fue materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad antes referida, Por tanto, se tiene como acto reclamado destacado el que ha quedado precisado en el recuadro que antecede. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al [1] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y [2] Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues con independencia de lo manifestado en su informe justificado, se advierte que la autoridad citada en primer lugar emitió el oficio reclamado 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por lo que tuvo intervención en dicho acto. Asimismo, la autoridad referida en segundo término, conforme a lo establecido en el artículo 17 Bis, fracción IV, de la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4 constitucional, tiene atribuciones de intervención en tal acto, toda vez que en el precepto legal invocado se señala que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios, conforme a dicha Ley, a través de un órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a la cual compete, entre otras atribuciones, evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en la materia de su competencia se requieran, así como aquellos actos para la regulación, el control y fomento sanitario que deriven de dicha ley, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos aplicables. Además, la existencia del acto reclamado se acredita con el original del oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el cual el quejoso adjuntó en original a la demanda de amparo, mismo que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedido por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones; aseveraciones y documental que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, pues el quejoso fue notificado del oficio reclamado, en forma personal el tres de octubre de dos mil veintidós, como lo acreditó con el original de la constancia de notificación que obra a foja 29 del amparo indirecto; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil veintidós, descontando el ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mes y año citados, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que si la demanda fue presentada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, penúltimo día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, las autoridades responsables señalaron que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo y 6, todos de la Ley de Amparo, puesto que el quejoso no acreditó su interés jurídico. Al respecto, si bien los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico, por lo cual deberá ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el caso, sí existe una afectación al interés jurídico del quejoso, pues precisamente del oficio reclamado se advierte que se encuentra dirigido al impetrante de amparo y que en éste se le niega la autorización para el consumo personal de la marihuana, ello en contestación a su petición realizada mediante escrito libre de veintidós de enero de dos mil veinte, como se advierte del propio oficio reclamado. Por tanto, el impetrante de amparo sí resiente una afectación personal y directa en sus derechos fundamentales, pues aduce que con la negativa de la autorización que solicitó, contenida en el oficio reclamado, se vulnera su derecho a la libre personalidad; en consecuencia, se advierte que sí resiente una afectación en sus intereses jurídicos, pues se le impide realizar la acción respecto de la cual solicitó autorización. En consecuencia, al no actualizarse la causa de improcedencia en estudio y no observarse de oficio la actualización de alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Problema jurídico a dilucidar. Determinar si el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual se informó al quejoso que la Ley General de Salud no prevé la facultad para otorgar la autorización que solicitó, en la que peticionó se le autorizara el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como el psicotrópico THC (tetrahidrocanabinol y los isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente "marihuana" o "cannabis") y los demás derechos correlativos al autoconsumo regular, personal y con fines meramente lúdicos y recreativos de la marihuana, como son, la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso, manipulación, almacenaje, mezclar, envasar, tratar, y en general todo acto relacionado con el consumo lúdico personal de la marihuana; transgrede o no en su perjuicio, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, contendido en el artículo 1 Constitucional. Previo al estudio de los conceptos de violación, resulta pertinente destacar, que si bien el quejoso no reclamó las normas que prohíben el uso lúdico y recreativo de la marihuana, ello no impide el estudio del acto concreto de aplicación de esos numerales para determinar que el mismo resulta inconstitucional por vicios propios, al estar fundado en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso incluso con efectos generales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. De ahí que, es obligación de este juzgado suplir la queja deficiente conforme al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, y evitar la subsistencia de actos de aplicación sustentados en leyes en contra de las cuales existe una declaratoria de inconstitucionalidad, con independencia del consentimiento o la no impugnación de la ley, porque dicho acto, al constituir una individualización de la norma legal, contiene necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley le ha trasladado. En efecto, la suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respecto a la ley viciada, sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados; en ese sentido, para que opere la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación, únicamente se requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto a dicho acto, por lo tanto, es viable: a. Sin que sea necesario combatir la ley respectiva; b. Sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, c. Sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. De manera que es posible el estudio de constitucionalidad del acto de aplicación fundado en una ley declarada inconstitucional, aun cuando haya