Josefina Zavala Lemus

Expediente 626/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
626/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Josefina Zavala Lemus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Josefina Zavala Lemus, por su propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en la fracción I, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente cuaderno, en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa ***************, reconoció el contenido y firma del escrito presentado ante este juzgado el diecinueve de noviembre del año en curso, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de diez del mismo mes y año; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene por cumplida la prevención. Pues bien, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, específicamente el párrafo segundo del artículo 17. La aplicación y ejecución de la referida norma con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio 1114/0667/9500/2.7.1./0934/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, emitido por la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del procedimiento de verificación ************, mediante el cual determinó su baja del régimen obligatorio del seguro social. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto de aplicación de la disposición legal que la solicitante del amparo tilda de inconstitucional, constituye un acto positivo, pues su emisión comprende alcances materiales que llegan a producirse en el mundo fáctico o real. En efecto, el hecho de que la solicitante del amparo haya sido dada de baja del régimen obligatorio del seguro social mediante la determinación contenida en el oficio 1114/0667/9500/2.7.1./0934/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, emitido por la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del procedimiento de verificación 1114/1VA/2CA/00012/2020, evidentemente modificó el estado de las cosas existentes, ya que se produjo un cambio en la realidad. Lo anterior se afirma, ya que la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el punto segundo de la resolución reclamada determinó: Se indica al Departamento de Afiliación y Vigencia de esta Subdelegación de Salamanca, órgano operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, ...que a través de su Oficina de Afiliación proceda a dar de baja a C. ********* con número de seguridad social ***********, en el régimen obligatorio del Seguro Social que de conformidad con el artículo 11de la Ley del Seguro social, comprende los seguros de Riesgos de Trabajo; Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro; Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales." De lo anterior se constata, que el primer acto de aplicación que señala la parte quejosa tuvo ejecución en Salamanca, Guanajuato, ya que en esa localidad se materializó la resolución, dado que se dio de baja a la solicitante del amparo del régimen obligatorio del seguro social. Entonces, como el primer acto de aplicación de la ley impugnada se llevó a cabo en Salamanca, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tuvo ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la solicitante del amparo haya manifestado que su domicilio particular se encuentra ubicado en calle Roberto Fierro Número 5, colonia Aviación Civil, código postal 38800 de Moroleón, Guanajuato, esto es, dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, toda vez que el acto reclamado no tiene consecuencias materiales en su domicilio, ya que no se advierte que se encuentre disfrutando de pensión alguna, pues incluso la solicitud formulada ante la responsable fue para ese efecto. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Irapuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de Salamanca. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente juicio de amparo, así como las copias respectivas de la demanda y escrito aclaratorio, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Sin que el caso se decida sobre la admisión ni la suspensión de los actos reclamados, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa ***************, reconoció el contenido y firma del escrito presentado ante este juzgado el diecinueve de noviembre del año en curso, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de diez del mismo mes y año; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene por cumplida la prevención. Pues bien, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, específicamente el párrafo segundo del artículo 17. La aplicación y ejecución de la referida norma con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio 1114/0667/9500/2.7.1./0934/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, emitido por la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del procedimiento de verificación ************, mediante el cual determinó su baja del régimen obligatorio del seguro social. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto de aplicación de la disposición legal que la solicitante del amparo tilda de inconstitucional, constituye un acto positivo, pues su emisión comprende alcances materiales que llegan a producirse en el mundo fáctico o real. En efecto, el hecho de que la solicitante del amparo haya sido dada de baja del régimen obligatorio del seguro social mediante la determinación contenida en el oficio 1114/0667/9500/2.7.1./0934/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, emitido por la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del procedimiento de verificación 1114/1VA/2CA/00012/2020, evidentemente modificó el estado de las cosas existentes, ya que se produjo un cambio en la realidad. Lo anterior se afirma, ya que la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el punto segundo de la resolución reclamada determinó: Se indica al Departamento de Afiliación y Vigencia de esta Subdelegación de Salamanca, órgano operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, ...que a través de su Oficina de Afiliación proceda a dar de baja a C. ********* con número de seguridad social ***********, en el régimen obligatorio del Seguro Social que de conformidad con el artículo 11de la Ley del Seguro social, comprende los seguros de Riesgos de Trabajo; Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro; Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales." De lo anterior se constata, que el primer acto de aplicación que señala la parte quejosa tuvo ejecución en Salamanca, Guanajuato, ya que en esa localidad se materializó la resolución, dado que se dio de baja a la solicitante del amparo del régimen obligatorio del seguro social. Entonces, como el primer acto de aplicación de la ley impugnada se llevó a cabo en Salamanca, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele tuvo ejecución en la referida localidad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la solicitante del amparo haya manifestado que su domicilio particular se encuentra ubicado en calle Roberto Fierro Número 5, colonia Aviación Civil, código postal 38800 de Moroleón, Guanajuato, esto es, dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, toda vez que el acto reclamado no tiene consecuencias materiales en su domicilio, ya que no se advierte que se encuentre disfrutando de pensión alguna, pues incluso la solicitud formulada ante la responsable fue para ese efecto. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Irapuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de Salamanca. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el presente juicio de amparo, así como las copias respectivas de la demanda y escrito aclaratorio, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Sin que el caso se decida sobre la admisión ni la suspensión de los actos reclamados, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por **********, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega; se autoriza para recogerlas a la personas que refiere. En ese sentido, hágasele de su conocimiento que, para la entrega de las copias certificadas peticionadas, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a efecto de poder ingresar al edificio en el que se encuentra este juzgado federal, ello de conformidad con el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

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