Josefina Torres Barajas
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Josefina Torres Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó´ en el presente juicio, ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos de los artículos 15 y 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del mismo acuerdo, debiéndose conservar únicamente la resolución en que se concedió la suspensión definitiva. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] A) Del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de las normas y lineamientos que rigen dicha institución, se reclama la resolución o determinación que establezca la modificación de los términos y las formas debidamente establecidas para el pago de mi pensión, así como la retención o retraso en el pago de mi pensión, aguinaldo o alguna diversa prestación de las que tenga derecho a percibir en mi calidad de pensionada, en tiempo y forma, y las consecuencias que su aplicación conlleve. B) De la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de la normas y lineamientos que rigen dicha institución, se reclama la resolución o determinación que establezca la modificación de los términos y las formas debidamente establecidas para el pago de mi pensión, así como la retención o retraso en el pago de mi pensión, aguinaldo o alguna diversa prestación de las que tenga derecho a percibir en mi calidad de pensionado, en tiempo y forma, y las consecuencias que su aplicación conlleve. [.]" Que de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable Instituto Mexicano del Seguro Social en su informe justificado (folio 17215) y en los diversos oficios enviados en alcance al mismo (folios 829 y 4156), se desprende: -Constancia de Semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la de nombre Josefina Torres Barajas, con fecha de emisión de reporte de seis de diciembre de dos mil veintiuno. -Certificación de la Regulación y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado de nombre Josefina Torres Barajas, con folio 1638392473512633718200, número de seguro social 21785818994; mismas que cuentan con su sello digital. -Oficio mediante el cual la autoridad responsable informó que le fue depositada a la parte quejosa la cantidad de cincuenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos con catorce centavos, moneda nacional, correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós en la institución bancaria Banamex; lo cual acredito con copia certificada de la impresión de la pantalla del Sistema de Trámite de Pensiones, en relación a la consulta de la asegurada Josefina Torres Barajas. -Oficio a través del cual hace del conocimiento que el monto correspondiente al pago de las diferencias de pensión que se reembolsó el uno de abril de dos mil veintidós a la parte quejosa asciende a la cantidad de $ 35, 711.73 (treinta y cinco mil setecientos once pesos 73/100 moneda nacional); asimismo en cuanto al monto total correspondiente a la pensión mensual que percibirá la parte quejosa será por la cantidad de $18,470.19 (dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos 19/100 moneda nacional), por concepto de pago ordinario, y $2,770.53 (dos mil setecientos setenta pesos 53/100 moneda nacional) por concepto de ayuda asistencial, que percibirá de manera mensual. Que por auto de cinco de abril de la presente anualidad se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y anexos registrados con folio 4156, enviados por la autoridad señalada como responsable, el cual fue notificado personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizada el seis de abril del año en curso. Que mediante escrito con folio 4429, se recibió escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en el que desahoga la vista concedida mediante auto de cinco de abril de este año, en el sentido de que la parte quejosa manifiesta su conformidad con lo expuesto en el oficio con folio 4156, suscrito por la Delegada de las autoridades responsables. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo, consistenten en: La resolución o determinación que establezca la modificación de los términos y las formas debidamente establecidas para el pago de pensión de la parte quejosa. - Así como la retención y/o retraso en el pago de pensión y demás prestaciones a las que tiene derecho en tiempo y forma. Actos que se considera han cesado sus efectos, toda vez que mediante informe justificado recibido en este juzgado, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que el motivo que diera origen a la falta de pago de pensión de la quejosa fue que desde el pasado doce de noviembre de dos mil veintiuno, se detectó en el departamento de afiliación y vigencia de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, una invasión de un homónimo con NSS 7698590041-1, a la cuenta de la hoy quejosa C. Josefina Torres Barajas, por lo que, la entonces jefa del departamento de Afiliación y Vigencia ahora jubilada, solicitó apoyo a la encargada del Departamento de Pensiones, para la localización