Josefina Zamorano Garcia

Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
565/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/12/2020

Partes del expediente

  • Josefina Zamorano Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se tiene que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente. Mediante sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) De inmediato, con libertad de jurisdicción, resuelva la inconformidad presentada el veintisiete (sic) de julio de dos mil veinte. b) Hecho lo anterior, con la misma prontitud, notifique la resolución a la quejosa.". Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. De lo anterior se desprende que la autoridad responsable estaba constreñida a realizar lo siguiente: a) De inmediato, con libertad de jurisdicción, resolver la inconformidad presentada el veintisiete (sic) de julio de dos mil veinte. b) Hecho lo anterior, con la misma prontitud, notificar la resolución a la quejosa. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado el dos de diciembre del año en curso, la autoridad responsable informó el cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa, destacando en lo que aquí interesa, lo siguiente: El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictó resolución con motivo del recurso de inconformidad presentado por la aquí quejosa Josefina Zamorano García, misma que le fue notificada a través de su autorizada Xenia Salazar Medina, el treinta de noviembre siguiente. Con lo anterior, se estima que la responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector, en virtud de que: 1. Resolvió el recurso de inconformidad presentado por la aquí quejosa, el veintinueve de julio de dos mil veinte; y, 2. Notificó dicha resolución a la solicitante de amparo; sin que se advierta la existencia de algún otro acto que deba acatarse conforme al fallo protector otorgado. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación correspondiente. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir del veinticuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En virtud de que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente del auto de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento asentado en el aviso fijado en veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, por lo que se le notifica éste mediante lista que se fija en los estrados del edificio del Poder Judicial de la Federación y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, m ismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se tiene que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente. Mediante sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) De inmediato, con libertad de jurisdicción, resuelva la inconformidad presentada el veintisiete (sic) de julio de dos mil veinte. b) Hecho lo anterior, con la misma prontitud, notifique la resolución a la quejosa.". Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. De lo anterior se desprende que la autoridad responsable estaba constreñida a realizar lo siguiente: a) De inmediato, con libertad de jurisdicción, resolver la inconformidad presentada el veintisiete (sic) de julio de dos mil veinte. b) Hecho lo anterior, con la misma prontitud, notificar la resolución a la quejosa. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado el dos de diciembre del año en curso, la autoridad responsable informó el cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa, destacando en lo que aquí interesa, lo siguiente: El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictó resolución con motivo del recurso de inconformidad presentado por la aquí quejosa Josefina Zamorano García, misma que le fue notificada a través de su autorizada Xenia Salazar Medina, el treinta de noviembre siguiente. Con lo anterior, se estima que la responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector, en virtud de que: 1. Resolvió el recurso de inconformidad presentado por la aquí quejosa, el veintinueve de julio de dos mil veinte; y, 2. Notificó dicha resolución a la solicitante de amparo; sin que se advierta la existencia de algún otro acto que deba acatarse conforme al fallo protector otorgado. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación correspondiente. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir del veinticuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias a este Juzgado de Distrito, con las que acredite el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a la parte quejosa, lo fue para que: De inmediato, con libertad de jurisdicción, resuelva la inconformidad presentada el veintisiete de julio de dos mil veinte. Hecho lo anterior, con la misma prontitud, notifique la resolución a la quejosa. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de no quedar cumplida dicha ejecutoria sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, se impondrá la multa procedente y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación del puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Comuníquese lo anterior a la autoridad correspondiente; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la profesionista Xenia Salazar Medina, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; por tanto, al advertirse de autos que dicha profesionista fue autorizada por la parte quejosa en el escrito de demanda, en los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizada en dichos términos. En ese tenor, agréguese a los autos el escrito firmado por la autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 77, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la promovente el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "LicXeniaSalazar", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. .

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