resultado improcedente el juicio en contra de la norma general o ésta no se haya reclamado, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados y, en consecuencia, no han querido ser tolerados por el agraviado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 104/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170582, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico." Resulta igualmente aplicable, la jurisprudencia P./J. 105/2007, del mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170583, que indica: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO). La suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respecto a la ley viciada (en amparo indirecto), sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados (tanto en amparo indirecto como en directo). Esto es, para que opere en ambas vías, la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación, únicamente se requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto a dicho acto, por lo tanto es viable: 1) sin que sea necesario reclamar la ley respectiva; 2) sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, 3) sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. De tal suerte que tanto en el amparo indirecto como en el directo, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo, y en consecuencia no han querido ser tolerados por el agraviado." En ese sentido, el quejoso refiere en sus conceptos de violación, en sustancia, que la respuesta negativa por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a su solicitud de autorización para el consumo lúdico o recreativo de cannabis y demás conductas correlativas, contenida en el acto de reclamado, consistente en el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, resulta violatorio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues incluso se encuentra sustentado en leyes declaradas inconstitucionales sobre las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. En ese sentido, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues así lo sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 248/2018 y 247/2018, y emitió las jurisprudencias 1a./J. 3/2019 (10a.), 1a./J. 4/2019 (10a.), 1a./J. 5/2019 (10a.), 1a./J. 6/2019 (10a.), 1a./J. 7/2019 (10a.), 1a./J. 8/2019 (10a.), 1a./J. 9/2019 (10a.) y 1a./J. 10/2019 (10a.). Mientras que, en lo que interesa, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2019 (10a.) de referencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, al considerar que el sistema de prohibiciones sustentados en dichas disposiciones para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 1 constitucional, tal como se advierte del texto de tal criterio el cual es del contenido siguiente: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD. Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como "marihuana", son inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida no es necesaria debido a que existen medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado al derecho fundamental en cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida." Al respecto, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la marihuana prevista en dichas normas fue sometida al escrutinio de constitucionalidad mediante un test de proporcionalidad que no fue superado específicamente respecto de esa sustancia -sin abordarse de forma generalizada respecto de otras drogas-, por lo que las normas referidas resultaron violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad, esencialmente por las siguientes razones: 1).- La Corte, en cuanto a la constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida prohibitiva, establece que el marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud tiene una finalidad constitucionalmente válida, habida cuenta que tal finalidad es la protección a la salud y el orden público. 2).- Por lo que hace a la idoneidad de la medida, la Corte mediante evidencia empírica concluyó que el sistema de prohibiciones administrativas conformado por los artículos impugnados es una medida idónea para proteger la salud de las personas; y respecto del orden público sostuvo que la evidencia analizada no logró mostrar que el consumo de marihuana influyera en el aumento de criminalidad, sino que estas pueden explicarse por otros factores como el contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo de la droga. Para lo anterior tomó en cuenta las afectaciones a la salud que provoca la marihuana a las que calificó como no graves; el desarrollo de la dependencia al que definió como de bajo grado de probabilidad de que la marihuana produzca; sobre la propensión a utilizar drogas más duras, estableció que la marihuana tiene un muy bajo grado de incidencia en el consumo de drogas más riesgosas; y sobre la inducción a la comisión de otros delitos refirió que la evidencia analizada logró demostrar que el consumo de marihuana no necesariamente incentiva la comisión de otros delitos. 3).- Respecto a la necesidad de la medida, la Corte dijo que el sistema de prohibiciones administrativas en comento es una medida legislativa innecesaria para proteger la salud y el orden público en tanto que existen medidas alternativas igualmente idóneas y menos restrictivas a la limitación establecida por el sistema de prohibiciones administrativas a la marihuana, como lo son: (i) limitaciones a los lugares de consumo; (ii) prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia; (iii) prohibiciones a la publicitación del producto; y, (iv) restricciones a la edad de quienes la pueden consumir. 4).- En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto de la medida, la Corte calificó al sistema de prohibiciones administrativas a la marihuana como demasiado intenso por ser prácticamente una prohibición absoluta lo que ocasiona una afectación al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección al orden público que se alcanza con dicha medida. Lo anterior, con las siguientes salvedades que se pueden advertir de la ejecutoria que dio lugar a dicha jurisprudencia: "192. Ahora bien, tal declaratoria de inconstitucionalidad no puede extenderse sin más a la actividad relativa a importar la semilla de cannabis, como lo pretende el quejoso. En principio, debe destacarse que los artículos impugnados de la Ley General de Salud no prevén explícitamente una prohibición absoluta respecto de la actividad consistente en "importar", como sí lo hacen respecto de "adquirir". Además, no resulta evidente que las consideraciones esbozadas para declarar la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de realizar las actividades correlativas al autoconsumo de marihuana para fines lúdicos o recreativos sean aplicables a la importación, entendida como la operación mediante la cual se somete a una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria. (.) 