de la quejosa para llevar acabo la regularización de su cuenta individual, lo cual ocurrió hasta el pasado 01 de diciembre de 2021, donde fue entrevistada por el área de homonimias, donde se procedió a dar término al trámite de certificación, de lo cual se le comunicó a la encargada del Departamento de Pensiones de la conclusión de dicho trámite, con la finalidad de que fuera activado el pago de la multicitada pensión, posteriormente, se le citó a la quejosa para hacerle entrega de la certificación de la regularización y/o corrección de datos personales de la asegurada, dando por concluido el trámite de invasión. En razón de lo anterior, informó que realizó las gestiones necesarias para la continuación del pago en tiempo y forma de la referida pensión, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho conforme al régimen al que se encuentra adherida la parte quejosa, lo cual acreditó con la Certificación de la Regulación y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado de nombre Josefina Torres Barajas, con folio 1638392473512633718200, número de seguro social 21785818994. De igual manera allegó mediante oficio con folio 829, copia certificada de dos impresiones del Sistrap (Sistema de Trámite de pensiones) del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte el pago realizado a la parte quejosa por la cantidad de $56,773.14 (cincuenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos moneda nacional 14/100), correspondiente al mes de enero de este año, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Documentales con las cuales se dio vista a la parte quejosa, mismas que le fueron notificadas el veintisiete de enero siguiente, a lo que mediante escrito con folio 1399, el autorizado de la parte quejosa informó que el monto devuelto era incorrecto al pago de pensión. En respuesta a lo anterior, la responsable hizo del conocimiento que el monto incorrecto de debió a un error de cálculo, por lo que lo correspondiente al pago de las diferencias de pensión se le reembolsaron el uno de abril de dos mil veintidós a la parte quejosa ascendiendo el monto a la cantidad de $ 35, 711.73 (treinta y cinco mil setecientos once pesos 73/100 moneda nacional); de igual forma informó que en cuanto al monto total correspondiente a la pensión mensual que percibirá la parte quejosa será por la cantidad de $18,470.19 (dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos 19/100 moneda nacional), por concepto de pago ordinario, y $2,770.53 (dos mil setecientos setenta pesos 53/100 moneda nacional) por concepto de ayuda asistencial, que percibirá de manera mensual; a lo que manifestó su conformidad por conducto de su autorizado mediante escrito con folio 4429. Por tanto, con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, referidas con antelación, es evidente que se ha restituido a la parte quejosa de la garantía violada, lo anterior corroborado con la conformidad manifestada mediante escrito con folio 4429, respecto al pago de pensión determinado por la responsable e informado mediante oficio con folio 4156. En consecuencia y toda vez que se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Por ende, es evidente que los actos reclamados en este juicio de amparo han cesado sus efectos, ello al tomar en consideración que las actuaciones relatadas con anterioridad se realizaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la quejosa han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda en el presente expediente, el escrito presentado por Francisco Javier Cueva Rodríguez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en atención a la vista otorgada en proveído de cinco de abril del año en curso, refiere su conformidad con lo expuesto en el oficio 4156, suscrito por la Delegada de las autoridades responsables en el presente juicio de amparo. En atención a ello, se tienen por hechas las manifestaciones del promovente, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables, mediante el cual, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de quince de marzo del año en curso. En consecuencia, se le tiene informando que el monto correspondiente al pago de las diferencias de pensión que se reembolsó el uno de abril de dos mil veintidós a la parte quejosa asciende a la cantidad de $ 35, 711.73 (treinta y cinco mil setecientos once pesos 73/100 moneda nacional); asimismo en cuanto al monto total correspondiente a la pensión mensual que percibirá la parte quejosa será por la cantidad de $18,470.19 (dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos 19/100 moneda nacional), por concepto de pago ordinario, y $2,770.53 (dos mil setecientos setenta pesos 53/100 moneda nacional) por concepto de ayuda asistencial, que percibirá de manera mensual. En consecuencia y toda vez que con la información proporcionada pudiera actualizarse una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista con la misma a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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