Josefina Torres Núñez

Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
558/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Josefina Torres Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    . Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción II. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, en su calidad de heredera y albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ****************, calidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la declaratoria y la junta de herederos, emitidas en el juicio sucesorio intestamentario C934/2007 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, contra actos del propio juez citado; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 558/2023-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, es: La resolución interlocutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario **************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, mediante la cual se revoca el auto de veintinueve de mayo del mismo año, para el efecto de establecer que no ha lugar a remitir los autos a la notaria para la formalización de la venta de inmuebles integrantes del caudal hereditario, por no ser el momento procesal oportuno, en virtud de encontrarse pendiente la presentación por parte del albacea del proyecto de partición del acervó hereditario y la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la aprobación de la cuenta general de la administración; todo ello acaecido en la tercera etapa del juicio sucesorio. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente.********************Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación.********************En el caso, como previamente se estableció la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución interlocutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario C934/2007 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, mediante la cual se revoca el auto de veintinueve de mayo del mismo año, para el efecto de no autorizar la remisión de los autos a la notaria para la formalización de la venta de los inmuebles integrantes del caudal hereditario, en virtud de encontrarse pendiente la presentación del proyecto de partición del acervó hereditario y la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la aprobación de la cuenta general de la administración. Por tanto, como se puede observar, la negativa de la responsable para autorizar que los autos se remitan a la notaria para la formalización de la venta de los inmuebles integrantes del caudal hereditario, por encontrarse pendiente el proyecto de partición y la apelación interpuesta en torno a la rendición de cuentas, en la tercera etapa del juicio sucesorio intestamentario, no puede ser considerado como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera de la parte quejosa hasta que se dicte la última resolución en la tercera etapa denominada de la administración de los bienes y rendición de cuentas; razón por la cual, no se puede considerar como un acto de imposible reparación, de manera que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior es así, ya que el juicio sucesorio constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión, la cual comprende el reconocimiento de derechos hereditarios y la declaratoria de herederos, así como el nombramiento y remoción de albaceas e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos, la cual de conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, se compone de:********************I.- El inventario provisional del interventor;****************************************II.- El inventario y avalúo que forme el albacea;****************************************III.- Los incidentes que se promuevan;****************************************IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo.********************En la tercera, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas.********************Y la cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento.********************De modo que, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados a juicio y que tuvieron participación activa en él.********************Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. En tal virtud, como se estableció en acápites anteriores, la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, que se revoca el auto de veintinueve de mayo del mismo año, para el efecto de no autorizar la remisión de los autos a la notaria para la formalización de la venta de los inmuebles integrantes del caudal hereditario, por no ser el momento procesal oportuno, al encontrarse pendiente la presentación del proyecto de partición del acervó hereditario y la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la aprobación de la cuenta general de la administración, no puede ser considerada como un acto susceptible de análisis constitucional en este momento, ya que su afectación únicamente puede traducirse en violaciones procesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la última determinación en la tercera etapa denominada de la administración de los bienes y rendición de cuentas, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla como violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la resolución que ponga fin a la tercera etapa del juicio sucesorio.********************Bajo ese contexto, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu.********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que cuenta con su cédula profesional número ********************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo.********************En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.********************Finalmente, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ****************, en su calidad de heredera y albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ****************, calidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la declaratoria y la junta de herederos, emitidas en el juicio sucesorio intestamentario C934/2007 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, contra actos del propio juez citado; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 558/2023-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, es: La resolución interlocutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario **************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, mediante la cual se revoca el auto de veintinueve de mayo del mismo año, para el efecto de establecer que no ha lugar a remitir los autos a la notaria para la formalización de la venta de inmuebles integrantes del caudal hereditario, por no ser el momento procesal oportuno, en virtud de encontrarse pendiente la presentación por parte del albacea del proyecto de partición del acervó hereditario y la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la aprobación de la cuenta general de la administración; todo ello acaecido en la tercera etapa del juicio sucesorio. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente.********************Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación.********************En el caso, como previamente se estableció la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución interlocutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario C934/2007 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, mediante la cual se revoca el auto de veintinueve de mayo del mismo año, para el efecto de no autorizar la remisión de los autos a la notaria para la formalización de la venta de los inmuebles integrantes del caudal hereditario, en virtud de encontrarse pendiente la presentación del proyecto de partición del acervó hereditario y la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la aprobación de la cuenta general de la administración. Por tanto, como se puede observar, la negativa de la responsable para autorizar que los autos se remitan a la notaria para la formalización de la venta de los inmuebles integrantes del caudal hereditario, por encontrarse pendiente el proyecto de partición y la apelación interpuesta en torno a la rendición de cuentas, en la tercera etapa del juicio sucesorio intestamentario, no puede ser considerado como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera de la parte quejosa hasta que se dicte la última resolución en la tercera etapa denominada de la administración de los bienes y rendición de cuentas; razón por la cual, no se puede considerar como un acto de imposible reparación, de manera que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior es así, ya que el juicio sucesorio constituye un juicio de carácter universal, y se compone de cuatro etapas individualizadas entre sí. La primera de ellas, corresponde a la de sucesión, la cual comprende el reconocimiento de derechos hereditarios y la declaratoria de herederos, así como el nombramiento y remoción de albaceas e interventores. La segunda etapa, comprende la de inventarios y avalúos, la cual de conformidad con el artículo 587 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, se compone de:********************I.- El inventario provisional del interventor;****************************************II.- El inventario y avalúo que forme el albacea;****************************************III.- Los incidentes que se promuevan;****************************************IV.- La resolución sobre el inventario y avalúo.********************En la tercera, se desarrolla la administración de los bienes y rendición de cuentas.********************Y la cuarta etapa finaliza con la sentencia de partición y adjudicación, la cual guarda relación con las tres primeras etapas, pues en dicho fallo se realiza la adjudicación a favor de las personas que fueron declarados herederos y con ello se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, de acuerdo con las cuentas de la administración aprobadas en su momento.********************De modo que, al terminar cada una de las etapas del juicio sucesorio, ya no es posible volver a analizar las actuaciones efectuadas dentro de esa etapa, porque cada una de ellas se resuelve por separado mediante una resolución independiente, que adquiere firmeza para los herederos llamados a juicio y que tuvieron participación activa en él.********************Por consiguiente, las violaciones procesales cometidas durante cada una de las etapas del sucesorio, no son impugnables individualmente en amparo indirecto, sino que éste procede en contra de la resolución interlocutoria que da por concluida cada una de dichas etapas. En tal virtud, como se estableció en acápites anteriores, la resolución de siete de junio de dos mil veintitrés, que se revoca el auto de veintinueve de mayo del mismo año, para el efecto de no autorizar la remisión de los autos a la notaria para la formalización de la venta de los inmuebles integrantes del caudal hereditario, por no ser el momento procesal oportuno, al encontrarse pendiente la presentación del proyecto de partición del acervó hereditario y la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la aprobación de la cuenta general de la administración, no puede ser considerada como un acto susceptible de análisis constitucional en este momento, ya que su afectación únicamente puede traducirse en violaciones procesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, en todo caso, al dictarse la última determinación en la tercera etapa denominada de la administración de los bienes y rendición de cuentas, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla como violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la resolución que ponga fin a la tercera etapa del juicio sucesorio.********************Bajo ese contexto, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu.********************Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que cuenta con su cédula profesional número ********************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo.********************En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.********************Finalmente, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado.

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