195. La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización". Asimismo, con posterioridad, en los términos ya anotados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en la cual determinó la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, Lo anterior, al considerar que tales disposiciones impedían la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Por lo que se estableció que con esa declaratoria general de inconstitucionalidad se removía el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se preció en sus efectos que mientras el Congreso de la Unión no legislara al respecto, la Secretaría de Salud debería emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Asimismo, que la Comisión Federal de Protección de Contra Riesgos Sanitarios, debería establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias antes aludidas. Así como que, al emitir las autorizaciones la Comisión Federal de Protección de Contra Riesgos Sanitarios debería precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podría hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no debería ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encontraran terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisar que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En esos términos, indicó que, de esa manera, al invalidar las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud a través del órgano competente, se posibilitaba emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, para así superar el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala, precisando finalmente, que las porciones normativas referidas no se referían a la materia penal, y, que no procedía dar efectos retroactivos de esa declaratoria general. Ahora bien, en el caso, aunque no se señalaron como actos reclamados en este juicio los preceptos declarados inconstitucionales en mención, sí constituyen el fundamento de la prohibición de la sustancia, cuya autorización de posesión para consumo lúdico y recreativo solicitó el quejoso. Precisamente, del contenido de los artículos 235, y 247, en su último párrafo, ambos de la Ley General de Salud, se advierte que contienen inmersa una prohibición de expedir autorizaciones para obtener un permiso para hacer uso privado lúdico o recreativo, de la cannabis sativa, índica o americana (marihuana) y aunque en el acto reclamado no aparecen citados tales preceptos, es claro que es debido a dicha prohibición que no se le expidió la autorización al quejoso, precisamente porque esas normas son las que no permiten que se expida la autorización de mérito y constituyen el obstáculo jurídico que le impide a la parte quejosa obtener la autorización para hacer uso privado lúdico o recreativo, de la cannabis sativa, índica o americana (marihuana), es decir, para ejercer un aspecto de su derecho al libre desarrollo de la personalidad tutelado constitucionalmente. Lo antepuesto se afirma pues, como se estableció en la ejecutoria del amparo en revisión 547/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 10/2019 (10a.), concretamente en el párrafo 66 que enseguida se trascribe, las normas multicitadas ".comportan un "sistema de prohibiciones administrativas" que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera)." En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la tesis 2a. CLXXV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 190630, rubro y texto siguientes: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 30/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200064, del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCION SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." Así pues, resulta claro que el acto reclamado está sustentado en las normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes mencionadas, de ahí que debe declararse fundado el concepto de violación en estudio y concederse el juicio de amparo a fin de dejar sin efectos dicho acto. Debe destacarse que en la presente sentencia no se emite pronunciamiento alguno relacionado con la prohibición de consumo de drogas distintas a la precisada, que tengan un impacto diferenciado en la salud de las personas ni tampoco sobre la validez de las prohibiciones del comercio ilícito o narcotráfico, ni sobre las normas penales relacionadas con los delitos contra la salud previstas en la legislación penal, por no formar parte de la litis constitucional. En ese orden, al resultar fundado el argumento en estudio, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en suplencia de la queja deficiente, para los efectos precisados en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que las autoridades responsables [1] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y [2] Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realicen lo siguiente: a) Dejen sin efectos el oficio 203301EL350209 de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y b) En su lugar, emitan otro que contenga una regulación particularizada únicamente respecto del quejoso Joshua García Corona, que implique una autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud; bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por el amparista Joshua García Corona, siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquellos que realizó su solicitud, en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, tampoco podrá conducirse vehículos, ni operar máquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Joshua García Corona, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la parte última de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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